Violencia comunitaria, obstáculo para parejas lésbicas

Pese a que el matrimonio igualitario es posible en las 32 entidades del país, la violencia en contra de las parejas homosexuales, especialmente desde el núcleo familiar, se mantiene como uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los miembros de la comunidad LGBT+ al casarse.

La violencia institucional, comunitaria, económica, psicológica y física menoscaba el acceso de estas parejas a derechos básicos como a la salud.

El origen de la discriminación que viven las parejas lésbicas muchas veces se encuentra en los núcleos familiares, donde las mujeres que se declaran gay son violentadas, explica Astrid Carreño, presidenta de la Asociación Mexicana de Atención y Apoyo a Grupos Vulnerables (Amaagv).

“La primera violencia que vivimos muchas parejas lésbicas es por parte de nuestra propia familia porque no aceptan tu preferencia sexual”, menciona Carreño.

La experta en la materia, quien se encuentra casada desde hace 10 años, comenta que uno de los rechazos más fuertes al que ella y su esposa tuvieron que hacer frente fue al de la familia de su cónyuge, quienes al momento de conocerla la rechazaron y discriminaron.

Astrid cuenta que los ataques de los que eran objeto se hicieron aún mayores al momento de manifestar que buscarían hacer crecer su familia, lo que llevó a que los familiares de su esposa dudaran de su capacidad de tener un hijo.

“En nuestro caso hubo una gran discriminación y rechazo por parte de mi familia política, hoy en día las cosas han cambiado, pero dentro de sus prejuicios se encontraba el ‘qué van a decir’ y ‘cómo van a criarse los niños’.

“Ahora que ven que son hijos muy amados y muy respetuosos, los comentarios son ‘nos equivocamos, creímos que no iban a poder educar a los niños, creímos que iban a ser unos niños muy afectados por su relación y ahora vemos que son una familia muy hermosa’.

“Así que creo que es importante sensibilizar a la familia, que a veces se apresura a juzgar a las parejas homoparentales cuando en todos los tipos de familias podemos encontrar imperfecciones, como los padres que abandonan, que golpean a sus hijos, que no les dedican tiempo de calidad”, asegura.

El peso de los prejuicios

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define la violencia basada en la orientación sexual, en su informe ‘Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América’, como “violencia por prejuicio”.

En este concepto la CIDH apunta a que las agresiones sean comprendidas como un fenómeno social, contrario a la visión de que se trata de un hecho aislado.

“Los crímenes por prejuicio constituyen racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas.

“Tal violencia requiere de un contexto y complicidad social, se dirige hacia grupos sociales específicos, tales como personas LGBT y tiene un impacto simbólico. Incluso cuando este tipo de violencia es dirigida contra una persona o grupo de personas, se envía un fuerte mensaje social contra toda la comunidad LGBT”, menciona la CIDH.

Es por ello que la presidenta de la Amaagv considera que se deben “normalizar” las uniones homosexuales, es decir, que formen parte de la cotidianeidad para que quienes ahora son niñas, niños y adolescentes, aprendan a respetarlas dentro y fuera de su familia.

“Es muy importante que de alguna manera se normalice, así como está normalizada la heteronormatividad, así se puede normalizar que las parejas del mismo sexo mantengamos una relación, porque muchas de las veces la familia al interior señala a estas relaciones como algo antinatural, como una enfermedad, además de comentar acerca de ‘qué vida’ le vas a dar a los hijos, en caso de que sean parte del proyecto de vida”, dice Carreño.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las lesbianas enfrentan situaciones específicas en las que se une la violencia de género y la violencia por prejuicio.

Para combatir esta situación las políticas públicas son herramientas necesarias, pues permiten el ejercicio de derechos por parte de las personas y grupos que enfrentan situaciones de discriminación.

En 2022, la familia residente en Tamaulipas conformada por Idalia Rodríguez y su esposa, quien decidió mantener oculta su identidad durante el proceso, buscó registrar a sus hijos con los apellidos de ambas después de haberlos registrado como de madres solteras para que no les fuera negado el acceso a la salud y educación por provenir de una familia homoparental.

Tamaulipas fue el último estado de los 32 que conforman la República mexicana que aprobó el matrimonio igualitario, hecho ocurrido en octubre del año pasado.

Garantizar los derechos

Países de Latinoamérica, entre ellos México, forman parte del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el único instrumento internacional que reconoce a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ como sujetos de derecho de manera explícita, así como la obligación que tienen los Estados en específico con ellos.

Entre las obligaciones marcadas por este grupo de acuerdos están: generar información estadística pública que tienda a la inclusión social y a la progresión de derechos planteada desde las políticas públicas, dar atención especial a mujeres parte del colectivo LGBT en las acciones encaminadas a erradicar la violencia contra ellas, además de garantizar el acceso a servicios de salud sexual, tomando en cuenta las necesidades específicas.

La legislación

En México, tras la reforma al artículo 1 de la Constitución en 2011, se estableció la prohibición constitucional de la discriminación basada en el género, las preferencias sexuales y otras condiciones.

Por su parte, en 2018, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) estableció en su primer artículo, con base en el 1 constitucional, que su objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades y trato.

Además de incluir al sexo, género y las preferencias sexuales como motivos de discriminación, esta Ley señala a la homofobia y misoginia como formas de exclusión.

Barreras por enfrentar

Astrid Carreño, presidenta de la Amaagv, menciona que aunque actualmente las parejas homoparentales cuentan con mayor protección a sus derechos, aún hay muchas barreras.

Carreño relata que pese a contar con todos los documentos en regla para la expedición del pasaporte de sus hijos, en las dos ocasiones que ha acudido a hacer el trámite, no ha podido completarlo en una sola visita, como es habitual.

“Nosotras nos casamos hace 10 años, en 2013 y siempre hemos tenido problemas a pesar de contar con las actas de nacimiento de nuestros hijos y con el acta de matrimonio para la emisión del pasaporte, siempre es un tema, desde hace 8 años que nació la niña y que volamos con ella la primera vez, nos recibió una persona y nos pedía el acta de alumbramiento y a pesar de que le mostramos el acta de matrimonio, no nos quiso hacer el trámite.

“Y hace un año que hicimos la renovación para viajar con nuestros hijos, nos detuvieron el trámite por ser dos mujeres. Como matrimonio es muy difícil recibir el mismo trato que las parejas heterosexuales porque hay una falta de capacitación por parte de las instituciones y de sensibilidad que ni siquiera tienen el tacto para decir ‘disculpe nunca he llevado un trámite en estas condiciones’. Esto es discriminación, que deriva en una agresión porque al final no te dan un trato igualitario”, acusa.

La presidenta de la Amaagv menciona que pese a la existencia de políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas del colectivo LGBT+, aún falta voluntad para hacer efectivo lo que establece la ley.

El gran pendiente

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021 se celebraron mil 845 matrimonios entre hombres y dos mil 496 entre mujeres, mientras que las uniones heterosexuales sumaron 448 mil 774.

Aunque cada año el número de parejas del mismo sexo que se casan incrementa, es un grupo poblacional sobre el que hay poca información disponible.

“En México somos un grupo con poca atención y casi nula información, no hay registro de cuántas mujeres lésbicas viven en el país y es importante abordar el tema” asegura Nohemi Orozco Gutiérrez, directora del área de Psicología en Amaagv.

Las agresiones a las que las lesbianas están expuestas desde la infancia tampoco han recibido la atención necesaria.

Según Orozco, durante su trabajo de campo, encontró que la mayoría de las jóvenes lesbianas han sido objeto de violencia de género en cualquiera de sus modalidades y que 8 de cada 10 sufrieron algún tipo de acoso o abuso sexual durante su infancia.

“Somos muchas las Organizaciones No Gubernamentales que trabajamos el tema de la violencia de género, que ya era una crisis mundial antes de la pandemia y se ha intensificado. Amaagv y otras ONG nos especializamos en esa violencia hacia la mujer de la que pocos se atreven a hablar, como aquella contra las lesbianas, bisexuales, no binarias y, por supuesto, las trans.

“Si nosotras como mujeres somos víctimas muchas veces de la violencia de género solo por ser mujeres, esta se incrementa al ser lesbianas. De hecho, muchas veces el término lesbiana se usa como insulto”, asegura Carreño.