Las agresiones por razón de género en contra de las mujeres que se desenvuelven en al ámbito de la política ya se cuentan por cientos en el actual proceso electoral.
Hasta el 8 de mayo se cuentan 267 mujeres que han sido víctimas de violencia en el ámbito político.
De acuerdo al “Cuarto Informe Violencia Política en México” de Etellekt Consultores, entre el 8 de abril y el 8 de mayo se contaron 35 agresiones en contra de mujeres que participan en la política de nuestro país.
De la cifra de agresiones, 10 fueron asesinatos, 8 atentados contra sus familiares directos, 7 padecieron agresiones físicas, 5 han sido víctimas de asaltos con violencia, 4 han sido secuestradas y fue agredida con arma de fuego.
“Esta es una situación reprobable, no solo por lo que hace a las mujeres sino porque la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, sea contra hombres o mujeres, conlleva una carga de intención a la no participación política, la que de cumplirse nos está orillando como sociedad a someternos a los delincuentes”, dijo la candidata a diputada local por el distrito 3 de Puebla, Laura Artemisa García Chávez.
Aun cuando el contexto de violencia que viven las mujeres que han logrado un espacio de participación política se ha centrado en tres entidades, al menos en otras 13 también se han registrado casos violentos, entre ellos se encuentran la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua, Estado de México, Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí y Baja California Sur.
De las mujeres víctimas a causa de su participación política, 37 son o fueron candidatas, 11 eran apenas precandidatas, 8 fungían como alcaldesas, 4 solo son militantes, 2 son ex diputadas locales, 2 son síndicas, 2 son diputadas federales con licencia, una es ex alcaldesa, una es diputada local con licencia, una era regidora y otra es ex diputada federal.
De las mujeres con aspiraciones políticas que hasta el 8 de mayo habían sido asesinadas, son Maribel Barajas Cortés, candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, y Liliana García, candidata del Partido de la Revolución Democrática a regidora por el municipio de Ignacio Zaragoza en Chihuahua; ambas fueron ejecutadas a balazos.
En el último mes la mitad de las agresiones en contra de mujeres del ámbito político fueron amenazas e intimidación
Apenas ayer, la exdiputada local del PAN en la Ciudad de México, Laura Ballesteros, dio a conocer en un foro que fue víctima de violencia cuando ejercía dicho cargo hace cinco años por su coordinador Federico Döring.
Ballesteros aseguró que sufrió bullying por sus compañeros de bancada tras hacer una propuesta de movilidad.
La declaración tuvo lugar en la cumbre Women Mobilize Woman, celebrada en Alemania.
Todas, por igual
De las agresiones documentadas en todo lo que va del proceso electoral, tanto a hombres como mujeres con actividad política, el mayor índice lo acumula el PRI, de cuyos abanderados 83 han recibido algún tipo de agresión, en el Morena 59 las y los agredidos, el PAN registra 41, el PRD 36, el PVEM 18, Movimiento Ciudadano 15, PT 7, independientes 9, Nueva Alianza 7, PES 6 y Partido Humanista 1.
Las candidatas que hasta el momento han registrado agresiones físicas son Claudia Sheinbaum de Morena, en la Ciudad de México; Yareli Cariño López del PRI, en Pinotepa Nacional, Oaxaca; Gladys Vanessa Tadeo Eugenio del PRI, en Sayula de Alemán, Veracruz; Flor Nayely Cruz Bautista de Morena, en Iztacalco, Ciudad de México; Selene Gómez Barragán candidata del PRI, en Uruapan, Michoacán; Guillermina Alvarado del PES, en Apodaca, Nuevo León, y Dalila Tienda Gallegos, de PRD en Pantepec, Puebla.
Entre las aspirantes de las que se han registrado asaltos con violencia resaltan los casos de María de Jesús Patricio “Marihchuy”, aspirante indígena que finalmente no logró su registro como candidata a la Presidencia y que fue asaltada en Michoacán; Daysi Salinas del PRI, en Nuevo León; Azucena Salazar Pineda, del PRD en Guerrero; Guadalupe Laura Paula López Sánchez, del Movimiento Ciudadano en Nuevo León y Victoria Rasgado Pérez, de Morena en Veracruz.
Entre las agresiones más graves que se contra las mujeres inmersas en el proceso político-electoral, se registra el de secuestro, el que han padecido 3 mujeres adentradas en política: Teresa Mojica del PRD, en Guerrero; Tanya Viveros Cházaro de Morena, en Veracruz; y Rosa Pérez alcaldesa de Chenalhó del PVEM en Chiapas.
Aunque menos visibles, pero a la lista de agresiones también se suman los atentados contra familiares directos de mujeres políticas, los que ya han padecido 8 candidatas entre las que se encuentran Eva Cadena, candidata independiente en Veracruz; Margarita Martínez López del PRI en Nuevo León; Inés Aurora Martínez Bernal, del PAN en Chihuahua; Adela González Moreno, del PAN en baja California Sur; María Domínguez Cosío, del PRI en Puebla; y María Antonia Hernández, del PRI en Puebla.
Violencia ligada al narco
Para el sociólogo e investigador de la Escuela Nacional de Antropología (ENA) Edgar Morín, el estado actual de violencia que se vive contra las y los candidatos a cargos de elección popular “en la mayoría de los casos no se puede disociar de la actividad de los carteles de las drogas”, sobre todo en zonas del país donde existe mayor presencia de este tipo de delincuencua.
Desde su punto de vista en algunas de las agresiones tanto a mujeres como a hombres que buscan un cargo de elección popular, “está detrás el crimen organizado, el que intenta desalentar la participación de aquellos actores políticos que no son afines a sus intereses o que representan situaciones de riesgo para negociar situaciones criminales a futuro”.
La visión del académico empata plenamente con los datos que expone en el cuarto informe sobre violencia electoral de Etellekt Consultores, en donde se refiere que de todas las agresiones que se han registrado contra la clase política, desde el 8 de septiembre del 2017 al 8 de mayo de este año, al menos 28 han sido atribuidas al crimen organizado.
De esas 28 agresiones perpetradas por la delincuencia organizada, 20 se atribuyen a comandos armados que actuaron bajo instrucción, 14 a grupos de asaltantes, 6 a células de secuestradores y 2 concretamente a carteles de las drogas, en tanto que 15 agresiones se atribuyen opositores políticos, 4 a policías municipales, 3 a grupos de choque, y 2 a alcaldes en funciones.
Por lo que hace a las candidatas que a la fecha realizan proselitismo bajo amenazas de muerte, se cuentan 27 en total, que son casos que se distrubuyen en la entidades de Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Coahuila, Yucatán, Chihuahua, y Estado de México.
