En México, la violencia familiar es un problema que cada año crece y en los casos más graves llega a escalar hasta el feminicidio. Sin embargo, desde hace cuatro meses, los refugios y centros de atención externa que se dedican a la prevención, atención y protección especializada de niñas, niños y mujeres víctimas de violencia doméstica no reciben los recursos públicos que les corresponden.
Se trata de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 destinados a la operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género 2022, que en total suma un monto de 420.2 millones de pesos.
De acuerdo con la Red Nacional de Recursos (RNR), originalmente la partida había sido etiquetada en la Secretaría del Bienestar, pero con la intención de articular los servicios de primer, segundo y tercer nivel, se buscó trasladar este programa.
Actualmente, está bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (CONAVIM) que depende de la Secretaría de Gobernación, pero los cambios han provocado retrasos en la liberación de los recursos.
“Lo que se traduce en la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y sus hijas e hijos sobrevivientes que se encuentran dentro de estos espacios así como de las profesionales que brindan las atenciones y acompañamientos especializados”, ha señalado la RNR.
Atención urgente para las víctimas
Debido a que en el país cada día 10 mujeres son víctimas de violencia feminicida, es urgente que existan instituciones para erradicar y garantizar una vida libre de violencia, pero ante el vacío institucional en el país, los refugios y centros sirven de apoyo a las víctimas.
Tras 36 días de peticiones, finalmente este pasado 11 de mayo se publicaron los lineamientos de operación del Programa de Refugios 2022, donde aparece la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (CONAVIM) como responsable.
Sin embargo, la Red advierte que este es solo un primer paso y aún existen diversos pendientes para que el presupuesto designado pueda ser liberado.
Entre estos se encuentran la firma de un convenio entre CONAVIM y la organizaciones que operan los refugios; la liberación de la primera ministración del recurso asignado a cada organización; y la transferencia a cada refugio y centro externo para cubrir servicios detenidos por el retraso de los recursos, entre los que se encuentran rentas, medicinas, alimentos y honorarios.
Violencia que crece
Tan solo de enero a marzo de este año, 229 mujeres han sido víctimas del delito de feminicidio a nivel nacional; mientras que 628 del delito de homicidio doloso, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además, los delitos de violencia familiar han crecido de forma alarmante en los últimos siete años. Sobre todo durante la pandemia de COVID-19, debido a que por el confinamiento, muchas mujeres y sus hijas e hijos, se vieron obligadas a permanecer con sus agresores.
Las cifras del SESNSP indican que en el primer trienio de 2022 se han registrado 56 mil 224 denuncias por violencia familiar; de seguir la tendencia se puede superar el número de delitos cometidos el año anterior. En 2021 se reportaron 253 mil 736; mientras que en el 2020 fueron 220 mil 031.
Exigen entrega de recursos
Ante la situación anterior, el Colectivo Rebeldes Con Causa, conformado por exdiputadas federales de la LXIV Legislatura, exigen a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López, que se entreguen estos recursos.
El colectivo señala que los presupuestos asignados a estos Refugios y Centros de Atención no solo han sufrido retrasos, sino también de una grave merma o disminución de los montos mensuales acordados, lo cual afecta gravemente su operación.
“Esto se debe no solo a los cambios en las reglas de operación, sino a los cambios en adscripción de este programa de una secretaría a otra. Actualmente está bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (CONAVIM) que depende de la Secretaría de Gobernación”, señala el colectivo en un comunicado.
Sin embargo, las exlegisladoras advierten que la crisis más significativa en la operación y funcionamiento de los refugios y centros de atención es la que se vive actualmente, pues ya van cinco meses que no reciben el presupuesto que les fue asignado, lo que puede provocar que estos lugares cierren en cualquier momento.
Ya que estos lugares atienden a miles de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia que se encuentran en condición de sobrevivientes con afectaciones socioemocionales y físicas graves.
Por ello exigen a la Secretaría de Gobernación que los recursos sean liberados de manera inmediata y que éstos sean garantizados durante los doce meses del año.