Desde la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, las autoridades locales se han mostrado abiertas al tratamiento de los temas concernientes a la prevención y eliminación de las formas de violencia. Aunque estas han sido meras intenciones documentadas por los medios locales, destacando el tema de la violencia obstétrica, que incluso ha pretendido ser negada.
El tema vuelve a tomar relevancia a nivel nacional, luego de que el 30 de agosto pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 31/2017, sobre violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud.
Pero en términos locales, este tema ha sido nulo en cuanto a la acción de las autoridades, a pesar de que existen claros lineamientos en el ambiente de una Alerta de Violencia, además de su especificación en el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Jalisco.
En su recomendación, la CNDH es muy clara en su llamado a los gobernadores y sus respectivos secretarios de Salud. Donde Jalisco toma una relevancia por su incompetencia en la materia.
A partir de 2008, 20 entidades se han dado a la tarea de incorporar a su legislación local el tema de la violencia obstétrica. La CNDH divide a las entidades en tres grupos: las que lo prevén como tipo y/o modalidad de violencia en su ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; las que la tipifican como delito en su Código Penal; y las que la prevén en la ley de Salud, en este último caso solamente Durango.
Sin embargo, en ninguna se incluye a Jalisco, al lado de otras entidades como Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, entre otras que no reconocen esta modalidad de violencia contra las mujeres.
La CNDH recomienda que las políticas se enfoquen en crear un nuevo paradigma en los planes y programas de estudio de las carreras de medicina y enfermería, integrando la perspectiva de género y enfoque de defensa de los derechos humanos
La defensa médica
Las autoridades de Jalisco le han dado la espalda al tema, llegando incluso a negar su existencia, como en el caso del titular de la Secretaría de Salud, Antonio Cruces Mada, quien dijo que esta práctica no existe en la entidad, incluso desde una definición que no se contempla en la normativa.
“El término como tal es proscrito, no existe, no se cataloga dentro del diccionario de esta índole, evidentemente esa terminología se utilizó por primera vez en Jalisco como una violación a los derechos durante el trabajo de parto o de cesárea hacia las mujeres”, respondió Cruces Mada en febrero pasado en el Congreso de Jalisco.
De esta forma, el titular de Salud negó que en la práctica médica existan algunos factores que vuelvan nefasta la experiencia obstétrica, señalando incluso para defensa del personal a su cargo que los médicos no se despiertan todos los días con la idea de violentar a las mujeres.
Por el contrario, defendió que si los médicos incurrían en dichos tratos, se debía a la alta carga laboral que existe en las instituciones públicas de salud.
Empero, guarda razón el dicho del titular en cuanto a la no existencia de normativa que le dé facultad a las autoridades para atacar este tema en términos legislativos, pues los diputados se han excusado de aprobar reformas en la materia, ya que desde al menos la pasada legislatura se ha intentado tipificar esta violencia como un delito, sin que esto ocurra.
La violencia silenciosa
Reporte Indigo ha documentado que, de acuerdo a estadísticas de organismos, Jalisco se coloca en los primeros sitios a nivel nacional en quejas por maltratos en la atención médica a mujeres embarazadas.
Omisión en varios frentes
A la manera del titular de Salud, los diputados locales han argumentado en favor de la práctica médica para no llevar a cabo los cambios en la ley. Pese que existen en el programa estatal una serie de acciones que el gobierno dice que llevará a cabo, entre las que se encuentra textualmente “promover la tipificación del delito de violencia obstétrica”.
Pero esto permitiría que las autoridades locales prevengan todo tipo de criminalización y enfoquen la normativa en otros campos. Pues la misma CNDH señala que el tratamiento por la vía penal resulta ser una medida poco efectiva para asegurar una atención obstétrica adecuada.
De esta forma, el organismo autónomo nacional recomienda que las políticas se enfoquen en la creación de un nuevo paradigma en los planes y programa de estudio de las carreras de medicina y enfermería, integrando la perspectiva de género y un enfoque de defensa de los derechos humanos desde la formación.
“Con respeto a la autonomía universitaria y a la normatividad, consideró (la CNDH) que sería deseable que en las instituciones públicas de educación superior, formadoras de médicos cirujanos, especialistas en ginecobstetricia y enfermería, se impartan a los alumnos de pregrado y posgrado, un taller de sensibilización en materia de derechos humanos”, se lee en la síntesis publicada por la CNDH en el Diario Oficial de la Federación.
En este tema las autoridades también han sido omisas, pues el programa estatal contempla que se debe “garantizar la inclusión de todos los programas educativos universitarios que promuevan la no violencia obstétrica”, donde se toma como autoridad a la Universidad de Guadalajara.
No obstante que esta última también ha sido omisa desde el silencio de su responsabilidad y la falta de proactividad para que se lleve a cabo esta tarea.
De esta forma, el marco de la recomendación pone a Jalisco en un terreno pantanoso de inacción, a pesar de su discursiva muestra de apoyo a los programas que buscan disminuir la violencia contra las mujeres.
Mientras que el Congreso de Jalisco ha dicho que discutirá el tema de la violencia obstétrica en el marco de la onceava asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, aún con el antecedente de su laxo trabajo a favor de la materia.
“El término como tal es proscrito, no existe, no se cataloga dentro del diccionario de esta índole”
