Voces en contra de la Ley de Salud Mental

A nivel nacional como internacional, son varias las organizaciones que se han pronunciado en contra de la Ley General de Salud Mental.

Documenta A.C., una de las que más énfasis ha puesto en evitar la aprobación de esta iniciativa, asegura que desde el 2017 se viene peleando en contra del sistema que los senadores de Morena y el PT buscan afianzar con este documento.

Ángel Salvador Ferrer cuenta que hace tres años el Partido Verde Ecologista de México intentó promover una Ley General de Salud Mental con el mismo modelo que la que se votará el próximo miércoles en la Cámara alta y el cual ya había sido rechazado.

“En 2017 se presentó en el Senado una iniciativa muy similar en la materia pero en ese entonces fue impulsada por el PVEM; la cual en esencia y estructura es lo mismo que la de ahora.

“Lo que ocurrió en ese entonces es que era tan violatoria de derechos humanos que desde la Organización de las Naciones Unidas, dos relatores especiales mandaron sus respectivas cartas al Estado mexicano expresando su preocupación y pidiendo que no se aprobara.

“El tratamiento involuntario y otras intervenciones psiquiátricas en centros de atención de la salud son formas de tortura y malos tratos”, advirtió la ONU a través de su Relator Especial contra la tortura.

“Vemos que todo ese petitorio fue ignorado en la creación de esta iniciativa, pues reproduce los mismos vicios y errores que la de hace tres años y las organizaciones de la sociedad civil han sido completamente ignoradas durante el proceso”.

CNDH pide modificaciones a Ley de Salud Mental

En el marco de la votación de esta polémica ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el cual solicita a los legisladores de Morena y del PT revisar el Dictamen (el cual aún no está listo) por el que se expide la Ley General de Salud Mental, al considerar que vulnera diversos artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Además, los factores que refiere como agravantes de la salud mental pueden configurar actos asimilables a la persecución de los grupos sociales enunciados en la misma, al identificar, entre otros, a mujeres trabajadoras, población rural, niñas y niños en situación de calle, personas con discapacidad, población indígena, población migrante, menores farmacodependientes (sic) y enfermos mentales delincuentes recluidos (sic), lo que puede exacerbar actos de discriminación en contra de las personas que presuntamente intenta proteger”.

La CNDH también manifestó su preocupación en virtud de que dicho ordenamiento jurídico vulneraría, de manera flagrante, los artículos 5to. (Igualdad y no discriminación), 12 (Capacidad jurídica), 14 (Libertad y seguridad de la persona), 17 (Integridad personal) y 25 (Salud), así como el 4to. numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por último, el órgano autónomo que encabeza Rosario Piedra, deja en claro que “rechaza enérgicamente que la Ley General de Salud Mental justifique la privación de la libertad por motivos de discapacidad e insta al Estado mexicano a utilizar el máximo de sus recursos disponibles para garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial a través de la generación de políticas públicas, administrativas y legislativas”.

Cambio de fondo

Para Ángel Salvador Ferrer, a la iniciativa de Ley General de Salud Mental no le bastan unas cuantas modificaciones para que quede lista. Está tan mal hecha, que debe eliminarse, pues únicamente viene a reforzar un sistema obsoleto que atenta contra los derechos de las personas.

“Esta ley no sirve arreglarla para tratar de hacerla menos discriminatoria y violatoria de derechos humanos ya que es obsoleta, anacrónica y sigue perpetuando un modelo deficiente y erróneo.

“Esta iniciativa viene a perpetuar problemas que ya existen. Actualmente tenemos una Ley General de Salud que es la máxima autoridad en la materia y la cual cuenta con el capítulo séptimo en donde se habla de la salud mental pero ya desde un punto de vista obsoleto, utilizando adjetivos y fomentando tratamientos y procedimientos inadecuados.

Para el coordinador del programa de Prevención de la Tortura de Documenta, esta propuesta de ley lo que hace es ir encorsetando distintas ramas de la salud hacia unas cuantas personas en particular.

“Hay una visión o una idea que se trata de imponer de que si existe una ley específica de salud mental habrá una mejor regulación al respecto, sin embargo, el problema es que no se necesita una legislación especial sobre el tema, ya que la salud mental no es un componente aislado en el área de la salud.

“Esta práctica lo que provoca es que se fragmente el andamiaje jurídico y que se creen instituciones que luego están descoordinadas o duplicadas en sus funciones, entonces no es cuestión de crear una Ley General de Salud Mental, se trata de que la Ley General de Salud considere a la salud mental como un pilar fundamental.

El experto en la materia advierte que si se tiene una ley que es incorrecta y sobre de ella publicamos más leyes que estén alineadas con este mal enfoque desde las bases, entonces las cosas van a seguir saliendo mal.

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