A la violencia política y generalizada que marca el actual proceso electoral, se suma la que es ejercida en contra de las mujeres en razón de género.
Pese a los intentos de las autoridades para tratar de garantizar la participación femenina, la clase política mantiene las prácticas que orillaron a tener que aplicar acciones afirmativas en primer lugar.
La semana pasada, Jorge Hank Rhon, candidato de Encuentro Solidario a gobernador de Baja California, calificó a Lupita Jones, abanderada de la coalición Va Por México, como “basura” al rechazar invitarla a su posible administración.
Antes ya había causado polémica: el mismo día que fue presentado en el PES, consideró que a las mujeres “les ha bajado la inteligencia” porque ahora quieren trabajar en vez de ser mantenidas.
Aunque el de Hank Rhon ha sido el caso más sonado en lo que va de las campañas, no es el único, y refleja la normalidad con la que los actores políticos incurren en este tipo de violencia contra las mujeres que buscan participar en contiendas electorales. Incluso el Instituto Nacional Electoral mantiene un registro de los individuos sancionados.
El pasado lunes 24 de mayo, el INE determinó cancelar las candidaturas de Raúl Tadeo Nava, expresidente municipal de Cuautla, Morelos; de Guillermo Chapman Moreno, exalcalde de Ahome, Sinaloa; y de Ana Ayala Leyva, quien se desempeñó como su tesorera municipal. Los tres mintieron en sus registros como candidatos de Juntos Haremos Historia a la Cámara de Diputados al decir que no tenían sentencias por violencia política de género.
Alcaldías, líderes en casos de violencia política de género
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre mediados de abril de 2020 y las mismas fechas del año en curso, 36 hombres y 12 mujeres han cometido actos de esta naturaleza y se han emitido un total de 55 sanciones. Destacando el caso de Ernesto Ruiz Flandes, alcalde de Altotonga, Veracruz, quien ha recibido ocho en total.
Con esto, representa por sí solo la mitad de las 17 sanciones que se han emitido en el estado de Veracruz, segunda entidad con más casos registrados, solo superada por Oaxaca que suma 19.
En un lejano tercer lugar se localizan Campeche y Quintana Roo, con cuatro cada uno, seguidos de Chiapas, Tabasco y Yucatán, con dos por cabeza. Llama la atención que todos estos estados conforman la tercera circunscripción electoral federal.
El caso de Ruiz Flandes también enmarca la violencia política de género como un problema desde el nivel local.
De las 55 sanciones emitidas, 25 han sido para titulares de presidencias municipales; once más para regidores, tres para tesoreros municipales y dos más para secretarios de ayuntamientos. Mientras que solo once de las faltas fueron cometidas a nivel estatal.
En cuanto a las víctimas, 32 regidoras han sufrido violencia política de género; en seis casos, las afectadas fueron síndicas; en cuatro fueron diputadas locales y en uno más se trató de una delegada municipal.
