El México brutal y salvaje está de regreso. Desde hace más de 10 años, el país figura alrededor del mundo no por su cultura o sus recursos naturales, sino por sus elevados niveles de inseguridad.
Caminar por las calles, usar el transporte público, emprender un negocio, velar por la democracia y los derechos humanos o, simplemente ser mujer, se ha vuelto un motivo de riesgo y preocupación.
De acuerdo con las cifras emitidas por el Observatorio Nacional Ciudadano, en octubre se registró en el país un homicidio doloso cada 16 minutos, una víctima de secuestro cada 6 horas, un intento de extorsión cada 90 minutos, un robo con violencia y robo de vehículo cada dos minutos, un robo a casa habitación cada seis minutos, un robo a negocio cada cinco minutos y una violación cada 38 minutos.
Octubre también se convirtió en el mes donde más carpetas de investigación se iniciaron por el delito de homicidio culposo con un total de 2 mil 371; cifra récord desde 1997.
Frente a este caótico escenario, el décimo mes del calendario de 2017 es ahora el periodo más violento y sanguinario del que se ha tenido registro, pues superó al año 2011, cuando los niveles de incidencia delictiva en el entonces sexenio de Felipe Calderón ya eran considerados críticos.
Actualmente, los estados más violentos son: Baja California, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Chihuahua, que en conjunto suman el 38 por ciento de las víctimas a nivel nacional.
Además, estados que apenas hace un año no figuraban dentro de la crisis de inseguridad ahora destacan por liderar las cifras en algunos de los delitos de alto impacto, como Zacatecas, el cual el Observatorio Nacional Ciudadano calcula terminará como la entidad con la mayor tasa de carpetas de investigación por secuestro, o Aguascalientes, región que ya se ubica dentro de las primeras siete posiciones del ranking estatal por extorsión, robo a vehículo, a negocio, a casa habitación y a transeúnte.
Al sumar a este fenómeno el contexto electoral por el que atraviesa el país, el Observatorio Nacional Ciudadano identificó que en las 9 demarcaciones que el próximo año cambiarán de gobernador: Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, con excepción de Yucatán y Chiapas, la violencia ha tenido un repunte.
En el caso de los siete estados que se enfrentan a complicadas condiciones de seguridad, las tasas por cada 100 mil habitantes de diversos delitos de alto impacto se ubicaron entre las 10 más altas de la República Mexicana. Siendo en muchos casos superiores a las registradas en el ámbito nacional.
Algunos de los ejemplos más claros son Tabasco, Veracruz y Morelos, donde las tasas de víctimas de secuestro fueron de 198.84, 205.14 y 111.24 por ciento respectivamente.
Y aunque los números del 2017 son impactantes en materia de inseguridad, sobre todo si las cifras se comparan con las del 2016, donde se puede ver que ocho de los 10 delitos de alto impacto registrados aumentaron, es importante recalcar que las estadísticas actuales no toman en cuenta lo que se conoce como la cifra negra: todos aquellos casos que quedan fuera de las bases de datos ya que no se denunciaron.
Fallida, política de seguridad
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que las cifras expuestas por la organización no gubernamental ponen en evidencia que la política de seguridad implementada por las autoridades federales y estatales ha sido fallida.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano sugiere la instauración de mecanismos de transparencia al interior de las instituciones encargadas de velar por la seguridad
“No contamos con las capacidades ni procesos institucionales que se requieren para enfrentar de manera eficaz y eficiente tanto a la delincuencia tradicional como a la organizada”, sentenció.
Entre las recomendaciones que dio para empezar a cambiar el rumbo del país en materia de seguridad y las cuales se pueden empezar a implementar de manera inmediata mencionó como prioridad la instauración de mecanismos de transparencia al interior de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía, pues no hay otra forma de combatir la corrupción que actualmente impide que los recursos invertidos en el combate a la violencia lleguen a su destino.
También se debe acabar con la impunidad, de lo contrario, al no castigar los crímenes que se cometen se incentiva a que estos no sólo se sigan llevando a cabo, sino a que aumenten.
Por último, recalcó la importancia de atacar directamente la estructura financiera de las organizaciones delincuenciales, pues sin recursos que les permitan solventar sus negocios ilegales quedan prácticamente anulados.
Rivas también hizo hincapié en que las autoridades han decidido permanecer ciegas ante el padecimiento que acosa al país, pues el primer paso para combatir la enfermedad de la violencia es reconociendo la gravedad del problema, “el cual se les salió de control a las autoridades desde hace mucho tiempo”.
Por ahora el 2017 terminará como el año más violento del que se ha tenido registro en la historia reciente del país. Y de no comenzar a tomar acciones concretas la situación por la que atraviesa México podría agravarse aún más.
Al no castigar los crímenes que se cometen en el país se incentiva a que estos se sigan llevando a cabo y aumenten
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