La corrupción inmobiliaria pone en peligro a los capitalinos por obras ilícitas con la venia de las autoridades. En la alcaldía Miguel Hidalgo los habitantes del predio ubicado en General Francisco Murguía 86, colonia Escandón, denuncian que su patrimonio quedó en alto riesgo y, pese a contar con dictamen de daño estructural y sentencia a favor, aseguran que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) se rehúsa a investigar desde el 2022.
Gabriela Sterlin lleva casi tres años buscando respuestas, reparación del daño y justicia por los estragos que le ocasionó a su propiedad la construcción del edificio en cuestión, mismo que provocó filtraciones desde el acuífero y daño estructural en las viviendas del predio colindante ubicado en la calle General Francisco Murguía 88.
“Fue el director jurídico de Mauricio Tabe quien le retiró los sellos, no sabemos quién la licitó porque la Contraloría no nos quiere decir. A final de cuentas este hombre quita los sellos de una obra peligrosa, permiten que se construya dejándonos en alto riesgo, no mitigan, nos dejaron con grietas, se me pasó el acuífero”, relató a Reporte Índigo la mujer de 60 años de edad.
Sterlin hace referencia a César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo ―encabezada por Mauricio Tabe―, mismo funcionario del que el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó su destitución por un año en septiembre pasado, a consecuencia de no haber implementado acciones preventivas para los edificios colindantes al desarrollo inmobiliario realizado en Francisco Murguía 86.
Cabe señalar que Garrido ya había sido suspendido por 90 días de su cargo en 2022 por la Contraloría General de la Ciudad de México (CDMX); no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió cancelar la suspensión temporal en contra del funcionario de Miguel Hidalgo en diciembre de ese año.
Actualmente, los afectados sostienen que pese a la evidencia del daño, las autoridades “se han hecho de la vista gorda”, e incluso, señalan que la polémica construcción ya se comenzó a habitar sin autorización de uso y ocupación.
En cambio, la postura de la alcaldía, misma que fue consultada por este diario, señala que “ningún funcionario de la demarcación actuó de manera ilegal o indebida”, por lo que se deslindaron de cualquier responsabilidad y acusaron persecución política, presiones y uso de magistrados desde el Gobierno de la CDMX para sancionar a funcionarios de oposición.
“Se recurrió a otra instancia que es el amparo directo en el Tribunal Colegiado, ya está presentada. Esta determinación no está firme ni es ejecutable en tanto el Tribunal Colegiado no resuelva. No hubo responsabilidad administrativa y César Garrido sigue en funciones”, puntualizó la alcaldía Miguel Hidalgo.
Asimismo, la demarcación sostiene que en 2022 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó mediante una opinión técnica que no había riesgo en los predios colindantes a Francisco Murguía 86.
¿Cómo opera el ‘Cártel Inmobiliario’ en la alcaldía Miguel Hidalgo?
En 2020, las excavaciones para el edificio de 15 departamentos comercializados por la empresa inmobiliaria Llave que se construyeron en General Francisco Murguía 86, provocaron que el manto acuífero se filtrara en el edificio colindante marcado con el número 88, donde aparecieron hundimientos y grietas que afectan la vida de 12 familias.
“El problema es que quedamos en riesgo inminente, y aquí está la insensibilidad de todas las instancias, incluyendo la alcaldía Miguel Hidalgo, porque ante un sismo pues podemos morir”, indicó Sterlin, quien es una de las cuatro propietarias que han iniciado acciones legales por las afectaciones en General Francisco Murguía 88.
Para 2022, las autoridades de la demarcación clausuraron los trabajos por las filtraciones a los edificios contiguos y, en mayo de ese año, el Instituto de Verificación Administrativa colocó sellos de suspensión, mismos que fueron retirados cuatro días después presuntamente por instrucción de Garrido.
La afectada, indicó que el mismo modus operandi del llamado “Cártel Inmobiliario”, que se persiguió el sexenio pasado en la alcaldía Benito Juárez. No obstante, cuestionó la falta de actuar de las autoridades en su caso, pese a que la mayoría de los afectados son personas discapacitadas y de la tercera edad.
“Llevo tres años con esta lucha, los vecinos ya se quieren ir, no saben a dónde, las autoridades dicen ‘no te tienen que pagar si no tienes grieta’, y a mí eso me da mucha gracia porque es como cuando vas a la Fiscalía que te dicen ‘pues no tienes sangre, ¿qué denuncias?’ es casi lo mismo con el riesgo latente de un edificio donde el daño está por debajo”, explicó la mujer de 60 años de edad.
Sterlin puntualizó que el caso tiene muchas similitudes con la red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, pues el representante legal de la obra es Víctor Stolkin, señalado por la entrega de departamentos con problemáticas de agua y electricidad en dicha demarcación, y por la relación laboral que sostuvo Garrido entre 2009 y 2015 con Luis Vizcaíno, quien actualmente está vinculado a proceso por asociación delictuosa, y fuera exdirector jurídico en Benito Juárez.
En septiembre de 2022, los habitantes de Francisco Murguía 88 consiguieron que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) confirmara, a través del oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DDAFA-08560/DGAP/2022, que el agua en el inmueble no se trataba de una fuga, sino que provenía del manto freático.
“Personal de Análisis de Gestión de la Calidad del Agua y del área de Atención a Fugas No Visibles realizó inspección en los nos. 86 y 88 de Francisco Murguía, debido a que estos son los usuarios que reportan, verificando que el origen del agua contenida en el inmueble en cuestión es de origen freático”, confirmó la dependencia capitalina.
“Compruebo que el agua era de acuífero, y luego viene la Fiscalía negligente, que hasta ahorita no quiere investigar. Es frustrante porque se supone que es la Fiscalía que desenmascaró al ‘Cártel Inmobiliario’, pero no resulta ser que la Fiscalía encubre al ‘Cártel Inmobiliario’, otro golpe para las víctimas”, sostuvo Sterlin.
Si bien los afectados señalan que además de la reparación del daño en sus viviendas que oscilaría entre los dos y los cinco millones de pesos; buscan que se haga justicia y se castigue a los responsables, pues la situación les ha provocado estragos en su salud física y mental.
