El voto vuelve a estar en el centro de la polémica. En Baja California, el morenista Jaime Bonilla fue electo por un periodo de dos años a la gubernatura. Pero la semana pasada, el Congreso local modificó la Constitución estatal para extender su mandato a cinco años.
La reforma realizada por los legisladores locales abre de nuevo la reflexión de si a los ciudadanos bajacalifornianos realmente se les está respetando lo que eligieron en las urnas, debido a que con su voto designaron a Jaime Bonilla para gobernar hasta el 2021 y no hasta el 2024.
Pero los cuestionamientos se extienden más allá del ámbito local. Las preguntas que surgen son si la ampliación sienta un precedente para que legislaturas locales o federales puedan flexibilizar el tiempo que un político ocupa en un cargo de elección popular, pero sobre todo, si no se respeta la decisión de los ciudadanos, para qué sirve votar.
Jaime Cárdenas, profesor e investigador de la UNAM, explica que la ampliación del periodo en Baja California es indebido tanto jurídica como democráticamente porque viola tres artículos constitucionales
“El pueblo de Baja California cuando salió a las urnas votó por un mandato de 2 años y los representantes de ese pueblo, los diputados locales y los ayuntamientos, aprobaron una reforma a la Constitución para desacatar, para no atender, es algo gravísimo”, dice.
Debido a que no se respetó la primera decisión de los ciudadanos de esa entidad, el exconsejero del IFE señala como evidente la violación al principio del artículo 39 de la Constitución, que es el de la soberanía del pueblo.
“Eso es tal vez lo más grave de todo: la violación del orden constitucional porque se rompe con el principio de la soberanía popular. Si hay una parte importante de la Constitución esa está en la soberanía del pueblo, el pueblo tiene el derecho de nombrar gobernantes y cambiar la forma de gobierno”, señala.
Otros artículos violentados son el 41 de la Constitución, que establece el principio de elección periódica; y el 105, que prohíbe realizar reformas de impacto electoral una vez iniciado el proceso, tal como sucedió en el caso de Baja California.
A mí lo que me preocupa de la ampliación de mandato es la violación al orden constitucional de la nación y que las fuerzas políticas y los ciudadanos toleremos o aceptemos esa acción, eso es totalmente indebido
Debido a la gravedad del hecho, cuando un represente popular no respeta la voluntad de los ciudadanos, merece la inhabilitación y la destitución e incluso el juicio político, explica.
Entre los caminos a seguir para revertir la reforma se encuentra el proceso de desaparición de poderes, que le correspondería al Senado de la República, y que han propuesto tanto el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
En este caso, los senadores nombrarían a un gobernador interino a partir de una terna propuesta por el presidente de la República. El mandatario sustituto convocaría a una elección extraordinaria en un plazo de tres meses.
Pero para Luis Carlos Ugalde, la disolución de poderes no es tan viable por el poco tiempo que a los legisladores les resta en el cargo.
“Es un exabrupto retórico. Las vías para combatir esto legalmente son una acción de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos, un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o juicios de amparo por particulares, y pues hacerles juicio político a los diputados, pero es una legislatura que termina en pocas semanas, o sea que eso no es viable, no da tiempo”.
Entre los caminos a seguir para revertir la reforma se encuentra el proceso de desaparición de poderes por parte del Senado o la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN
Ugalde señala que en una de estas instancias será revocable la ampliación y que al final se tendrá a un gobernador por dos años y no por cinco.
“Hay muchas vías de carácter legal e inconstitucional que deben plantearse y yo esperaría que los propios dirigentes de Morena rectificaran, la presidenta del Partido, los miembros de Morena. Los dirigentes (de otros partidos) rectificaran y llamaran al orden constitucional a Jaime Bonilla, si fue electo por dos años no puede permanecer más de ese periodo”, asegura Jaime Cárdenas.
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Inician procedimientos de controversia por mandato de Jaime Bonilla
Con las acciones de inconstitucionalidad que se promueven sobre la controversial ampliación de mandato del gobernador de Baja California, las autoridades judiciales y electorales, así como el Poder Legislativo, serán puestas a prueba para defender el voto en el país.
Algunos partidos políticos ya han iniciado los procedimientos para buscar que la determinación del Congreso bajacaliforniano sea catalogada como una violación a la Carta Magna, situación que deberá deliberar la Suprema Corte de la Nación.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría recibir recursos de impugnación en los que sus siete magistrados de la Sala Superior tendrán que profundizar su análisis, con el propósito de que esta acción no siente un precedente y más adelante se puedan flexibilizar los mandatos de los cargos públicos a niveles locales o federales.
Un paso obligado que tendrán que tomar las autoridades electorales locales es modificar la constancia de gobernador electo que le fue entregada a Jaime Bonilla el 11 de junio, luego de haber ganado las elecciones
Lo anterior, ocurre porque dicha constancia es válida por dos años y no por cinco, como lo aprobó el Congreso local la semana pasada.
Para Luis Carlos Ugalde, el cambio de la constancia es un acto que puede impugnarse ante el TEPJF.
“Una vez que sea promulgada la reforma constitucional (en Baja California) el siguiente acto que se debe hacer es cambiar la constancia de mayoría del gobernador electo. Él tiene una constancia que dice ‘gobernador por dos años’, hay que darle una que diga ‘gobernador por cinco años’ y ese es un acto de autoridad impugnable ante la autoridad electoral (…).
“Yo creo que en varias de esas instancias será revocable y al final del día tendremos a un gobernador por dos años y eso es lo que va a ocurrir”, comenta el exconsejero electoral.
Aunque el Senado de la República es el que cuenta con la facultad para disolver los poderes de los estados -una posibilidad que han planteado diversos personajes políticos de oposición y de Morena para el caso de Baja California-, lo cierto es que en la Cámara de Diputados también se discute si se promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
La Suprema Corte, el TEPJF y el Poder Legislativo serán indispensables para que la ampliación de mandato en Baja California no sea la antesala para que más funcionarios flexibilicen el tiempo por el que son elegidos
Ayer, Mario Delgado, líder parlamentario de Morena, informó ante los medios de comunicación que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja se reuniría para tomar una determinación sobre la ampliación de mandato en el estado del noroeste.
El también presidente de la Jucopo criticó la reforma aprobada por el Congreso local y agregó que deberá ser analizada con detenimiento, debido a que fue promovida por una mayoría panista y no morenista, aún cuando el beneficiario de esta acción fuera el gobernador electo Jaime Bonilla, quien es abanderado por Morena.
“Creo que es una reforma que se pudo haber aprobado antes de la elección y no después, porque las leyes no deben tener un beneficiario directo; en este caso es evidente que el gobernador electo es el beneficiario, lo cual pone en duda por qué se hizo esta reforma, lo que llama la atención es que no lo hizo la mayoría de Morena, lo hizo una de Acción Nacional, entonces habrá que revisar con cuidado”, señaló el diputado.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró a través de su cuenta de Twitter que se expulsará a los diputados blanquiazules corrompidos por Morena y que aprobaron la reforma.
Nuestro total rechazo a la ilegal modificación del texto constitucional de #BC que pretende alargar el periodo por el que fue electo @Jaime_BonillaV, presentaremos Acción de Inconstitucionalidad ante la @SCJN y expulsaremos a los legisladores que se corrompieron con Morena
De conformidad con la fracción II del Artículo 105 constitucional, la Cámara baja puede promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte siempre y cuando ésta tenga el apoyo mínimo del 33 por ciento de los diputados.
Es decir, que con el aval de 165 legisladores, esta acción podría llevarse ante el Máximo Tribunal del país.
Sufragio (no) efectivo
En tiempos recientes se han llevado a cabo elecciones emblemáticas, no por la manera en la que triunfan los candidatos, sino por cómo los tribunales electorales han sido los que terminan definiendo los resultados con base en las anomalías y acusaciones entre los contendientes.
En estos dilemas, el voto -como voz ciudadana para designar al candidato que considera mejor para que lo gobierne-, pasa a un segundo plano, y son los magistrados los que emiten la sentencia final.
La ampliación de mandato en Baja California vuelve a abrir la posibilidad de que sean los tribunales electorales los que determinen si la gubernatura de Jaime Bonilla se encuentra dentro de la legalidad
También podría ser el Senado quien decida eliminar los poderes estatales y llamar a una nueva elección, hecho que pasaría por alto la decisión que tomaron los ciudadanos de esa entidad al elegir en su mayoría al candidato de Morena.
El Proceso Electoral del año pasado dejó muchas modificaciones en el mapa político-electoral de México, entre ellas la irrupción de Morena en gobiernos estatales, en el Poder Legislativo y en la Presidencia de la República, sin embargo, también hubo comicios que se resolvieron en las últimas instancias.
Tal es el caso de la elección ordinaria a gobernador de Puebla, en la cual contendieron Miguel Barbosa (Morena) y Martha Érika Alonso (PAN).
Los resultados en un inicio dieron como ganadora a la panista; pero las impugnaciones sobre los resultados obligaron a que la decisión final la tomara el TEPJF.
En diciembre, el magistrado José Luis Vargas Valdez presentó ante la Sala Superior del Máximo Tribunal Electoral una propuesta de nulidad de la elección por haberse roto la cadena de custodia del material electoral (boletas y urnas); sin embargo, en votación dividida se determinó dar la victoria a Alonso.
Un caso en el que sí se anuló la elección fue el de la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León; en la cual Felipe Cantú, candidato del PAN, se autonombró ganador.
A finales de octubre, el TEPJF ordenó a la Comisión Estatal Electoral realizar comicios extraordinarios debido a la falta de certeza en los resultados por anomalías en el manejo de paquetes electorales.
Después de la elección extraordinaria, Adrián de la Garza, candidato del PRI, consiguió la victoria por mayoría de votos. Otro antecedente en el cual el TEPJF tuvo la última palabra fue en la elección a gobernador de Coahuila en el 2017.
La Sala Superior ratificó el triunfo de Miguel Riquelme, candidato del PRI, aún cuando se documentaron irregularidades sobre el rebase al tope de gastos de campaña, tanto del aspirante que triunfó como de su competidor, Guillermo Anaya, del PAN.
La judicialización de las elecciones, como ha ocurrido en los últimos años, no disminuye la efectividad del voto, afirma Luis Carlos Ugalde, aunque esta debe observarse, pues también es un mecanismo para sacar beneficio político, generalmente por parte de los candidatos perdedores
“La judicialización de los procesos electorales ha ocurrido desde hace 10 o 15 años y se han resuelto para bien y para mal. Para bien, porque es un espacio para denunciar irregularidades que se corrigen; para mal, porque muchas veces son usados por los perdedores para tratar de sacar raja política”.
Los cambios que vienen
En medio de la discusión sobre la ampliación de mandato por parte del Congreso de Baja California y a unas semanas de que las elecciones en esa entidad dieran como ganador a Jaime Bonilla, en el Congreso de la Unión se propuso una nueva reforma en materia electoral.
La iniciativa que fue presentada en el mes de marzo por Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, propone que se eliminen los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) y que en su lugar sea designado un consejo representante del Instituto Nacional Electoral (INE).
Uno de los principales objetivos de esta reforma es apegarse a la política de austeridad impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que además de eliminar los OPLEs, también se propone disminuir a los legisladores plurinominales, reducir el financiamiento a los partidos políticos y recortar el costo de los comicios.
La modificación que se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados podría echar atrás uno de los cambios más significativos de la reforma electoral del año 2014, en la cual se le dotó de independencia a los OPLEs de los legislativos estatales.