Violencia política, el mal extendido a todo el país
La violencia política en razón de género se ha esparcido por ámbitos muy diversos del mundo político mexicano; el INE reporta 108 denuncias presentadas por mujeres que ocupaban o ejercían 31 tipos distintos de puestos o funciones políticas, incluyendo senadoras, diputadas federales y locales, alcaldesas, funcionarias, militantes, y aspirantes, precandidatas y candidatas a cargos varios
Luis HerreraLa violencia política contra las mujeres en razón de género se ha extendido a los más diversos ámbitos de la arena política de México, desde tribunas estelares como lo es el Congreso de la Unión, hasta las regidurías municipales que componen los ayuntamientos del país, de acuerdo con los registros que genera el Instituto Nacional Electoral (INE).
En su más reciente Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, publicado el 20 de mayo de 2021, el INE muestra que las mujeres que están sufriendo ese tipo de agresiones están participando en un abanico muy amplio de actividades políticas, que incluso llegan a trascender el terreno de las instituciones públicas y los partidos políticos.
De hecho, el INE encontró que las más de 100 víctimas que han denunciado este tipo de violencia política en los últimos 13 meses, ocupaban o ejercían 31 tipos distintos de puestos o funciones de índole política en el país, según la clasificación que elaboró.
Respecto de las 108 denuncias o vistas recibidas con posterioridad a la reforma (de violencia política contra las mujeres), se desglosa la calidad con que se ostenta la víctima: una delegada de un organismo intermunicipal metropolitano, cinco senadoras de la República, dos consejeras presidentas de OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales), dos presidentas municipales. cuatro funcionarias pública estatal. cinco regidoras, siete militantes de un partido político, siete diputadas federales, una diputada local, ocho ciudadanas, dos presidentas de organización de mujeres de partido político, una precandidata a diputación federal, dos precandidatas a diputación local y una síndica.
Y continúa: Seis aspirantes a candidatura a Presidencia Municipal, dos representantes/delegadas de partido político, una diputada federal suplente, una afiliada a asociación civil, una aspirante a candidata a gubernatura, diez candidatas a gubernatura, una precandidata a alcaldía, dos exservidoras públicas, ocho candidatas a Presidencia Municipal, una aspirante a consejera de Comité Electoral Municipal, dos consejeras de Consejo Local del INE, una consejera Distrital de OPL, tres aspirantes a alcaldía, una presidenta municipal interina, 17 candidatas a diputación federal, una brigadista y dos candidatas a diputación local.
Como puede constatarse en el registro de denuncias, la violencia política en razón de género ha alcanzado tanto a senadoras y diputadas federales, como a consejeras de Institutos Electorales estatales, regidoras, diputadas locales, alcaldesas, funcionarias públicas de diverso tipo y militantes partidistas, por enfatizar algunos de los cargos enunciados.
El Informe muestra que durante el proceso electoral, la violencia política en razón de género victimizó a distintas mujeres que se involucraron en el mismo, tales como precandidatas a diputaciones federales y locales; aspirantes y candidatas a gubernaturas de los estados; aspirantes, precandidatas, y candidatas a presidencias municipales; y candidatas a diputaciones federales y locales.
Más denuncias de violencia política de género
Este conteo de más de 100 víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPRG), comienza el 14 de abril de 2020 pues un día antes, el 13 de abril, se publicó la reforma enfocada en la prevención, atención, sanción y erradicación de ese tipo de agresiones contra mujeres.
Por eso el documento señala: “A partir del 14 de abril de 2020 al 18 de mayo del año en curso, se han presentado 108 quejas, denuncias o vistas en materia de VPRG, de las cuales se determinó la incompetencia en 73 de ellas, remitiendo la queja o denuncia a la autoridad que se consideró competente”.
Esa reforma le otorgó competencias al INE para investigar y sancionar los casos de violencia política contra las mujeres, es por ello que optó por emitir el 31 de agosto de 2020 su “Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, y del cual se deriva el Informe de marras, cuyo título completo es: “Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de VPRG”.
En el documento el INE explica por qué ha remitido a otras instancias la gran mayoría de las denuncias de violencia política contra las mujeres que recibió en este lapso:
“Como se mencionó, de los 108 asuntos que fueron del conocimiento de la UTCE (Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral), en 73 de ellos se declinó competencia a favor de otras autoridades, pues se trataban de aspectos de la vida interna de los partidos políticos, actos que tenían incidencia local o cuyo impacto afectaba directamente los procesos electorales locales, actos discriminatorios que no tenían incidencia político electoral, bien hechos presuntamente constitutivos de violencia institucional, entre otros”
Casos sin seguimiento
El INE asegura, sin embargo, que su tratamiento de las denuncias interpuestas, incluyendo las derivaciones a otras instancias, ha salido avante en la gran mayoría de las impugnaciones que se han tramitado, aunque reconoce que la remisión de casos a terceros llega a implicar que se pierda el seguimiento de los mismos.
Así lo señala: “En las remisiones por incompetencia se solicita expresamente a las instancias que se consideran competentes informen a la brevedad el trámite otorgado a la queja o denuncia; no obstante, en la mayoría de los asuntos hacen caso omiso a dicha petición. Por ello, y a fin de que la UTCE les dé el seguimiento puntual a estas denuncias, se ha requerido a dichas autoridades el informe respectivo mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y oficios; a pesar de dichos esfuerzos, diversas autoridades y partidos políticos se abstienen de brindar la información solicitada”.
Y agrega: “En contra de 108 determinaciones de la UTCE en los asuntos de VPRG, se han presentaron 17 medios de impugnación; de los cuales siete fueron confirmados, cuatro fueron revocados, una se tuvo por no presentada por desistimiento, tres medios de impugnación fueron desechados y dos se encuentran pendientes de resolución”.
