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De las más de 150 mil motocicletas que circulan de forma irregular, muchas de ellas son utilizadas para actividades ilícitas, desde el transporte irregular de alcohol y drogas, hasta ejecuciones. Foto: Especial

Violencia sobre ruedas, crimen a bordo de motocicletas crece en Nuevo León

El ‘boom’ en la utilización de estos vehículos, así como la inmensa cantidad de motociclistas que operan sin licencia en la entidad, dificultan de sobremanera el trabajo de las autoridades

El parque vehicular de motocicletas en Nuevo León ha crecido de manera exponencial durante los tres últimos años.

Hay más de 150 mil motocicletas que circulan por Nuevo León de forma irregular, muchas de ellas son utilizadas para actividades ilícitas, desde el transporte irregular de alcohol y drogas hasta la perpetración de ejecuciones a plena luz del día, al estilo de los cárteles colombianos de los años ochenta.

Ya sea por comodidad, ahorro en gasolina o su bajo costo frente a la opción de un automóvil, los regios han optado cada vez más por desplazarse en la ciudad utilizando este tipo de vehículos, especialmente en un contexto de crisis por falta de transporte público y problemas viales cada vez más constantes.

Además, la adquisición de una motocicleta puede ser, incluso, más accesible que trasladarse a través de Metro o camión; de acuerdo con las tarifas actualizadas, un usuario puede pagar hasta 450 pesos semanales por este concepto, mientras que el abono de un crédito a través de tiendas departamentales puede llegar a costar 270 pesos en la misma cantidad de tiempo.

De acuerdo con datos del Instituto de Control Vehicular, el punto álgido de la “moto manía” se registró en 2021 con un crecimiento del 337 por ciento en la compra de este tipo de vehículos, coincidiendo con el encierro por la pandemia de COVID-19 y el uso masivo de apps de entrega a domicilio, momento en el que empresas del sector, tales como Uber, Rappi o DiDi, incrementaron de forma importante su plantilla de repartidores.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, este “boom” de movilidad tiene un importante sesgo negativo: el número de licencias expedidas por el ICV para este tipo de vehículos no ha crecido a la par del aumento de las motocicletas que transitan por las calles, provocando que el 82 por ciento de sus conductores no cuenten con el permiso oficial para utilizarlas.

Esta discrepancia ha generado problemas para las autoridades, ya que un porcentaje considerable de las más de 170 mil motocicletas que se usan en la entidad también son utilizadas para cometer delitos, destacando entre ellos la aparición de los “moto sicarios”, un tema cada vez más preocupante.

Por la vía libre

La incidencia delictiva de las motocicletas aumentó casi de la misma forma que su utilización en la entrega de comida y artículos a domicilio.

De acuerdo con las autoridades, se han reportado casos en los que depósitos de alcohol han camuflajeado motocicletas con logos de empresas de delivery para transportar su productos fuera del horario de venta, por lo que se han tenido que instalar filtros emergentes de seguridad en puntos estratégicos.

Sin embargo, el verdadero problema radica en la utilización de la misma técnica para el transporte de drogas y estupefacientes, situación que también ha sido documentada a últimas fechas y que dichos filtros de seguridad han sido incapaces de impedir.

De la misma forma, durante los primeros meses de 2024 se ha detectado la presencia de moto sicarios, sujetos armados que, utilizando motocicletas, recorren las calles de la Zona Metropolitana de Monterrey con el objetivo de delinquir y perpetrar ataques directos, una táctica que recuerda a los métodos utilizados por Pablo Escobar y el Cártel de Medellín en Colombia durante los años ochenta.

A través de un conteo periodístico, se tiene constancia de que, durante abril y mayo del presente año se cometieron en Nuevo León hasta nueve ejecuciones a través de esta modalidad, un número tres veces más alto de lo habitual.

La posibilidad de un escape rápido es uno de los puntos más atractivos para la utilización de esta técnica; el pasado 12 de abril, mientras realizaba un recorrido de campaña, la candidata del Partido Verde y Morena para la alcaldía de El Carmen, Chely Villarreal, fue víctima de un atentado perpetrado por dos desconocidos armados a bordo de una motocicleta.

‘’Estábamos tocando la puerta de la última casa, y para cuando volteo la moto ya estaba enfrente de mí (…) Se bajó el copiloto y disparó a menos de un metro; el fotógrafo me avienta, ésa fue su reacción para que no me pasara nada, y yo corrí por las banquetas hasta que me pude refugiar’’, narró la candidata.

Aunque Villarreal resultó ilesa, los dos presuntos moto sicarios que atentaron contra su vida lograron darse a la fuga, siendo detenidos casi 48 horas después.

En junio de 2023, el diputado Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa ante el Congreso para combatir los crímenes realizados a través de motocicletas, reformando el Código Penal del Estado e incrementando las medidas de seguridad y registro del Instituto de Control Vehicular para este tipo de vehículos.

La iniciativa propone una sanción penal de hasta 15 años para quienes se valgan de motocicletas para intentar cometer delitos, especialmente homicidios, además de hacer obligatorio el uso de una calcomanía expedida por el ICV en la parte trasera de los cascos.

‘’Urge reforzar los controles en el registro y plaqueo de las motocicletas, ya que falta un registro o padrón vehicular confiable’’, afirmó Gaona en torno a la iniciativa, misma que desde entonces permanece congelada.

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