La ola de violencia, desapariciones y feminicidios que viven las mujeres en Jalisco finalmente fue reconocida por las autoridades federales, quienes emitieron la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad.
A dos años de que organizaciones feministas la solicitaran, este sábado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) finalmente declaró la AVGM, un mecanismo para erradicar este tipo de agresiones.
El argumento de las organizaciones que solicitaron la Alerta de Género señala un incremento de los casos, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de un entorno feminicida en la entidad.
De acuerdo con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco, entre enero y noviembre de 2018 han sido asesinadas 161 mujeres. El gobierno estatal sólo reconoce 22 feminicidios en este mismo período, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Además, datos de la Fiscalía General difundidas por organizaciones, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señalan que entre 2008 y septiembre de 2018 suman mil 132 mujeres registradas como no localizadas o desaparecidas, tan solo 366 son de enero a septiembre de 2018.
Pero el tema no es nuevo, en 2016, el gobierno estatal había declarado su propia Alerta de Violencia contra las Mujeres en 7 municipios de Jalisco.
Aunque hubo avances tras esta medida, aún siguen existiendo pendientes importantes para poder combatir las prácticas machistas y misóginas desde las instituciones, expresó Patricia Ortega Medellín sobre la importancia de que este sábado pasado fuera emitida la AVGM en Jalisco.
Ortega Medellín, investigadora de la Universidad de Guadalajara e integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER) en Jalisco, fue parte del Grupo de Trabajo que se conformó ante la solicitud de la Alerta para esta entidad.
Para la activista, esta acción se traduce en un reconocimiento para las mujeres y el contexto de violencia que se vive en el estado.
“Esta Comisión Nacional considera necesaria la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Jalisco, por la persistencia del contexto de violencia feminicida en la entidad”, expresó en su voto razonado a favor de esta medida Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, directora general del programa de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La declaratoria impactará en 10 municipios de Jalisco que se incluyeron en la solicitud. Las organizaciones destacaron el nivel de violencia que se vive en los municipios de El Salto, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, de la metrópoli tapatía, y Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, del interior del estado.
Uno de los puntos centrales de la emisión es la falta de un andamiaje institucional suficiente para poder atender a las víctimas de este tipo de violencia, toda vez que los funcionarios no han representado avance en el cambio de lógicas culturales importantes para no revictimizar.
“Se refleja la necesidad de transitar a perfiles de puestos, ya que existen casos donde la sensibilización y capacitación no son suficientes para generar transformación de patrones culturales dentro de los servidores públicos que les permita atender de forma adecuada los casos de violencia”, se lee en la conclusión general del dictamen final que elaboró el Grupo de Trabajo.
Acciones sin resultados
La capacitación fue uno de los ejes centrales de la alerta local de Jalisco. Pero aún cuando se han invertido millones en estos trabajos, tanto de presupuesto local y federal, en la práctica no han rendido los frutos suficientes para impactar en el trato a las mujeres violentadas.
“Es un problema no sólo de sensibilización y capacitación, sino también tiene que ver con la actitud y con no estar comprendiendo cuál es la dimensión real del problema, cómo es que a los funcionarios y las funcionarias nos toca aportar”, explicó Patricia Ortega Medellín, investigadora de la Universidad de Guadalajara.
Según el dictamen del Grupo de Trabajo, otro de los grandes pendientes que causa preocupación es la falta de un banco estatal de casos de violencia contra las mujeres, donde se reporten los que llegan a las instituciones
Ernesto Silva Hernández, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otro de los integrantes expertos en el Grupo, señaló en su posicionamiento que de las 49 acciones solicitadas para atender la violencia contra las mujeres de Jalisco al gobierno estatal en 2017, no todas fueron cubiertas o cumplimentadas a cabalidad.
El académico destacó que de las acciones urgentes el 12 por ciento no se cumplieron y con el mismo porcentaje hubo otras que sólo fueron atendidas parcialmente. Entre uno de estos puntos está el formato de análisis de riesgo para el otorgamiento de órdenes de protección.
Tampoco se cumplió con la propuesta de mejora para lograr que en cada agenda se encuentre al menos una o un ministerio público con los conocimientos y capacidades para investigar con perspectiva de género, de acuerdo a lo que se enmarca con el Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización.
Patricia Ortega explicó que en cuanto al balance de lo que sí y no se cumplió en Jalisco destaca el papel del interior del estado, pues muchos de los indicadores que fueron cumplidos sólo fueron llevaron cabo en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, lejos de la realidad que se vive en otras ciudades o zonas rurales de la entidad.
¿Qué implica la alerta?
La Alerta de Género en Jalisco significa la observancia de instancias nacionales y federales en las prácticas y programas públicos enfocados a combatir la violencia contra las mujeres. En su momento esta práctica quedó limitada a la entidad cuando se emitió la alerta local, donde el gobierno estatal era juez y parte.
“Implicará establecer en los reglamentos la aplicación y la forma de seguimiento. En el cumplimiento se establecen mesas de alto nivel para estar informando y evaluando cada cuarenta días, por parte de la federación al propio estado, y eso es lo que tendría que ajustarse a la implementación en el estado”, explica Patricia Ortega, investigadora de la Universidad de Guadalajara e integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER) en Jalisco.
