Hechos apuntan a las armas

El repunte de los índices delictivos en todo el país, tal como lo señala la estadística nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fortalece la propuesta del senador Jorge Luis Preciado y la de la Asociación Mexicana del Rifle (AMR) A.C., que insisten en ampliar las facultades legales a los ciudadanos para la portación de armas, en uso de su legítima defensa.

“Tenemos todo el derecho a defendernos, es un derecho constitucional, pero si el Estado no quiere garantizar la seguridad, los ciudadanos no tenemos por qué perder este derecho”, expresó el presidente de la AMR A.C., Luis Antonio Merino González, y detalló que las estadísticas oficiales muestran que los delincuentes le siguen pegando fuerte a la sociedad.

“Por el solo hecho de que traen mejores armas, y saben que la población se encuentra indefensa por la restricción en el uso de armas de fuego, más allá de su domicilio”.

De acuerdo al Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016, con fecha de corte al 31 de octubre pasado, el número de homicidios en todo el país creció, solo en un mes, en más del 0.6 por ciento.

“Lo que revela que el Estado mexicano no es capaz para frenar la ola de violencia en la que se encuentra inmersa la sociedad”, consideró.

Desde su punto de vista, aun cuando en la actualidad la ley reconoce la posibilidad de portar armas por parte de los ciudadanos “la política de entrega de licencia (para portación de armas), es poco clara; no a todos los ciudadanos se les brinda ese derecho que ofrece la ley”. 

La AMR A.C. insiste en la modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que se establezcan en la letra los criterios bajo los que se debe regir la entrega de licencias por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se pretende incluir que se incremente el número de calibre de las armas que puedan ser portadas por los ciudadanos.

“No es posible que los delincuentes porten armas de asalto, cuando el ciudadano solo puede tener acceso a pistolas de bajo calibre”, denunció.

El calibre menor que utilizan los delincuentes es .9 milímetros, pero por lo general utilizan armas de calibre .40 milímetros y en ocasiones hasta .50 milímetros, reveló Merino González.

“Que ya son armas antiaéreas, ante las cuales resultan resorteras las armas de bajo calibre autorizadas a la población”.

Hablan las estadísticas

Para el líder nacional de la Asociación Mexicana del Rifle, tácitamente el propio Gobierno federal está reconociendo la viabilidad de la propuesta para ampliar las facultades civiles en el uso y portación de armas de fuego.

Pese a la instalación de una política oficial de combate a la delincuencia, refutó Merino González, los homicidios de civiles siguen al alza.

Las cifras oficiales indican que, hasta el 31 de octubre pasado, el número de asesinatos registrados en todo el país llegaba a 32 mil 662, siendo los estados de Veracruz, Chiapas, Jalisco y Estado de México los que mayor repunte registraron.

Otros estados en donde la incidencia de homicidios se mantuvo al alza, con relación a las cifras logradas un mes antes, son Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco, en donde la mayoría de las víctimas no fueron criminalizadas ni relacionadas con las estructuras de los cárteles de las drogas.

“La política regulatoria de armas que ha llevado el Gobierno federal por más de 45 años está 

demostrando que no es la mejor vía para la solución al problema de inseguridad que vivimos, por lo que ahora toca darle paso a la propuesta para que la ciudadanía se arme, en estricto derecho que le otorga la Constitución para su legítima defensa”, explicó Merino González.

Su visión se soporta en la estadística oficial del Sistema Nacional de Seguridad (SNS), la que revela que en lo que va del año, en ningún otro periodo se ha podido disminuir el índice de homicidios con relación a las cifras alcanzadas en el mes de enero.

Tiempo de los ciudadanos

Los hechos apuntan a las armas, dijo el líder de la AMR A.C., quien desestimó la posibilidad de que a mayor cantidad de armas puedan incrementar más los delitos.

“Eso es una falacia pues las armas ya están en las calles, y las tienen los delincuentes”.

Estimó que se le tiene que dar a los ciudadanos la posibilidad de defenderse ante los criminales.

“Y esa posibilidad solo se dará en cuanto se elimine el criterio de la Sedena para portar armas, con reglas más claras y criterios más específicos, después de todo, el permiso para portar armas ya está en la ley, pero es letra muerta, porque a veces no se otorga dicho permiso por el criterio de personas, no del Estado”, expresó Luis Antonio Merino González.

Dijo que la propuesta de la AMR A.C., de la mano con la iniciativa del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, busca que el proceso de entrega de licencias para la portación de armas de fuego sea transparente, no esté sujeto a criterios personales o de funcionarios en turno, y de ser posible se derogue dicho criterio para que haya vía libre en la portación de armas.

Consideró que el Estado no puede dejar indefenso al ciudadano ante la ola delictiva que vive el país y el fracaso que a su criterio ha representado el control de armas, por lo que deben eliminarse las campañas de despistolización.

“Que son anticonstitucionales porque desarman a la sociedad, pero no a los delincuentes. Ellos no respetan las leyes, por eso no podemos dejar a los ciudadanos indefensos”.

Enfatizó que si el Estado, en el artículo 31 de la Constitución obliga a los ciudadanos a tomar las armas para defender el país, el territorio y la seguridad interior, no tiene por qué evitar que también el ciudadano tome las armas para la defensa de su vida, su propiedad y su familia.