La violencia que alcanza todo y a todos en México

No es un secreto que la violencia en el país es una tormenta que lejos de cesar, arrecia, y no hay techo, guarida o escondite que nos pueda proteger de ella. Tampoco una estrategia de seguridad clara y articulada por parte de los tres niveles de gobierno del país.

En pleno proceso electoral, el más grande en la historia de México, justamente la violencia ya arrebató la vida de varios políticos. El asesinato más reciente fue el de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, pero hay otros nombres más en la lista que es muy probable que continúe creciendo.

Vivimos en una época en la que el asesinato de un candidato ya no es un magnicidio, sino, que ahora se cuentan los decesos por decenas y hasta por centenas.

La violencia contra los políticos es un reflejo de la inseguridad que padecen los ciudadanos de pie prácticamente todos los días. Una crisis que comenzó con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006, que fue heredada al sexenio de Enrique Peña Nieto y a la administración actual de Andrés Manuel López Obrador.

Han pasado tres partidos distintos en el poder y tres presidentes y la crisis continúa, por lo que la mira ahora está puesta en la persona que ocupe este año la silla presidencial.

Debido a esta situación es importante conocer las estrategias de seguridad que presentarán las candidatas presidenciales el próximo domingo en el primer debate, así como conocer su plan de trabajo al respecto.

Falta de coordinación e impunidad

Durante su reciente visita a Jalisco, la candidata a la Presidencia de la República de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, reconoció que existe un aumento en la inseguridad del país, esto por la falta de coordinación entre el Gobierno federal y las entidades y por los altos niveles de impunidad.

“Para avanzar en la cero impunidad se requiere mayor coordinación entre las instituciones, por ejemplo, en el caso de Jalisco, mayor coordinación entre el Ejecutivo federal y el Ejecutivo federal, con las fiscalías y una reforma importante del Poder Judicial.

“Para detener a un delincuente o para disminuir la impunidad, se requiere que las fiscalías hagan carpetas de investigación, que presenten a los jueces, para que haya una orden de cateo, una orden de aprehensión y eso en el país ha aumentado, Ha disminuido la impunidad, pero tenemos que avanzar más”, dijo.

El pasado 4 de marzo, Sheinbaum presentó los cinco ejes principales de su estrategia de seguridad que pretende implementar a nivel nacional en caso de lograr el triunfo de los comicios próximos.

De acuerdo con la morenista, la estrategia está basada en la experiencia que obtuvo cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, época en la que logró disminuir en un 50 por ciento la percepción de inseguridad entre los habitantes de la capital del país.

Entre los puntos de la estrategia de seguridad de Sheinbaum se encuentra la atención a las causas de la violencia con honestidad, consolidación de la Guardia Nacional a través de su anexión a la Secretaría de la Defensa Nacional, la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación, la coordinación entre los niveles de gobierno y dependencias y la reforma al Poder Judicial.

Al respecto, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de Sheinbaum en la CDMX, reveló que el primer paso para pacificar al país sería concentrar todos los esfuerzos federales en los diez estados que concentran el 40 por ciento de los delitos en el país. Entre los que se encuentran Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Baja California.

Harfuch insistió en la coordinación entre los niveles de gobierno y en fortalecer las policías estatales al grado de que puedan realizar tareas de investigación para perseguir delitos.

‘No voy a seguir con la guerra contra el narco’

A pesar de venir del Partido Acción Nacional, la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, dijo que no seguiría con la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón en 2006.

“Mi estrategia de seguridad es diferente, no voy a seguir con la guerra contra el narco. Ni siquiera hay que mandar al Ejército a enfrentarse a balazos con los delincuentes, hay que aplicar la ley y eso no significa agarrarlos a balazos, no significa matarlos. No sé por qué piensan que aplicar la ley significa un exterminio”, dijo Gálvez al inicio de la contienda.

En esos mismos días causó polémica la propuesta de Gálvez de construir una prisión de máxima seguridad, incluso hubo quien comparó su estrategia a la de Nayib Bukele en El Salvador. Al respecto, Gálvez aclaró que lo que busca es ordenar el sistema penitenciario y no encarcelar a todo el mundo, solo a los que cometen delitos graves del fuero común.

“Las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Por supuesto que reconozco los derechos humanos, pero yo no puedo omitir mi responsabilidad como presidenta, de que las personas que cometen un delito lo paguen”, dijo.

Respecto a la Guardia Nacional, la panista dijo que continuará e incluso la fortalecerá, pero será completamente de carácter civil.

“Vamos a trabajar con una Guardia Nacional que sí sea guardia, que sí sea nacional, que sí investigue, que sí haga uso legítimo de la fuerza. Yo no digo que agarre a balazos a nadie, nadie está pidiendo eso, pero cuando sea necesario, el Estado es el único que tiene ese uso legítimo y lo tiene que usar para defender a la población”.

Finalmente, la opositora se comprometió a recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas: Retirar a los soldados y marinos de las tareas civiles y reenfocar sus labores al combate a las organizaciones criminales.

Bajo amenazas y balas

El proceso electoral de 2024 se perfila para ser el más violento de la historia, pues ya se han documentado asesinatos de aspirantes que competían por un cargo de elección popular.

El reciente asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya puso en alerta máxima a las autoridades y causó la condena de la clase política que pide un cese a la violencia que viven sus candidatos.

El último reporte de Data Cívica confirma que las agresiones se aceleran. En febrero de este año se registraron un total de 58 eventos asociados con la violencia criminal-electoral en el país.

Esto representa un incremento del 38.1 por ciento en comparación con el mes anterior y un alza del 100 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Los estados en donde se registraron dichas agresiones, de acuerdo con el monitoreo de la organización civil, fueron en Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Colima, Estado de México, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Baja California, Michoacán, Chiapas, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco.

Mientras que se han contabilizado, de 2018 hasta lo que va de 2024, un total de mil 755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas en contra de políticos, funcionarios y candidatos.

Itzel Soto, analista de datos en Data Cívica, asegura a Reporte Índigo que históricamente, un mes antes de cualquier elección, hay un aumento en la cifra de víctimas de violencia electoral. Estima que este año no será la excepción.

“Hemos detectado que la violencia se presenta principalmente a nivel municipal. Hay 16 asesinatos de precandidatos y precandidatas en lo que va de este año, principalmente en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Jalisco”, sostiene la especialista.

Las elecciones más violentas

El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Ugalde, alerta que es justamente durante las campañas electorales cuando el crimen organizado busca ratificar o, en su caso, expandir su control territorial.

“Los casos de violencia que presenciamos son aislados, ya que la mayoría de los candidatos se ven obligados a seguir las órdenes del crimen organizado. Este proceso electoral se está convirtiendo en el más violento en la historia de México, lo cual indica que el narcotráfico está adoptando nuevas tácticas”, advierte Ugalde.

Para el exconsejero electoral el escenario que se vive en los comicios es complejo, pues afirma que para poder frenar esta problemática el Estado mexicano necesitaría extirpar de raíz al crimen organizado y esto llevará de 20 a 30 años.

“Esto ha sido a causa de la negligencia de los gobiernos que han permitido que el crimen organizado se expanda y controle varios territorios”, sentencia.

‘Se bajan’ por amenazas

Los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira y Braulio López, respectivamente, revelaron que son varios los legisladores que han renunciado a sus candidaturas a otros cargos de elección popular debido a presiones o amenazas.

Dijeron que son legisladores de todos los partidos políticos los que han preferido declinar en sus aspiraciones, aunque no revelaron los nombres ni el lugar donde han ocurrido los hechos.

Rubén Moreira, líder de la bancada tricolor en el recinto legislativo de San Lázaro, en entrevista, afirma que este es un problema que se ha generalizado en todo el país.

“No nos hemos puesto a sacar un porcentaje, pero hay una gran cantidad de compañeros que han dicho ‘yo no quiero jugar, yo no quiero jugar para alcalde’, son de todos los partidos. Hay algunos, me reservo los nombres, a los que incluso no los dejaron registrarse.

“Hay compañeras y compañeros que fueron retenidos por el crimen en días pasados. Es algo generalizado”, afirma el exgobernador de Coahuila

Por su parte, el coordinador de los diputados del partido naranja, Braulio López , afirma que hay lugares donde las mujeres padecen más esta situación.

“Nuestra candidata a diputada federal fue atacada, le dispararon a su camioneta, a su vehículo. Afortunadamente había solicitado el apoyo de la Guardia Nacional y pudo defenderse. Creo que debe de haber un tema de cuidado, lo hemos platicado en otras ocasiones, hay candidaturas que son muy vulnerables, justo en los municipios, en los distritos locales.

“Lo escuchamos en todos los partidos políticos, hay lugares en los cuales es difícil llevar candidaturas en las que los candidatos, sobre todo las mujeres lo resienten mucho más que los hombres. Se ven forzadas a no aceptar la candidatura o a bajarse de ella. Estos casos se pueden ver en todos los partidos políticos y también hay mucha gente pidiendo protección”, indica Braulio López.

Un día antes, los legisladores hicieron un llamado para unir esfuerzos y garantizar la seguridad del proceso electoral del 2 de junio próximo, esto después del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es un pacto nacional para evitar la violencia en este país y estamos conscientes que en esta Cámara tenemos un alcance, o sea, tenemos un alcance y tenemos un límite, pero tenemos un grupo de trabajo para vigilar estas elecciones en donde estamos pretendiendo avanzar, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral para que nos dé su atlas de riesgo.

“Esto para que después cada partido político pueda hablar con las autoridades de seguridad pública en este país y por lo menos podamos prevenir, por lo menos en donde ya hizo alguien un estudio serio que es el INE, con este atlas de riesgo e intentar prevenir”, dijo el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera.