Una nueva oleada de violencia producida por el crimen organizado impacta varias entidades de la República y la respuesta de las autoridades, tanto estatales como federales, sigue resultando insuficiente, lo que agrava el desafío que la delincuencia ha lanzado no solo a gobiernos locales, sino al Estado mexicano en su conjunto.
Al iniciar la segunda mitad de marzo, se registraron homicidios y bloqueos con camiones incendiados durante la noche del domingo 13 y la madrugada del lunes 14 en Colima.
Algo similar a lo que ocurrió durante el mismo periodo en Tamaulipas, donde las confrontaciones y balaceras fueron constantes, además de los bloqueos.
Los escenarios de violencia vistos en ambos estados se suman a otros acumulados recientemente como los asesinatos y narcomensajes que se han dejado en Sonora, la crisis de desplazados en Zacatecas, el homicidio del alcalde de Aguililla, Michoacán, son solo algunos de los registros durante la semana previa.
Si bien los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste o Los Zetas protagonizan estos desafíos a las autoridades, la violencia en general se origina de las disputas que sostienen entre ellos mismos por el control de territorios completos que van desde municipios hasta regiones compuestas por más de una entidad.
Mientras se siguen sumando estados a las listas de violencia, las autoridades estatales parecen estar rebasadas, situación que deriva de la estrategia de reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta por las confrontaciones en Tamaulipas.
Para analizar esta situación, Reporte Índigo consultó a Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, quien recuerda cómo cuando se hablaba de control territorial del crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón, el tema era la cooptación de las corporaciones policiacas y operaciones de trasiego.
Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Sonora, Michoacán son solo algunas entidades que han estado en alerta durante la última semana por las violentas actividades de cárteles como el de Sinaloa, del Noreste, Los Zetas y el Jalisco Nueva Generación
“Ahora, cuando se habla de control territorial, no solo se circunscriben estos elementos, sino el control político, pero también el control social. Ya los encargados de seguridad pública, de dictar cuáles son las pautas de comportamiento de una comunidad, son la delincuencia organizada. Estamos hablando de un problema que es realmente una amenaza a la seguridad nacional”.
A esto se agrega que los estados se han sumado a la estrategia de seguridad propuesta desde el Gobierno federal centrada en el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, lo cual les resta tanto responsabilidades como recursos a las autoridades municipales y estatales para fortalecer a sus policías.
“Los recortes a los fondos y subsidios para la seguridad pública mejor se trasladan a la Guardia Nacional. Esto, institucionalmente, ha causado una debilidad que también ya es una amenaza a la estabilidad y permanencia del Estado de Derecho porque hay muchos estados y municipios donde ya no hay control del gobierno, no hay presencia del Estado”.
Esto a su vez genera otra problemática, pues las autoridades municipales y estatales carecen de elementos para enfrentar a la delincuencia común, que sí cae en sus esferas de responsabilidad, lo que sumado a los altos índices de impunidad, contribuye a que quienes se dedican a estas actividades opten por seguirlas e, incluso, a arriesgarse con nuevas.
En este aspecto coincide José Antonio Ortega, fundador y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organización que recientemente advirtió del riesgo latente de que México se consolide como el epicentro mundial de la violencia urbana por las operaciones de las bandas criminales.
“Las autoridades locales, tanto presidentes municipales como gobernadores, están totalmente rebasados y, en algunos lugares, lo que vemos son narcoestados”, comenta a Reporte Índigo.
Ante situaciones como el “fusilamiento” de un número aún indefinido de personas, originalmente reportado como 17, en San José de Gracia, Michoacán, o la crisis de desplazados de Zacatecas, el especialista señala la urgencia de reclamar a las autoridades la aplicación de las leyes y la garantía del Estado de Derecho.
“La calidad de la violencia se ha incrementado, cada vez es más fuerte, más grave, se cometen masacres con mayor violencia que las anteriores. Ahí pareciera que los ciudadanos ya nos estamos acostumbrando. Tenemos una gran indiferencia y no estamos presionando lo suficiente a las autoridades para que cumplan con la ley”.
Dadas las capacidades de las organizaciones criminales, que van desde la generación de violencia y actividades como la extorsión mediante el cobro de derecho de piso, hasta su influencia en procesos electorales a nivel municipal y estatal, también cuestiona la idea de focalizar la estrategia de seguridad, como hace el Gobierno federal.
“Pusieron a disposición un documento de los 50 municipios con mayor violencia. Si quieren concentrarlo en 50 puntos, no van a poder. Deben afrontar Michoacán o Zacatecas o Guanajuato a fondo. Una vez devuelto a las autoridades, con participación de la sociedad civil, abarcar otro. Porque el territorio ya lo perdimos en varias partes del país”.
