Víctimas: desdén y burocracia

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) naufraga entre la indiferencia y los reclamos de miles de víctimas de derechos humanos que no pueden acceder a las indemnizaciones.

El Registro Nacional de Víctimas (Renavi) ha logrado documentar menos de 4 mil personas víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos desde que se creó la Comisión, a petición de la organización del activista Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Es una cifra irreal considerando las miles de ejecuciones y asesinatos y casos de desaparecidos que se suscitan en el país.

De los mil 500 millones de pesos que se han destinado para el Fondo de Víctimas, los comisionados de la CEAV sólo han autorizado 67 millones para apoyos a víctimas y sus familiares, que equivalen a 4.4 por ciento de los recursos asignados para este fin.

“Al 9 de marzo pasado, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral entregó 63 millones 190 mil 296.41 pesos en beneficio de 160 víctimas englobados en 17 casos; mientras que está en trámite de pago una compensación subsidiaria por delito del orden federal por cerca de 4.3 millones de pesos, en beneficio de cinco víctimas indirectas”, indicó la Comisión.

Uno de los principales problemas para la entrega de recursos para las víctimas, lo cual ha sido criticado por diversas organizaciones civiles, es que deben acreditar su condición a través de una sentencia judicial o recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Pese a que existe una cifra negra en el registro de víctimas, quienes por miedo a represalias no buscan integrar este registro, hay casi 4 mil personas que buscan ser reconocidas como ofendidos en todo el país. 

El Registro Nacional de Víctimas (Renavi) indica que ante la institución han ingresado 3 mil 949 trámites de solicitudes de ingreso, en su mayoría mediante el Formato Único de Declaración que otorga la CEAV.

De estos casi 4 mil casos, mil 864 son de mujeres y 2 mil 085 de hombres. También se contemplan 11 casos de hechos victimizantes que ocurrieron fuera del país, de ellos seis son mujeres y cinco hombres, así como 81 casos (45 mujeres y 36 hombres víctimas) en que no se puede determinar el lugar en que sucedieron los hechos.

El estado que presenta mayor número de inscripción de víctimas es Guerrero, con mil 131 (498 mujeres y 633 hombres), en segundo sitio aparece Michoacán, con reporte de 542 afectados (225 mujeres y 317 hombres), le sigue el Estado de México, con 344 víctimas (185 mujeres y 159 hombres). En cuarto sitio está el estado de Tamaulipas, que ha sido azotado en los últimos años por una ola de violencia, con 252 registros de víctimas (119 mujeres y 133 hombres) y en quinto sitio está Coahuila, con 230 reportes de víctimas (121 mujeres y 109 hombres).

La deuda del Estado

La dificultad para acreditar el estatus de víctimas y poder así obtener derecho al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral genera que de este universo de 3 mil 949 personas que han solicitado apoyo del Renavi, sólo 160 hayan podido tener derecho a recursos del fondo. 

Lo que muestra que una deuda del Estado con las víctimas es precisamente la reparación del daño.

Las víctimas se han quejado del apoyo oficial incluso a través de la plataforma de transparencia. Un solicitante molesto preguntó a través de ésta al comisionado presidente Jaime Rochín del Rincón por qué la demora en la atención para recibir los apoyos.

“Licenciado Sergio Jaime Rochín del Rincón”, escribió un solicitante de información en la plataforma, “le comento que soy usuario del CEAV desde el 2014, que fui canalizado a este centro a su cargo pero a pesar de haber sido atendido por diferentes personas de dentro no he podido recibir una respuesta en tiempo y forma, motivos por los que solicité una cita con usted personalmente, pero me la han negado con mil y un pretextos.

“Solicito que me indique los requisitos para solicitarle una cita y los tiempos de respuesta, esperando no tarden o hasta me perjudiquen más para atenderme”, dice la solicitud.

La CEAV únicamente respondió que “el comisionado presidente ha procurado que todas las personas sean atendidas dentro de las distintas áreas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o en su caso canalizadas a otras instancias para que reciban la atención y orientación correspondiente”.

La CEAV sólo se encarga de los afectados de violaciones por delitos del ámbito federal.

Pese a que debe ser integrada por siete comisionados, la Comisión está integrada por cuatro, lo cual se suma como otro factor en los retrasos para la atención de los casos de víctimas en el país.

Los comisionados de la CEAV, quienes rindieron protesta el 10 de octubre de 2013, deberán sesionar al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria cada que la situación urgente así lo requiera.

En el sitio de Internet aparece como comisionado presidente Sergio Jaime Rochín del Rincón y los comisionados Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave y Julio Antonio Hernández Barros, y también se indica que el pleno estará integrado “por siete comisionados”.

El comisionado presidente de la CEAV ha puesto sus esperanzas en que con la Ley de Víctimas que se prevé se eche a andar el 30 de abril se reduzca la burocracia y con ello incremente la entrega de fondos para las víctimas, sobre todo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Falla la CEAV

A principios de 2013, el Gobierno Federal calculó que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa murieron 70 mil personas en hechos de violencia. 

Detrás de estas muertes existen caras y rostros que requieren ayuda económica y respaldo psicológico y que hoy viven y en lugar de ser una preocupación, parece que son una carga que no quiere sobrellevar el Estado, aunque existe un fondo operante de mil 500 millones aprobado para ese fin.

Aunque la CEAV no es un órgano de investigación ni de administración de justicia, por lo que no indaga, ni persigue, ni juzga, ha fallado en sus funciones para dar atención a quienes han sido víctimas de un delito del orden federal o de una violación a los derechos humanos. 

Las propias cifras de la Comisión revelan que para tener acceso a la reparación del daño es insuficiente con haber sido víctima… hay que demostrarlo.

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