Las situaciones de discriminación y abuso sexual son frecuentes para las trabajadoras del hogar en México.
Esta práctica se ha normalizado debido a distintos factores como la falta de acceso a la atención médica y psicológica, el temor a represalias, la necesidad de mantener un ingreso y a que las víctimas suelen ser desacreditadas y revictimizadas cuando denuncian lo sucedido.
A dos años de que inició el programa piloto para la incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del IMSS, solo dos por ciento de los 2.3 millones que realizan trabajo doméstico remunerado reciben esta prestación
Lo anterior se expuso en el Tercer Encuentro Nacional de Trabajadoras del Hogar 2022, organizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ISLB) en coordinación con distintas organizaciones de la sociedad civil y representantes de instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
En el encuentro también se presentó la “Ruta de Atención en Caso de Violencia Sexual” para que las trabajadoras del hogar conozcan sus derechos laborales, sexuales, reproductivos y tengan vías claras para exigir atención de los organismos garantes.
Las manifestaciones de violencia sexual que las trabajadoras del hogar han identificado de manera recurrente, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son contactos corporales de naturaleza sexual no consentidos durante su jornada laboral, solicitud de vestir ropa con connotación sexual mientras desarrollan sus labores, ofrecimiento de dinero e incrementos salariales a cambio de relaciones sexuales, comentarios no requeridos sobre su aspecto físico y amenazas de despido si se niegan a tener conductas de este tipo.
#Nacional | Pese que ya hay una legislación al respecto, persiste la precariedad laboral entre las trabajadoras del hogar, quienes hoy siguen exigiendo derechos básicos, como seguridad social https://t.co/m4TpKSs41r
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) March 16, 2022
Discriminación institucional a trabajadoras del hogar
El informe “Promesas sin cumplir: derechos reproductivos y laborales de las trabajadoras del hogar en México 2021”, desarrollado por el ISLB y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), da cuenta de diversos testimonios de estas violencias.
De los casos expuestos destaca el de Silvia, una adolescente que quedó embarazada a consecuencia de la violación sexual cometida por uno de sus empleadores.
“En 2018, Silvia, de 13 años de edad, laboró durante tres meses en una casa particular como trabajadora del hogar. A lo largo de ese tiempo, en varias ocasiones, el esposo de su empleadora tocó su cuerpo sin su consentimiento y la violó de manera reiterada.
“Durante varios meses, Silvia vivió con miedo; fue hasta diciembre de 2018 que le contó a su mamá acerca de los abusos y las violaciones sexuales que había sufrido”, señala la publicación.
El documento describe las omisiones que ejercieron las autoridades legales y sanitarias para brindarle atención adecuada a la joven, quien tuvo que viajar a la capital del país para poder acceder a un aborto.
Las instancias denunciadas por Silvia y su familiar ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fueron los Servicios de Salud morelenses, el Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres y la Fiscalía General del Estado (FGE) de dicha entidad.
El reporte detalla que, si bien es poco frecuente que las trabajadoras del hogar denuncien los casos en que sus derechos han sido violados por la dificultad para acceder a la justicia, “la discriminación también puede darse de las instituciones hacia las personas, y el que un grupo determinado de la población no tenga acceso a ellas, es un indicador de que algo debe cambiar”.
En 2021, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó que 17.8 por ciento de las participantes en la “Encuesta sobre la situación de derechos de las personas trabajadoras del hogar” acusó haber sido víctima de abuso o violencia en su trabajo.
De esa cifra, solo el 5.2 por ciento realizó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, la Fiscalía General de Justicia capitalina o en la Junta de Conciliación y Arbitraje local.
Ruta de atención
Al analizar los distintos retos que enfrentan las trabajadoras del hogar en el país como parte de las mesas de diálogo que se realizan en los encuentros nacionales dirigidos por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, es que se inició el desarrollo de la “Ruta de Atención en Caso de Violencia Sexual”.
En esta labor participaron las organizaciones Red de Migrantes Indígenas (RedMin), Tzomé Ixuk, Red de Mujeres Empleadas del Hogar A.C., JADE Sociales, Hogar Justo Hogar, Nosotrxs, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés), Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) y Fondo Semillas.
La herramienta de información destaca que aquellas acciones que degradan los cuerpos femeninos y su sexualidad se consideran violencia sexual y sus manifestaciones son: abuso, hostigamiento y violación
Asimismo, describe los pasos para recibir atención psicológica, legal y médica; los procesos institucionales por los que transitarán las víctimas, como la entrevista con la Policía de Investigación, las valoraciones médica, psicológica y la intervención de los servicios periciales.
La guía, desarrollada conjuntamente con personal de la Profedet, el Inmujeres, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, el Conapred, el INPI y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, también ofrece datos sobre protección laboral.
De este modo, aquellas mujeres que quieran interponer una demanda laboral o solicitar sus indemnizaciones por acoso sexual podrán tomar en cuenta que no es necesario que estén registradas ante el Seguro Social.
Esto resalta debido a que, a dos años de que inició el programa piloto para la incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del IMSS, solo dos por ciento de las 2.3 millones que realizan trabajo doméstico remunerado reciben esta prestación.
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