La violencia en Veracruz no cesa. Homicidios, desapariciones forzadas, el hallazgo de fosas clandestinas, son el pan de cada día en una entidad asolada por las disputas entre carteles del crimen organizado. Además de este ambiente violento, Veracruz no ve justicia para sus víctimas. Y la Fiscalía General del Estado (FGE), de la cual es titular Jorge Winckler Ortiz, no rinde los resultados esperados, lo que causa gran parte de la impunidad que se vive en esta región del Golfo.
Con un índice de impunidad del 75.62 por ciento en 2018, de acuerdo con un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), Veracruz ocupa el octavo lugar a nivel nacional donde menos se castigan los ilícitos.
Este porcentaje también es visible en el número de investigaciones que inicia la FGE y en las que no se ejerce una acción penal o que son archivadas.
La deuda del fiscal es muy amplia, debido a que la FGE mantiene una lista de 2 mil 433 casos de personas desaparecidas en la entidad que deben resolverse, aunque organizaciones de la sociedad civil, legisladores y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han advertido de muchos casos más.
En enero de 2018, María Josefina Gamboa Torales, diputada local del PAN, dijo que el número de desaparecidos en Veracruz, sumando las cifras oficiales y los casos no reportados, se estima en 15 mil personas.
En septiembre de 2017 la CNDH dirigió la recomendación 6VG/2017 a Winckler Ortiz y a Yunes Linares sobre la investigación de detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas ocurrida en Papantla, Veracruz, ocurrida en marzo de 2016.
En dicho documento, la Comisión señaló en el punto 14.2 una discrepancia en los datos de las personas desaparecidas y, aunque esta recomendación recayó en actuaciones de administraciones anteriores a las de Winckler y Yunes, a la fecha no se tiene claridad sobre la homologación de cifras; mientras tanto, miles de familias siguen en búsqueda de hijos, padres o hermanos.
Lo anterior queda en evidencia, debido a que en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) indica que hasta abril del 2018 había 731 personas que desaparecieron en Veracruz, contrastando con las más de 2 mil que aparecen en la lista pública de la FGE.
Al drama y a la crisis de desapariciones, se suma el hallazgo de fosas clandestinas. Desde el 2017 se tuvo conocimiento de más de 14 mil restos óseos encontrados en Colinas de Santa Fe.
A este hallazgo se suman otros casos pendientes para localizar a más personas, el de El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, en 2016, donde se encontraron otros 10 mil restos de cadáveres y otra fosa en Tierra Blanca.
Opacidad en cifras
Otra evidencia de la falta de procuración de justicia y seguimiento a las investigaciones que inicia la FGE es la cantidad de casos que son archivados por esta institución.
De acuerdo con datos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el 2017, primer año en el periodo de Winckler al frente de la FGE, se contabilizaron un total de 70 mil 807 investigaciones ministeriales, de las cuales en 2 mil 138 no se ejerció una acción penal y se archivaron 9 mil 807; otras 18 fueron desestimadas por esta autoridad.
Sin embargo, por las cifras publicadas, no se puede saber en cuántas investigaciones sí hubo acciones penales, debido a que esa información fue omitida por la Fiscalía, misma que está obligada a difundir ante la ciudadanía.
Para el año 2018 los informes se encuentran incompletos, debido a que el trimestre de abril a junio es inexistente en los documentos públicos. La Fiscalía solo informó los periodos enero-marzo, julio-septiembre y octubre-noviembre.
En los datos disponibles de 2018 suman solamente 3 mil 276 investigaciones; de las cuales, 2 mil 473 fueron archivadas, en 216 se ejerció acción penal, seis fueron desestimadas y en 581 no se ejerció acción penal.
En el primer trimestre del 2019, de 2 mil 201 investigaciones, mil 768 fueron archivadas; es decir, el 80 por ciento.
De las más de dos mil averiguaciones, solo en 118 se ejerció acción penal, en 309 no se ejerció y 6 fueron desestimadas.
En contraste, a finales de abril la FGE publicó una nota informativa en la que dio a conocer que su efectividad fue de un 96 por ciento en 2017 y de un 65 por ciento en 2018.
Según su reporte, en 2017 dio inicio a un total de 81 mil 937 carpetas de investigación, de las cuáles asegura que resolvió 79 mil 16; y, del 2018, inició 89 mil 232 carpetas y resolvió 57 mil 540.
Cuitláhuac Vs. Winckler
Con la llegada Cuitláhuac García a la gubernatura de Veracruz en diciembre de 2018 los señalamientos hacia Jorge Winckler sobre su desempeño como fiscal han sido constantes. De hecho, los cuestionamientos también han llegado del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso que enfrentó a ambos personajes por la seguridad pública y las investigaciones en la entidad, fue la matanza en el municipio de Minatitlán, ocurrida el pasado 19 de abril, donde fueron asesinadas 13 personas y cuatro resultaron heridas.
Tras el hecho, García Jiménez señaló en su cuenta de Twitter que no habría impunidad “a pesar de las eternas investigaciones de la FGE” y que seguirían realizando detenciones relacionadas con este caso.
Dos días después de la matanza, el gobernador morenista volvió a referirse a Winckler. “De que se resuelve se va a resolver a pesar del fiscal; esperamos que el fiscal acelere las investigaciones para que determine quiénes son los culpables y nosotros vayamos por ellos”, dijo en entrevista García.
El presidente López Obrador calificó el nombramiento de Winckler como un error que heredó al administración de Yunes Linares y respaldó a García Jiménez en su cargo como gobernador.
El 23 de abril, la Fiscalía General del Estado presentó un informe donde aseguró que había realizado más de 205 diligencias en la investigación por el multihomicidio de Minatitlán.
Otro encono entre ambos funcionarios se derivó del asesinato de la alcaldesa de Mixtla, Maricela Vallejo, cometido el 24 de abril. García acusó a la FGE de la impunidad en el homicidio de la funcionaria, al asegurar que había una investigación en curso sobre uno de los familiares de la víctima que también había sido asesinado.
Con respecto a ello, la FGE pidió al gobernador que, de contar con datos que dieran con los asesinos de la alcaldesa, los aportara para sumarlos a las indagatorias.