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El Gobierno federal optó por una política de ahorro donde la promesa, desde campaña, era beneficiar a los sectores más desprotegidos. Sin embargo, la austeridad no sólo no ha hecho justicia a este sector en el cual se incluyen las mujeres, sino que con su aplicación también se ha afectado a miles de menores de edad.
Programas sociales como el de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de la Secretaría de Bienestar, y la convocatoria para la entrega del subsidio federal para la prestación de servicios de Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres, sus hijos e hijas que viven violencia extrema, de la Secretaría de Salud, se han visto fuertemente afectados
Ante esta situación, durante la conferencia matutina del viernes 1 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre qué podrían hacer las mujeres víctimas de violencia.
“Todo eso lo estamos definiendo para que se conozca a dónde ir, qué hacer, como todos los programas. En el caso, por ejemplo, de las estancias infantiles, ahora se está visitando casa por casa, familia por familia, apuntando a sus niños y dándoles toda la información”, dijo el primer mandatario de México.
La inconformidad por estas acciones se ha manifestado con el hashtag #AusteridadMachista ante la ausencia de una política pública de género que no sólo otorgue dinero de manera directa, sino que atienda la problemática de fondo.
En entrevista con Reporte Indigo, la activista Dahlia de la Cerda nombra como violencia institucional al trato ineficiente que históricamente han recibido las mujeres por parte de la administración pública. Mientras que la investigadora Christian Mendoza refiere una falta de voluntad política del gobierno actual.
La violencia institucional constituye una de las modalidades de la violencia de género, y ésta viene definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”, menciona el artículo 18 de este marco legal.
Mendoza, coordinadora del Programa de Género en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), argumenta que el gobierno debería fortalecer instituciones y no debilitar los servicios dirigidos a la población que ha sido vulnerada: ya sean mujeres únicamente o víctimas de violencia en general.
“Enfatizaría en la falta de voluntad política para fortalecer instituciones que atiendan directamente a las personas cuyos derechos humanos estén en una situación vulnerable y fomenten una vida libre de violencia”, sostiene.
Enfrentar la revictimización
El tema de los refugios para mujeres ha estado envuelto en un ir y venir de afirmaciones y negaciones que dejan en duda cómo operará el subsidio.
La publicación del plan para brindar atención y orientación ante la violencia contra las mujeres levanta aún más incertidumbre.
“Hay muchos vacíos de información en términos de cómo se van a operativizar en política pública y en la forma en que se está comunicando”, lamenta la investigadora del ILSB
El jueves 21 de febrero la Secretaría de Salud al mando de Jorge Alcocer anunció, a través de un comunicado, la suspensión provisional de la convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para la asignación de subsidios. El documento expresa que fue una instrucción que el presidente López Obrador firmó desde el 14 de febrero.
Sin embargo, esta determinación provocó múltiples reacciones en contra, las cuales obligaron a la dependencia a realizar una revisión para optimizar los recursos designados, en tanto la convocatoria seguirá vigente hasta el 6 de marzo en lo que se definen las reglas de operación.
En la conferencia matutina del 1 de marzo el mandatario anunció que la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, sería la encargada de ayudar a las mujeres víctimas de violencia
Por su parte, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, habló de dar recursos de forma directa a las víctimas.
La Red Nacional de Refugios, que incluye 41 estancias más 39 centros de atención externa, emitió un pronunciamiento en el que argumenta la necesidad de los refugios ya que las mujeres víctimas, en general, no denuncian ni acuden a las instituciones de gobierno porque no les creen y se les revictimiza.
“Proponer que tengan que acudir a una oficina a tramitar apoyo económico es sencillamente una oferta fuera de la realidad y que además vulnera derechos humanos (…) La estrategia de dar directamente los recursos a las víctimas es improcedente, pues no contribuye a la atención y erradicación de la violencia”, sostiene el documento.
En este contexto, el miércoles 27 de febrero, la Secretaría de Bienestar, que encabeza María Luisa Albores González, dio a conocer en su página oficial el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), el cual causó mucha polémica.
Éste contempla ámbitos como el familiar, laboral y docente, institucional y la comunidad. Para que las mujeres sepan qué hacer ante una situación de riesgo hay pláticas, talleres y diversas actividades lúdicas, como obras de teatro, cine-debates y pinta de murales.
“Evita estar en lugares en los que haya objetos peligrosos, como el baño o la cocina. Procura permanecer cerca de la puerta de la calle, a fin de que te sea fácil salir del domicilio”, son consejos que levantaron críticas.
“Como lo manejaron crees que es una política pública pero cuando lo lees te das cuenta de que son una serie de recomendaciones que delegan a las mujeres la responsabilidad de cuidarse.
La entrega de apoyos a los refugios y organizaciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia es fundamental en México ya que la ciudadanía no confía en las autoridades responsables de atender este problema
“Pretenden proponer soluciones individuales a un problema que es estructural, se deja en manos de ellas su propia seguridad y las responsabiliza de lo que les pase”, sostiene Dahlia de la Cerda.
Adiós a las estancias infantiles
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no sólo sufrió un recorte presupuestal de 49.85 por ciento, también atraviesa por cambios significativos que repercuten en la política pública orientada a las mujeres.
“Durante décadas, en América Latina se ha estudiado cómo las políticas fomentadas por la austeridad tienen repercusiones en la vida de las mujeres. Al momento de quitar instituciones o programas, ellas van supliendo responsabilidades del Estado, aumentando su carga de trabajo; un problema público se resuelve dentro de las familias”, menciona Christian Mendoza, del ILSB.
Desde el 28 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) están disponibles las nuevas reglas de operación del ahora Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.
La instancia responsable y ejecutora es la Secretaría de Bienestar, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección General de Políticas Sociales (DGPS) y sus delegaciones.
Aunque el programa tiene como fin permitir a los papás y mamás buscar un empleo, mantenerlo o estudiar, mientras sus hijas e hijos reciben cuidados, no hay alusión a los lugares donde podrían dejarlos mientras realizan estas actividades.
El recorte presupuestal a este programa más que ayudar a ahorrar lo que provoca es que se violen los derechos de las mujeres y los niños
Los recursos irán directamente a la madre, padre o tutor conforme al presupuesto autorizado. Es decir, mil 600 pesos bimestrales para infantes de 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, 3 mil 600 pesos para niños y niñas con discapacidad de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años.
“Busca generar una base clientelar que quiere fortalecer el poder del gobierno para que la gente dependa únicamente de este ente y que no haya contrapesos, aunque el presidente diga que es limpiar de corrupción”, lamenta Dahlia de la Cerda.
En el acuerdo se detalla que la entrega del apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019, que hasta ahora no han recibido madres y padres de familia, se realizará a más tardar el último día hábil del mes de marzo, es decir el viernes 29. Una restricción es que haya, máximo, tres niñas o niños por hogar.
“Es completamente violencia institucional, el gobierno pone a las mujeres en riesgo de ser vulneradas y es una afectación a varios derechos como el acceso al trabajo, y contra los de los niños y niñas, como el desarrollo infantil y el esparcimiento”, sostiene la integrante del colectivo feminista.
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