Vivir en alto riesgo

Los dictámenes de Protección Civil de la Delegación Gustavo A Madero son claros: diversos edificios de la unidad habitacional Lindavista Vallejo presentan un daño estructural que representa un alto riesgo para sus moradores, en su mayoría, personas de la tercera edad, ante un inminente colapso.

Con estos dictámenes, un grupo de jubilados que habita en este enorme complejo de 2 mil 368 departamentos presentaron una denuncia ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Además de exponer el peligro latente de vivir en estos edificios a punto del desplome, acusa a los administradores, José Lucio Arredondo Aramburu y Jorge Acosta Tecante, de explotar un estacionamiento propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, por el cual cobran a los condóminos sin retribuir beneficios a la unidad.

La documentación que los jubilados entregaron a la Asamblea Legislativa no deja duda respecto al precario estado en el que se encuentran muchos de los edificios en los que habitan miles de familias bajo riesgo.

Caso específico los edificios 62, 52, 17 y 32, que la Subdirección de Protección Civil de la GAM dictaminó con inclinación, daño en elementos estructurales y escaleras, grietas en muros de la mayoría de los departamentos.

“Encontrándose materiales a punto de caer, faltando mantenimiento correctivo y preventivo, existiendo peligro de rompimiento en las instalaciones, este edificio se encuentra insegura.

“Las celdas de cimentación presentan agua ya que existe humedad en las losas de algunos departamentos en planta baja; el edificio presenta un desnivel de 39.9 centímetros. El estado en que se encuentra es de ALTO RIESGO”, precisa el documento del edificio 17.

Entre riesgo y abusos

Aunado al estado de riesgo que guardan los edificios de esta unidad habitacional, los quejosos acusan a los administradores de explotar como estacionamiento un terreno propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.

Por este espacio público, los particulares cobran una cuota bimestral de 400 pesos por cada uno de los 400 espacios de cajón, aproximadamente, dinero recaudado del que no hay transparencia de su uso.

La Delegación Gustavo A. Madero confirmó que desde año 2010, el terreno que ocupan para estacionamiento se encuentra en un procedimiento de recuperación administrativa por tratarse de un bien del dominio público “el cual no es susceptible de apropiación por los particulares”.

“El objetivo de la recuperación en curso es regularizar el funcionamiento de dicho espacio para poder ofrecer garantías a los usuarios y optimizar el uso de los espacios públicos en beneficio de la comunidad, situación que a la fecha ha resultado en detrimento del erario público violentando la normatividad vigente”.

No obstante la claridad de la autoridad respecto al uso ilegal del citado terreno, no ha hecho nada para evitar los cobros o, en su caso, que el dinero se vea reflejado en beneficio de la comunidad.

Los cobros por el uso de los cajones del citado estacionamiento se siguen depositando a cuentas particulares a nombre de Daniel y Humberto Acosta Godínez, así lo instruye la mesa directiva de la unidad habitacional.

En peligro

La Subdirección de Protección Civil de la Gustavo A. Madero realizó el peritaje:

Con beneficio social

La confrontación entre los condóminos y los administradores ha llegado incluso hasta la Procuraduría General de Justicia capitalina, dependencia que a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos Financieros ha citado a declarar a uno de los administrativos, Lucio Armando Arredondo, para que entregue copia de lo que ha sido su administración al frente del citado multifamiliar.

Y es que a pesar de los ingresos que genera la explotación de este estacionamiento, la unidad Lindavista Vallejo mantiene adeudos millonarios ante la Comisión Federal de Electricidad.

Pese a todas estas irregularidades, los administradores de la unidad recibieron el año pasado por parte de la Procuraduría Social (Prosoc) recursos por más de 2 millones de pesos provenientes del Programa Ollin Callan con los que compraron una planta de luz.

En el contrato de prestación de servicios aparece Jorge Acosta Tecante como representante de los 2 mil 368 departamentos de la Unidad Habitacional.

En el mismo documento, en poder de este periódico se precisa que el 4 de agosto de 2016 la Procuraduría Social les asignó 2 millones 131 mil pesos como beneficiario del citado programa social Ollin Callan para unidades habitacionales.

Ahí la empresa Chazumba Construcciones S.A. de C.V. declara como objeto social “toda clase de obras de arquitectura e ingeniería en general, incluyendo la de plantas industriales” y proporciona como domicilio calle Espuela, manzana 356, lote 33, colonia Miguel de la Madrid Hurtado , en la delegación Iztapalapa.

El contrato entre los administradores de la Unidad Lindavista Vallejo y la empresa Chazumba es “cerrado” por el total de la cantidad que la Procuraduría Social les entregó, es decir, 2 millones 131 mil 200 pesos.

Para comprobar la existencia de la empresa Chazumba Construcciones, algunos vecinos acudieron al citado domicilio donde encontraron una casa amarilla con la facha de uso habitacional más que de una empresa.

Por todo lo anterior los jubilados, además de exponer la vulnerabilidad de vivir en alto riesgo, solicitan la intervención de la Contraloría General de la Ciudad de México a fin de que revise el contrato en el que se fueron los 2 millones 131 mil pesos de recursos públicos.

A la Delegación Gustavo A. Madero demandan ponga orden en la explotación del terreno propiedad del Gobierno de la Ciudad, que es cobrado a los condóminos.

Y finalmente, a las Procuradurías de Justicia y Social lleguen a fondo en las irregularidades denunciadas en ese complejo.