El fin de semana el video de una mujer que sufrió violencia obstétrica tuvo a su hija a las afueras del Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad, en el municipio de Guadalupe, se hizo viral.
Era la madrugada del sábado 20 de julio y la joven, de entre 20 y 25 años de edad, estaba sentada en la banqueta de la avenida San Rafael sobre un charco de sangre, al tiempo que cargaba a su bebé, según puede observarse en la grabación.
Un médico y una enfermera acudieron al alumbramiento. En el material se escucha que varias personas exigen a gritos que las atiendan y los culpan por negligencia no solo a ellos, también arremeten contra el gobierno.
Al lugar llegaron guardias de seguridad de la propia unidad médica y los testigos les gritaron que se pongan a trabajar. Pero ellos eludieron su responsabilidad, trataron de evitar las grabaciones y desalojaron el área.
Fue hasta la tarde del sábado, casi 14 horas después del parto de la joven, cuando el director general del Régimen de Protección Social en Salud Estatal de Nuevo León, Juan Luis González, publicó en su cuenta personal de Twitter un comunicado en el que enlistó seis aclaraciones.
“En ningún momento se le negó la atención a la paciente que ingresó al nosocomio este viernes 19 de julio a las 21:38 horas”, dice el boletín de prensa.
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Según esta versión, la mujer refirió dolor y fue medicada pero no permitió que se le realizara el procedimiento para confirmar la dilatación cervical. Ella solicitó salir y, de acuerdo con el documento avalado por la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno, no permitió a los médicos determinar si podía ser dada de alta.
“Al no acceder se le otorgó el acta voluntaria, toda vez que el hospital no puede retener a nadie contra su voluntad”, afirma el documento.
El diagnóstico fue un parto fortuito de 36 semanas de gestación, cuando el embarazo tiene una duración aproximada de 40 semanas y puede variar entre 38 y 42, señala el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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La niña nació a las 00:25 horas del sábado 20 de julio, con un peso de 2.530 kilogramos y una talla de 49 centímetros.
Congreso busca legislar sanciones por violencia obstétrica
La diputada local emecista Karina Barrón y la morenista Celia Alonso propusieron dos iniciativas sobre el parto humanizado y la sanción a la violencia obstétrica. Ambas están pendientes en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) define a esta como una forma específica de violencia institucional y de género contra las mujeres que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados
El 19 de febrero, Barrón Perales, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, pidió tipificar el delito de violencia obstétrica en el Código Penal estatal e incluir en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el concepto de parto humanizado.
“No se pretende criminalizar la labor médica; sólo sancionar y erradicar conductas del personal de salud que violen los derechos humanos y reproductivos de las mujeres”, pronunció la legisladora de Movimiento Ciudadano en el Pleno.
Casi un mes después, el 14 de marzo, la vocal de las comisiones de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, Alonso Rodríguez, acudió a la Oficialía de Partes con la propuesta de reformar al Código penal para el Estado de Nuevo León.
“Se habla en nombre de la mujer para que cuente con un servicio respetuoso tanto en hospitales públicos como privados, garantizar que desde que llega a la ventanilla, hasta después del parto, reciba un servicio de calidad”, afirmó, según información de su grupo parlamentario.
La propuesta emecista contempla una reforma por adición del artículo 228 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León y de dos a seis años de prisión y la multa de 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
“En Nuevo León, existen algunos hospitales que no cuentan con recursos humanos y materiales necesarios para que el personal de salud efectúe su trabajo, (…) con lo cual el Estado estaría incumpliendo con la obligación de poner a disposición de toda la población los medios necesarios a fin de que pueda ejercer su derecho a la salud, lo que implica la existencia de responsabilidad institucional”, sostiene la iniciativa.
Morena propone adicionar los artículos 331 bis 8, 331 bis 9 y 331 bis 10 al Código Penal y, dependiendo de la gravedad del delito, de tres a seis años de prisión o una multa de hasta 300 UMA o de seis meses a tres años y 200 UMA. Además, la destitución e inhabilitación hasta por dos años.
El primer periodo del segundo año comienza en septiembre, oportunidad para que Nuevo León se sume a entidades como Veracruz, Durango, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Coahuila, Zacatecas y la Ciudad de México, que ya cuentan en su ordenamiento con el concepto de violencia obstétrica.
