El crimen de la niña Ana Lizbeth no solo sacudió a la sociedad de Nuevo León, también posicionó una vez más el debate ciudadano sobre si es conveniente aplicar la pena de muerte para casos como este.
El gobernador Jaime Rodríguez, algunos políticos y parte de la sociedad consideran que se debe legalizar ese castigo para casos tan atroces que implican secuestro, violación y asesinato contra mujeres y menores de edad.
Hasta antes de 1975, esta medida estaba considerada en las entidades de México como parte de una sentencia, pero fue ese año que se abolió en todos los Congreso estatales, a pesar de que aún existía en la Constitución.
Hasta antes de 1975, esta medida estaba considerada en las entidades de México como parte de una sentencia, pero fue ese año que se abolió en todos los Congreso estatales, a pesar de que aún existía en la Constitución.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León ocupa el tercer lugar a nivel nacional de feminicidios al sumar 30 víctimas
La misma posición es ocupada por la entidad en el tema de violación con 391 denuncias que se acumulan en el 2018. El caso de la menor Ana Lizbeth fue considerado por la Fiscalía General de Justicia como feminicidio.
El diputado local del PAN, Daniel Carrillo, dijo que si bien se puede analizar el tema de pena de muerte se debe de ser muy cuidadoso con lo que se aprueba.
“Creo que es un tema de debate, creo que hoy la mujer está siendo violentada, entonces, si tú únicamente castigas un homicidio, entonces al rato vas a tener mujeres golpeadas porque ya hay pena de muerte”, indicó.
“Ahora, entendamos que nuestro Sistema de Justicia va en un camino de mejoría, hoy no podemos decir al 100 por ciento que no vamos a tener sospechosos o sujetos de investigación que sean 100 por ciento culpables. Pónganlo sobre la mesa, pero hoy por hoy no es un castigo para el evento que sucedió (crimen de Ana)”, agregó.
Tras el asesinato de Ana Lizbeth la semana pasada en el municipio de Juárez, “El Bronco” se pronunció por la pena de muerte para inhibir delitos como feminicidio, secuestro y violación.
“Yo he planteado la pena de muerte en este tipo de casos y sigo insistiendo y seguiré insistiendo que para que México se tranquilice, para que ya nadie asesine a una mujer, viole a un niño, secuestre a alguien”, dijo el gobernador.
Para erradicar delitos
El dirigente del Partido Verde Ecologista de Nuevo León, Édgar Salvatierra, aseguró que la pena de muerte es viable para erradicar casos como violaciones, secuestros y asesinatos contra mujeres.
“La propuesta es erradicar todos estos delitos, ya que esta comprobado empírica que todas estas sanciones tiene relación con este tipo de conductas, entonces estamos proponiendo esta pena”, agregó.
“Nosotros estamos a favor de hacer una reforma Constitucional y a las leyes penales para que se analice la viabilidad de incluir le pena capital, con el propósito de diminuir estos delitos”, señaló.
Dijo que en Nuevo León se podría abrir el debate para llevar la pena capital al Congreso de la Unión, y ellos, como partido, estarían impulsando esta sentencia.
Agregó que para que una persona sea juzgada de manera correcta, la Suprema Corte, con mayoría calificada podría determinar en qué caso se podría aplicar la pena capital.
“Lo que estamos planteando, es que se reconozca dentro del catalogo de sanciones del Estado, para que se pueda imponer, y por el deficiente sistema penal y de jueces, nosotros estamos asignando a la Suprema Corte, únicamente, que fuera la competencia de pronunciarse para aplicación en cada caso concreto”, concluyó.
Apostar a prevención
La diputada del PRI en el Congreso local, Gloria Treviño, aseguró que se tendría que apostar primero por la prevención del delito a buscar una pena más dura.
“No podemos pagar justos por pecadores, pero mientras siga habiendo impunidad en nuestro Estado y nuestro país, se tendría una reforma muy estructural, pero empezando con la prevención”, indicó.
Treviño dijo que los funcionarios también deben hacer su trabajo y criticó el desempeño de Yamilett Orduña, quien dejó el Instituto de la Mujer para buscar una diputación federal.
Fracasa la rehabilitación desde las cárceles
El asesinato de la niña Ana Lizbeth Polina Ramírez también pone sobre la mesa el tema del fracasó de la rehabilitación desde las prisiones en la entidad.
Una más de las vertientes que han surgido con el caso es que Juan Fernando Ruiz Ramos, supuesto culpable del atroz crimen ya estuvo en prisión anteriormente del 2007 al 2014, supuestamente por el delito de violación en Topo Chico.
En múltiples ocasiones se ha tocado el debate de qué hacer con las personas recluidas y si es posible que una vez que cumplan con sus condenas se pueden reinsertar en la sociedad.
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, de los tres centros de reclusión federales que existen en Nuevo León, todos están reprobados y en condiciones críticas que no abonan a la rehabilitación.
El informe realizado por la CNDH indica que el Centro de Reinserción Social de Apodaca, el Centro de Reinserción Social de Cadereyta y el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico obtuvieron una calificación de 5.17, 4.88 y 5, respectivamente, todas ellas reprobatorias.
El diagnóstico indica que las tres cárceles federales reprueban en aspectos como son: garantizan la integridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social al interno, entre otros.