Violencia desmedida, el calvario de la Iglesia Católica

La situación de violencia e inseguridad que azota a México se ha convertido en “un calvario” para la Iglesia Católica, pues en las últimas décadas le han arrebatado la vida y la paz a sus integrantes con al menos 80 crímenes que la han enlutado; pese a ello, la mayor parte de estos ha quedado en la impunidad, de acuerdo con una investigación de la misma comunidad religiosa.

En el reporte del Centro Católico Multimedial (CMM) titulado “Violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia católica en México”, se informó que en el sexenio de 2018 a 2024 han sido asesinados por lo menos 10 sacerdotes y otros 10, violentados, además se han reportado 900 extorsiones o amenazas de muerte en contra de ministros de culto.

Ante dicha situación, el sacerdote Omar Sotelo, Director del CMM, dijo en entrevista para Reporte Índigo, que “esta es la la fría numerología que a veces llama mucho la atención, pero la incidencia es lo que se debe remarcar, pues está constante, no ha bajado, está muy presente y nos ha posicionado como uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio, yo puedo decir que en América Latina México es la nación más peligrosa.

“Lo digo porque los países con una marcada persecución contra la Iglesia tienen problemas bélicos, guerras o persiguen ideologías religiosas, en teoría, México no sufre ninguna de estas características, pues en un país en donde hay, entre comillas, libertad para ejercer tu profesión religiosa; sin embargo, las cifras muestran que hoy por hoy es un lugar difícil, podríamos decir que está entre los 10 primeros lugares más peligroso para ejercer el sacerdocio a escala mundial”.

Por su parte, Ulises Torres, estudioso de las religiones en México y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala la importancia de la investigación realizada por el CCM, pues considera que es una muestra de que la situación de crimen en el país se ha desbordado al grado que ataca organismos cuya labor principal es la promoción de la fe.

“El reporte es una prueba de la violencia que se está viviendo en México, la Iglesia atraviesa por un calvario que puede agravarse por los malos resultados en materia de seguridad que predominan desde hace años.

“El ejercicio de sus actividades es una de las más altruistas y la llevan a cabo cada uno de sus miembros, lo preocupante es eso, que es azotada por la violencia aún con una labor de esta naturaleza que tiene que ver con la promoción de la fe en una creencia religiosa así como en brindar ayuda a la población vulnerable, incluso ya no se puede realizar con libertad sin ponerse en peligro la vida de sus integrantes y estamos observando que se está incrementando el riesgo”, destaca el académico.

Crímenes sin justicia, el pan de todos los días

De acuerdo con el informe del CMM, la falta de acciones por parte de la justicia para remediar o frenar el problema es escasa y queda en la impunidad. Ello ha dado como resultado que se hayan originado más de 80 crímenes que han enlutado a los religiosos en México desde 1990 a 2024, de acuerdo con el sacerdote y director del CMM.

Ante la situación que afecta a la Iglesia desde hace años, en el documento se destaca: “En México, agentes de pastorales, laicos, sacerdotes y ministros de otras iglesias, han asumido el papel que las autoridades han declinado. El vacío de poder y el desmantelamiento del estado de derecho provocan una necesidad: Alguien debe asumir lo que el Estado ha dejado de hacer, por incapacidad o, peor aún, por vivir en colusión con los hacedores del mal y del crimen en un binomio destructivo: corrupción e impunidad (…) Perdura en la memoria que nos faltan también 80 sacerdotes, religiosos y laicos muchos de ellos en un purgatorio legal que no ha definido la justicia”.

Al respecto, el sacerdote resaltó que la investigación que presentaron la han realizado con colegas y amigos, visitando lugares y recopilando datos de viva voz, por lo que las cifras reales de crímenes pueden ser mucho mayores ya que a veces no se denuncia, pues no hay acompañamiento.

“Algunos amigos me han confesado que los extorsionan e incluso después les robaron, se interpone la denuncia y las autoridades no hacen nada. De los sacerdotes asesinados o violentados más del 80 por ciento de los casos está impune o sea sus carpetas de investigación fueron cerradas o simplemente ya no continuaron los procesos”.

Las cifras negras son alarmantes

El organismo también destaca que la cantidad real de los delitos puede ser mucho mayor, pues ni autoridades de gobierno ni eclesiásticas han tomado las medidas necesarias para emprender acciones que subsanen la situación de violencia.

“La cifra negra es superior a las denuncias presentadas. Un inconveniente es la forma cómo las diócesis han afrontado el delito: solo por advertencias sin articular mecanismos de prevención y denuncias, lo que hace que no haya un panorama claro de las cifras de delitos y cuáles son las diócesis con la mayor prevalencia. Tampoco se conoce la cifra relativa a las pérdidas económicas, ni qué grupos están dedicados a la extorsión y si se trata de bandas del crimen organizado; tampoco se conoce un censo de parroquias que hayan denunciado el pago del derecho de piso o de servicios de protección de grupos contra bandas rivales”, advierte el CMM.

La profanación y los robos a los templos, una constante

De acuerdo con reportes de la Iglesia Católica en el país, cada semana unos 26 recintos sagrados, desde ermitas y oratorios hasta grandes templos, son profanados.

En el reporte “Violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia católica en México”, realizado por el CMM, se detalló que este tipo de ataques afecta anualmente al 12 por ciento de los aproximadamente 11 mil templos que existen a escala nacional.

De acuerdo con Ulises Torres, investigador de temas religiosos y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, “lo que se puede notar con este tipo de robos es que a pesar de los datos, que se han manifestado por diferentes medios, no se ha logrado permear esta preocupación social, es decir, no se ha logrado especificar como una necesidad el atender la violencia que han padecido estas instituciones”.

En sus estimaciones el reporte señaló que un 21 por ciento de las agresiones contra estos lugares es efectuado por delincuentes dedicados al robo exprés de objetos religiosos a menor escala y de escaso valor, un 42 por ciento, concierne a profesionales del crimen organizado especializados en el robo de arte sacro y un 37 por ciento es de grupos que atacan por diversos motivos de intolerancia y discriminación religiosa.

Al respecto, el sacerdote Omar Sotelo, director del CMM, lamentó que las denuncias sobre estos atentados contra los templos difícilmente proceden.

“Es muy grave la situación, además estás cifras son conservadoras y sucede lo mismo de lo que se queja todo el mundo, no hay acción por parte de las autoridades para frenar los robos”.

Y es que el documento también detalla cómo se han incrementado estos crímenes con el paso del tiempo: entre 1993 y 1999, la profanación de recintos aumentó 2 por ciento por año; es decir, cuatro por semana. De 2000 a 2006, la cifra se incrementó al 4 por ciento equivalente a ocho templos agraviados semanalmente. De 2007 a 2024, creció al 12 por ciento, lo que corresponde a 26 iglesias atacadas; es decir, un aumento de alrededor de 600 por ciento en casi dos décadas.

El informe también sostiene que hay “un lucrativo negocio” en torno al inventario de piezas religiosas que autoridades responsables del cuidado y resguardo del patrimonio cultural de la nación calculan en más de cuatro millones. Y expone que de acuerdo con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre 2007 y 2016, ocurrieron 461 robos de arte en iglesias de México, de los cuales 172 tuvieron lugar en esa entidad.

El costo de ayudar y las constantes amenazas

Ante la creciente violencia que se vive en el país, la Iglesia y sus ministros buscan ser un estabilizador social para ayudar a los sectores más vulnerables y tratar de ayudarlos a cubrir sus necesidades, pero muchas veces esta labor les hace sufrir amenazas por parte de grupos del crimen organizado o de personas que no coinciden con su ideología, señala el sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CMM).

“Hoy en día esta situación es un estorbo para personas del crimen organizado, pues se ven afectados por el trabajo de los religiosos, entonces cuando se ataca a un sacerdote o se elimina afecta a una institución que ejerce esta función estabilizadora. La Iglesia o la zona parroquial, como le conocemos, busca el resguardo para las comunidades que no solo prestan un servicio espiritual, sino que también ofrecen protección de derechos humanos a migrantes, mujeres o niños y prestan servicios educativos, alimentarios o de salud.

“A veces, cuando les hacen el ‘cobro de derecho de piso’ a los sacerdotes les dicen: ‘Padre caiga con su mochada porque si no le llenamos su parroquia de muertitos’. Muchos sacerdotes que trabajan en zonas de migración y demás por eso permanecen callados y no hacen nada precisamente porque están protegiendo a la gente”, resalta Sotelo.

También Ulises Torres, estudioso de religiones y académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, coincide en que la Iglesia y sus actividades civiles, que tienen como propósito el beneficio de la sociedad, entre otras funciones, se ven amenazadas por esta labor.

“Muchas de las agresiones están relacionadas con la comunidad religiosa por la labor que desempeñan en materia de defensa de los derechos humanos”.

Un ejemplo de la gravedad del asunto es uno de los muchos casos que cita la investigación del CMM: en octubre fue asesinado de manera violenta el padre y activista de derechos humanos, Marcelo Pérez, de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, reflejo de su acción pastoral y actividad en pro de la población vulnerable.

Ante estos hechos, la investigación del CMM indica que pueden tomarse en cuenta recomendaciones como implementar mecanismos en arquidiócesis y diócesis afectadas a fin de dar seguimiento a cada caso desde el inicio de las investigaciones hasta las sentencias; propiciar acercamientos con organismos de los derechos humanos; y proseguir con las capacitaciones en torno al conocimiento y aplicación de los protocolos básicos de seguridad, entre otros, como conclusión para intentar subsanar las situación de escalada de violencia que se ha convertido en un martirio para la Iglesia.