Violencia recrudecida contra defensa del medio ambiente

El 2020 también ha sido un año mortal para las personas que defienden la naturaleza en México. Con el asesinato de Juan Aquino González, a finales de octubre, suman al menos 11 activistas que han perdido la vida por defender el medio ambiente y los recursos naturales en lo que va del año.

Juan Aquino era defensor ambiental en Guerrero, uno de los estados más violentos de México. Fue fundador de la Reserva Ecológica del Cerro de Tecaballo de Guacamayas y Murciélagos.

Su cuerpo fue hallado el pasado 28 de octubre en la comunidad de Papalutla, en el municipio de Copalillo, Guerrero. Tenía dos tiros, uno de ellos en la cabeza, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía estatal.

La muerte de Juan Aquino no es la única relacionada con la defensa de la naturaleza. De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hasta mayo había 10 activistas asesinados en Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Sonora.

Dos de los casos más conocidos ocurridos este año son los de Homero Gómez González y de Raúl Hernández, quienes defendían a la Mariposa Monarca y los bosques en el estado de Michoacán.

El 29 de enero, el cuerpo de Homero fue hallado después de 16 días de estar desaparecido. Menos de una semana después, Raúl Hernández, otro activista del santuario de las mariposas, apareció muerto.

En el caso de Homero, la Fiscalía determinó que su muerte fue accidental y que murió ahogado; pero ni su familia, ni organizaciones civiles creen la versión oficial.

El número de ambientalistas que han perdido la vida es preocupante. En los últimos años, México se ha convertido en un país peligroso para quien defiende el territorio. En el 2018, la organización Global Witness registró 14 asesinatos de ambientalistas en el país, mientras que en el 2019 contabilizó 18.

A nivel mundial, Global Witness contabilizó 212 asesinatos de ambientalistas en el 2019, catalogando ese año como el más mortífero.

“Convirtiéndose en el año con el mayor número de muertes registradas de personas que defienden sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas del clima”, señala su informe “Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, publicado en julio pasado.

Por el número total de asesinatos documentados por país, México ocupó la cuarta posición en el 2019, con 18 homicidios, y el tercero a nivel regional. El primer lugar fue para Colombia, con 64; el segundo para Filipinas, con 43; y el tercero para Brasil, con 24.

Pese a este negro panorama, recientemente México dio un paso adelante con la ratificación del Acuerdo de Escazú, por el Senado de la República, el pasado 5 de noviembre. Se trata de un instrumento regional que busca consolidar los derechos de las personas que defienden el medio ambiente.

A través de un comunicado, organizaciones como Amnistía Internacional solicitaron al Presidente de la República publicar el dictamen en el Diario Oficial de la Federación y completar el proceso de ratificación a nivel nacional.

Crímenes contra defensores del medio ambiente impunes

Del 2012 al 2019, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró 499 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos ambientales en el país, la mayoría entre el 2015 y 2016, con 107 y 85 ataques, respectivamente.

“Las personas defensoras de derechos humanos ambientales se encuentran en una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala”, señala el Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos Ambientales, publicado en el 2019 por el CEMDA.

El documento destaca que este despunte de agresiones se da posterior al proceso de reforma al sector energético que comenzó con la iniciativa de modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso en diciembre de 2013, y que concluyó en agosto de 2014.

Además, señala que de 2012 al 2018 Oaxaca fue la entidad con más agresiones al registrar 79; le siguió Sonora, con 49; posteriormente el Estado de México, con 48; y Puebla, con 47. Mientras que Nuevo León y Tlaxcala fueron las entidades con menos, con un ataque y un caso de agresión, respectivamente.

De las 460 agresiones ocurridas en este periodo, 175 fueron amenazas, 84 agresiones físicas, 82 casos de criminalización, 70 de intimidación y 68 de homicidios, indica el informe.

Panorama mundial

En su informe Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, la organización Global Witness registró que a nivel mundial hubo 212 asesinatos de estos activistas.

“Además, un incontable número de personas defensoras fueron silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales”, señala.

El estudio también indica que la mayoría de los asesinatos están relacionados con el sector de la minería e industrias extractivas (50), con la agroindustria (34) y con la explotación forestal (24).

Además, más de dos tercios ocurrieron en América Latina, lo que posiciona a esta región como la más afectada desde el 2012, cuando Global Witness comenzó a publicar sus informes.

Otro de los hallazgos fue que una de cada 10 personas defensoras asesinadas era mujer.

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