Movimiento Ciudadano vincula a PRI con empresa fantasma en Nuevo León
Movimiento Ciudadano afirmó que administraciones priistas contrataron servicios de empresa fantasma; acusan "fachada" para espionaje
Jorge Eduardo Villagómez AréchigaEn una nueva denuncia pública, Movimiento Ciudadano acusó a diversas administraciones del PRI en la entidad, así como a la del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco“, de celebrar contratos millonarios con una empresa fantasma presuntamente vinculada al espionaje.
Miguel Alfonso Meza, especialista en litigio estratégico y derecho anticorrupción, afirmó este lunes que dichos contratos, otorgados entre 2017 y 2019, suman un total de 116 millones de pesos facturados por la empresa Murata, misma que fue declarada como fantasma por el SAT en 2021.
🔴⚡️#ULTIMAHORA
Y ahora @MovCiudadanoNL denuncia que durante la gestión del exalcalde de Monterrey @AdrianDeLaGarza (ahora candidato a la alcaldía regia) se contrató empresas presuntamente fantasmas a través de la secretaría de Seguridad. pic.twitter.com/vxuynvG92l— César Cepeda (@cesarmty) April 15, 2024
Incluso, se afirmó que no existe constancia de que estos servicios verdaderamente se hayan prestado a las administraciones que los solicitaron, dejando entrever que sirvieron como una “fachada” para adquirir tecnología de espionaje.
“En su página de internet, que ya fue borrada, Murata establecía como su perfil de servicios, que era una empresa de corte naval militar (…) Su perfil estaba enfocado además a tareas que propiamente se pueden considerar de ‘espionaje’“, se aseguró en un comunicado posterior, en el que se afirma que el concepto original de la compra correspondía a kits de primeros respondientes y talleres en torno a la seguridad vial, la salud y la equidad de género.
¿Quiénes resultaron ‘salpicados’?
Entre las administraciones señaladas destacan la de Francisco Cienfuegos y Cristina Díaz, en Guadalupe, así como la de Heriberto Treviño en Juárez, la de Javier Caballero en Santiago y la de Adrián de la Garza, en Monterrey, además de la gestión estatal del independiente Jaime Rodríguez en Nuevo León.
Meza afirmó que la propia Fiscalía General de Justicia, a la que acusó de estar “en control” de De la Garza, también facturó servicios a Murata por hasta 26 millones de pesos.
“Murata fue declarada como empresa fantasma en 2021; el SAT determinó que todas sus operaciones eran
inexistentes y, por lo tanto, todos los comprobantes fiscales que habían emitido eran falsos”, explicó Meza, quien agregó que la supuesta persona que aparece como representante legal de la empres, Nino Paolo Ferrari Rodríguez, no tiene relación alguna con la prestación de los servicios ofertados por Murata, ya que la firma registrada por el mismo ante el INE no coincide con la de los contratos.
Incluso, agregaron que Ferrari Rodríguez se dedica al tatuaje y el diseño gráfico, por lo que las operaciones habrían sido llevadas a cabo por un ‘prestanombres’ conseguido mediante el robo de identidad.