Nueve años después del huracán Alex, que dejó 51 víctimas mortales, autoridades federales y estatales pretenden invadir el cauce del Río Santa Catarina a través de la ampliación a la autopista Monterrey-Saltillo.
Un viaducto elevado que sería edificado sobre el derecho de vía de este río fue anunciado el 1 de noviembre por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, el titular del Gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y Carlos Redondo, representante de Roadis México, compañía que tendrá la concesión.
“Se caracteriza por un trazo sobre el derecho de vía del Río Santa Catarina en Monterrey, con una longitud de 7.9 kilómetros (6.1 en viaducto y 1.8 en ramales); y dos enlaces: Viaducto Morones Prieto y Santa Bárbara”, cita el comunicado del Gobierno estatal.
Pero en caso de concretarse, el proyecto violaría la Ley de Aguas Nacionales y criterios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El artículo 100 de la Ley de Aguas Nacionales establece que la Conagua tendría que realizar acciones para evitar que la construcción altere la corriente o ponga en peligro la vida de la ciudadanía.
“La Comisión establecerá las normas o realizará las acciones necesarias para evitar que la construcción u operación de una obra altere desfavorablemente las condiciones hidráulicas de una corriente o ponga en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales”, cita la Ley
Este reglamento también prohíbe la edificación de toda clase de obras y construcciones definitivas que puedan obstruir el flujo de las aguas, modificar el curso de las mismas, alterar en forma parcial o total las zonas hidráulicas existentes.
Por lo tanto, el artículo 188 de la Ley de Aguas Nacionales faculta para demoler cualquier estructura u obra que afecte el cauce del afluente.
“La Comisión notificará la resolución respectiva y, en su caso, procederá a remover o demoler las obras o estructuras a cargo del infractor”, señala el artículo.
Esta dependencia federal ya ha negado proyectos del sector privado como la Acuavía y el Estadio Internacional Monterrey. Incluso, después del huracán Alex ocurrido en 2010, las concesiones a particulares que habían construido áreas deportivas y recreativas sobre el río fueron suspendidas y ya no se volvieron a autorizar construcciones en el cauce.
Riesgo de mayor inundación en Río Santa Catarina
La construcción del Viaducto Santa Catarina sobre el río limitaría la capacidad del cauce, alteraría la corriente del agua y modificaría el ecosistema porque la obra formaría una represa.
El biólogo Antonio Hernández explica que si se construye esta infraestructura se limitaría la capacidad del cauce y podría haber más inundaciones.
“En términos de lo que le interesa a la ciudad es que si pones infraestructura al interior del río le estás quitando capacidad al cauce. En una lluvia catastrófica, es decir, si se viene un Alex, va a haber más inundaciones porque ¿para dónde se va el agua? El espacio que tenías para que se moviera ahora estará ocupado por siete kilómetros de autopista”, dice.
Hernández recuerda que cuando han llegado tormentas tropicales o huracanes, los pilotes de los puentes en el Río Santa Catarina ocasionan un efecto de represa.
“Si el río de por sí ya lo tienes modificado por todos los puentes que existen, agregar siete kilómetros más va aumentar el efecto de inundación”, advierte.
El biólogo considera que la Conagua tiene estos argumentos para no aprobar el proyecto del Viaducto Santa Catarina.
Ciclistas rechazan obra
La organización Pueblo Bicicletero rechazó el proyecto de construcción del Viaducto Santa Catarina, pues considera que se está priorizando el desarrollo a favor del automóvil en lugar de una movilidad sustentable.
“La ampliación de la autopista consolida la priorización hacia el desarrollo de infraestructura en favor del automóvil, en detrimento de obras que favorezcan un sistema integrado de transporte público masivo, así como la movilidad peatonal o ciclista”, sostiene.
Entre las consecuencias que señala la organización están las muertes por contaminación atmosférica, el desplazamiento de peatones y ciclistas en el espacio público por el uso de automóviles particulares y las víctimas por siniestros viales.
En un comunicado, Pueblo Bicicletero reclama que el proyecto se trata de un negocio privado, a favor de la empresa que lo financiará.