El voto de los desplazados

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_w8ah9oi4″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Como si vivieran en un país en guerra, la violencia ha obligado a que miles de personas en México abandonen sus lugares de origen y huyan con sus familias de sus hogares para salvar sus vidas. 

En un contexto donde a estas víctimas no se les garantizan sus derechos más esenciales como la vida y pese a la gravedad de la situación la cual el Estado se ha negado a reconocer, la participación de estos individuos en el proceso electoral que se está llevando a cabo en este momento ha pasado a segundo término.

En octubre de 2017, el terror se apoderó de las comunidades de Chalchihuitán y Chelnalhó en las montañas de los altos de Chiapas. El asesinato de un habitante del primer municipio por un grupo armando y la quema de casas provocó que 5 mil 323 personas tuvieran que salir huyendo dejando todo atrás. En el camino 11 personas, entre ellos dos bebés, murieron por frío y hambre.

Éste es sólo uno de los 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo que ocurrió durante el 2017 en alguno de los 9 estados de la República donde este tipo de hechos se han vuelto algo común: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Durango, Michoacán y Zacatecas, según el último informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El documento revela que tan sólo ese año hubo 20 mil 390 personas que se desplazaron por la fuerza de manera interna en México y desde el 2006 el número contabilizado es de al menos 329 mil 917 personas, sin embargo, podrían ser más ya que no se sabe con certeza cuántas vuelven a sus lugares de origen. Aunado a esto las autoridades no tienen datos oficiales.

“Actualmente hablamos de una problemática que ha sido completamente desdibujada, no está siendo tomada en cuenta y especialmente hoy representa un tema que puede tener impactos importantes en las próximas elecciones”, explica Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPHD.

“Creemos que nadie está dando cuentas de cuántas personas son las que salen de su lugar de origen y cuáles son los lugares que ya no cuentan con una representatividad para que hoy puedan llevarse a cabo elecciones ya que no existe un diagnóstico oficial, lo que pone sobre la mesa la pregunta de qué tan legítimo puede ser quien quede como representante de un partido político donde no existe población”.

De acuerdo con el informe, en la mayoría de los episodios, las agresiones por parte de los distintos grupos armados fue la causa directa y principal de que las personas abandonaran sus hogares. Además de que en todos los casos de desplazamiento masivo se registró la presencia o el uso directo de la violencia. 

Christian Salazar Montiel, académico de la FES Acatlán de la UNAM, dice que en el país el desplazamiento interno forzado se da de manera fáctica y no está reconocido, por lo que es una situación no atendida por el Estado.

“En términos legales eso no se considera como algo extraordinario, se ve como si tú salieras de tu lugar de residencia, algo que es perfectamente válido, y lo que procede es lo que marca la Ley. Si estás dentro de tu propia circunscripción, puedes votar por presidente y senador, si sales de tu circunscripción, solamente puedes votar por presidente”, señala el profesor.

Sin embargo, especialistas coinciden que ante la situación adversa a la que se enfrentan las víctimas, lo que menos les importa es ejercer su derecho al voto pese a que podrían acudir a casillas especiales.

Personas invisibles

En el desplazamiento forzado interno, las personas se ven obligadas a salir de donde viven porque tienen alguna situación amenazante y puede sobrevenir alguna tragedia si no lo hacen, sin embargo, la legisladora Angélica de la Peña, señala que no es porque quieran. 

“Toda esa gente que ha sido  desplazada  de manera forzosa y deja su casa, su patrimonio, e incluso a su familia muchas veces andan en una situación totalmente adversa, la cual trastoca toda su existencia”, explica la senadora.

Por ello, aunque tengan credencial para votar lo menos importante en su huida por salvar su vida es saber si van a votar, a pesar del contexto electoral histórico como el que se avecina el 1 de julio, donde se elegirá al próximo presidente de la República, así como a 3 mil 400 cargos locales y federales más en todo el país.

“¿Tú crees que esas personas van a tener condiciones de decir: ah, ya me cambié de domicilio y voy a hacer el trámite de mi credencial de elector?, pues claro que no, toda esa gente está muy dolida con el sistema.

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Restituir derechos, esa es una obligación del Estado, por lo que deben atender a la gente, pues por eso están ahí, esa es su función; no estamos pidiendo nada que no corresponda a su trabajo, a su obligación, a su responsabilidad y ahí vemos una situación omisa”, señala la senadora.

Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPHD, dice que son preocupantes los efectos que el desplazamiento pueda causar en todos los sentidos en quienes se han visto obligados a abandonar su lugar de origen; desde las repercusiones personales y emocionales hasta las económicas. 

“El efecto que los desplazamientos tienen también se ven reflejados en las localidades que quedan abandonadas, pues en donde no vive casi nadie, no hay producción, hecho que daña la economía local. Ahí podríamos hablar de una serie de pérdidas en ese sentido para el propio territorio y las implicaciones que tiene para sus propios municipios y localidades”.

Esto se debe a que en los desplazamientos se dan situaciones que pueden ir desde las amenazas, la presencia de armas, la destrucción de viviendas, el saqueo de las propiedades, el hostigamiento y hasta el reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado.

Además en época electoral hay dos temas importantes, señala también Brenda Pérez. Por un lado, cuántas personas no van a poder ejercer su derecho al voto y, segundo, cuántos políticos podrán ser legitimados y por cuántos pobladores.

“¿Eso significa básicamente que son representantes de cuántas personas? ¿Van a ser representantes de medio Municipio, de media localidad? ¿Lo tienen ellos claro? ¿Si se pueden incluso llevar a cabo los comicios cuando no esté relativamente la población que ellos esperaban podrían representar?, cuestiona.

Los retos

El primer reto para atender el desplazamiento forzado interno en el país es que el Estado mexicano reconozca que existe y que no es nuevo, sino que lleva varios años sucitándose a raíz de la estrategia de seguridad implementada en el 2006 durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, dice Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPHD.

El segundo reto es que las autoridades hagan un diagnóstico para identificar la magnitud del problema para conocer de cuántas personas se está hablando, cuáles fueron las causas y los diversos tipos de violencia que han obligado a que miles de mexicanos tengan que huir de sus comunidades, así como de dónde salieron y a dónde llegaron.

Debido a que no existe un andamiaje legal que permita proteger y asistir a las personas desplazadas, otro de los puntos que señala Pérez, es que exista una ley integral que permita no sólo prevenir, sino que contemple todas las acciones que las diferentes instancias de gobierno tengan que desarrollar de manera coordinada para garantizar los derechos de las personas que se ven obligadas a desplazarse en cualquiera de sus fases.

“Es fundamental saber cuándo ocurren estos casos y el lugar de reasentamiento de las personas para poder garantizar su retorno de manera segura. Además, en caso de implementarse, esta nueva ley debe de considerar un sistema nacional de registro y un sistema de atención para diseñar un programa de atención que derive en políticas públicas para atender a las personas desplazadas”, dice Pérez.

Otra de las urgencias es tipificar como un delito federal las acciones que obligan a las personas a escapar para salvaguardar su integridad.

“Quien genere la situación previa al desplazamiento, donde básicamente estamos hablando de situaciones de violencia, sean presentados ante el sistema de justicia para que sean investigados y en caso de resultar culpables reciban un castigo”, señala.

Christian Salazar Montiel, profesor de la FES Acatlán de la UNAM, también coincide en que el Estado debe de reconocer los desplazamientos forzados internos masivos que se han dado como consecuencia de la crisis de inseguridad que se vive en México.

“Considero que el Estado se va a resistir, porque es una condición de alarma muy fuerte, aún cuando sabemos que estamos en ese grado de violencia por la cantidad de muertos y  desplazados  es difícil que lo reconozca.

Precisamente porque no está reconocido el desplazamiento forzado, las personas que lo viven pueden votar en cualquier parte del país por presidente en casillas especiales, pero en el contexto que viven es difícil que lo hagan, porque tienen otras prioridades como ponerse a salvo.

“Eso puede ser un factor que inhiba que la gente acuda a votar; primero está la integridad y la seguridad personal; pero creo que sí es un tema que debería plantearse al Instituto Nacional Electoral para que pudiera tener en cuenta este factor”, agrega Salazar Montiel.

El catedrático explica que para que las autoridades puedan admitir esta problemática como algo grave que altera los procesos electorales tendrían primero que reconocerla, declarar una zona de emergencia y ver las condiciones de las personas que son víctimas de ella.

“Lo que sí puedo reconocer es que es delicado, que estamos en una situación de inseguridad muy fuerte, que haya elecciones o no, el Estado tiene que garantizarnos seguridad y la seguridad abarca que la gente pueda ejercer su voto, porque este clima ya ni eso permite”.

Alertan crisis y rezago

Para la senadora Angélica de la Peña, el tema del desplazamiento forzado interno en México debe ser atendido urgentemente o podría derivar en una crisis como la de la desaparición forzada, que se alertó hace casi dos sexenios pero que fue ignorada.

“La desaparición forzada no se quiso ver, no se quiso reconocer hace 10, 11 años y vea usted las consecuencias que tenemos hoy. Ya es un problema muy grave, la violencia ha dejado a muchos pueblos vacíos y eso nos parece que es muy, muy grave”, señala la legisladora por el PRD quien además dice que el tema no está en la agenda de ninguno de los candidatos a la presidencia de la República, a excepción del abanderado de la Coalición por México al Frente, quien lo menciona en su plataforma.

Christian Salazar Montiel, docente de la FES Acatlán de la UNAM, explica que el problema ha sido excluido de la agenda de los aspirantes a gobernar el país.

“Dentro de las propuestas de los candidatos a la presidencia no se encuentran planteamientos específicos para resolver el problema, pues muchos ni siquiera lo han incluido en la agenda.

El problema de los desplazamientos forzados es uno de los temas que ha sido olvidado en la agenda de los presidenciables.

Brenda Pérez, menciona que no ha visto ningún pronunciamiento al respecto por parte de los candidatos presidenciales, pero considera fundamental que el tema sea parte de su agenda y de su proyecto de nación.

Pérez también advierte que el tema del desplazamiento forzado interno podría ser utilizado con fines electorales por candidatos en los lugares de refugio, es decir, a donde llegan las personas.

“En épocas electorales retoman el tema, se lo apropian, hacen promesas a las personas desplazadas, promesas de vivienda, de proyectos productivos, promesas de otra índole y una vez que ganan no cumplen”.

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