Mientras el proceso para limitar la subcontratación laboral en el país avanza, las dudas en torno a la generación de empleo formal y la recuperación de las empresas en 2021 crecen.
El pasado lunes representantes del Gobierno federal, líderes empresariales y sindicales acordaron continuar con el proceso legislativo para prohibir el outsourcing y regular la subcontratación de servicios especializados distintos al objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
También se estableció que la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo integre la posibilidad de generar un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como un plazo de tres meses para integrar a la nómina del patrón real a todos los trabajadores subcontratados.
Sin embargo, bajo la sombra del paro económico y la crisis laboral que generó la pandemia por COVID-19, surgen dudas en torno a si la nueva legislación impactará de manera positiva las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos y permitirá a las empresas llevar a cabo cambios en sus nóminas.
Incluso preocupa que la limitación de la figura del outsourcing genere un aumento de la informalidad laboral a través del pago por honorarios o la liquidación de empleados subcontratados para integrarlos sin contrato en las mismas empresas para las que trabajan.
“Lo único que puede detener (la irregularidad laboral de los trabajadores) es una adecuada supervisión, vigilancia y sanción a las empresas que tengan este tipo de prácticas (…) Cada día el trabajo formal cuesta más dinero, hoy por hoy cuesta 35 centavos por cada peso bruto ganado, pero con el aumento patronal a las pensiones de aquí a 2030 se va a incrementar a 44 por ciento”, explica Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
El especialista insiste que, además de la subcontratación, las estrategias para evadir el pago de cuotas obrero patronales por parte de los empresarios o cumplir con los costos sociales de los trabajadores, han permeado en el mercado laboral, en gran medida porque nunca se aplicaron las normas actuales en materia de tercerización.
Una encuesta de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) publicada en la primera quincena de marzo de 2021, confirma la baja probabilidad de que los empresarios integren a sus trabajadores a la nómina.
Aproximadamente 60 por ciento de los dueños de empresas encuestados señalan que en caso de que se elimine la figura de subcontratación integrarían a sus empleados por honorarios o asimilados a salarios.
“Tenemos alrededor de cuatro millones de personas subcontratadas (en el país) pero existe el riesgo de que se integren a las filas de la informalidad (…) no se están cerrando las posibilidades de la informalidad laboral en el país con esta propuesta de reforma”, explica Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
El especialista además agrega que de los 2.7 millones de empleadores que hay en el país, aproximadamente un millón paga la seguridad social de sus empleados.
“La mayoría de los empleadores no pueden pagar la seguridad social, sobre todo los micro y pequeños que han tenido más dificultades en esta situación económica, no tienen para decir: yo te contrato con todo”, explica.
La pandemia afectó a 85.1 por ciento de las empresas mexicanas con la disminución de sus ingresos, la caída de la demanda y la escasez de insumos o productos.
Además, únicamente 5.9 por ciento reporta haber recibido algún apoyo por parte del gobierno o cámaras empresariales, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por las Empresas (ECOVID-IE 2020), elaborado por el INEGI.
Acuerdo de élites en subcontratación
El análisis y discusión en el Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma para limitar el outsourcing se detuvo desde su presentación en noviembre de 2020 a petición de grupos empresariales con el objetivo de generar una discusión informada y con todos los involucrados en el mercado laboral, sin embargo, los acuerdos de esta semana ocurren entre élites empresariales, sindicales y el gobierno, advierte Leñero.
En específico, acusa que el acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades en el que se crean dos modalidades atiende a los intereses de empresas de uso intensivo de capital.
“Hay empresas que por su magnitud si repartían las utilidades como es correcto y generaban una cantidad equivalente a un año, pero lo que están haciendo estas modificaciones es limitarlo a 90 días de reparto”, explica.
