El caso del desarrollo Vía Norte, el cual fue clausurado este lunes por orden de un juez por las autoridades nicolaítas, pone bajo la lupa a los líderes del Grupo San Nicolás del PAN, quienes hoy son candidatos a puestos de elección en la entidad.
Se trata de Zeferino Salgado Almaguer, líder de la agrupación quien hoy se postula nuevamente por Acción Nacional a la alcaldía; del alcalde con licencia del mismo lugar Víctor Oswaldo Fuentes Solís quien busca un escaño en el Senado; y de Carlos de la Fuente Flores, diputado federal con licencia y candidato al Congreso local de Nuevo León.
En esta controversia también estaría envuelto Pedro Salgado Almaguer, hermano de Zeferino.
Todos ellos tienen en común el haber sido alcaldes de este municipio del estado de Nuevo León, pero sobre todo el hecho de que sus administraciones estuvieron de algún modo relacionadas con el polémico desarrollo.
Al día de hoy las obras de Vía Norte -que contempla un proyecto para construir un complejo de 264 departamentos y locales comerciales- están suspendidas por una orden del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa que actúo gracias a la presión de un grupo de vecinos que han venido denunciado las irregularidades de la obra.
Esta nueva orden judicial estará vigente hasta que el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva sobre el juicio de lesividad promovido en octubre pasado por el municipio de San Nicolás para revertir los permisos que le había otorgado a la empresa inmobiliaria ZdC, propiedad del empresario Federico ‘Pico’ Zambrano, para la construcción del complejo.
A pesar de que desde hacía casi 7 meses, el propio Tribunal había concedido una suspensión provisional para que se frenaran los trabajos, el ayuntamiento de San Nicolás no había procedido a clausurar la obra ante el descontento de los vecinos afectados.
Los problemas legales derivados de la construcción de la obra y la controversia que ha generado el complejo habitacional y comercial no se podrían entender sin la participación en mayor o menor medida de las administraciones encabezadas por los miembros del llamado Grupo San Nicolás.
Fue en la actual administración municipal, encabezada por el actual candidato al Senado, Víctor Fuentes, quien otorgó las licencias de construcción, a pesar de no contar con el aval del gobierno estatal ni cumplir con los criterios de desarrollo urbano y respeto a la vialidad.
Posteriormente dio marcha atrás en su aprobación y comenzó un proceso legal para revocar los permisos que había otorgado y entró en un pleito legal con la inmobiliaria.
Hasta antes de pedir licencia, Fuentes se había comprometido a clausurar la obra, sin embargo, entre la omisión del municipio y las argucias legales de ZdC pasarían meses antes de que se materializara la suspensión.
Si bien durante la administración de Fuentes fue la que avaló la construcción, habría sido durante el gobierno municipal anterior encabezado por Pedro Salgado cuando se habría admitido el proyecto a trámite, lo que reforzaría la presencia del grupo nicolaíta.
El complejo contemplaba la construcción de 264 departamentos y locales comerciales
También habría sido en los gobiernos municipales anteriores, tanto en la administración del propio Zeferino Salgado entre 2006 y 2009 y la de Carlos de la Fuente entre 2009 y 2012 cuando se pudieron haber sentado las bases para el desarrollo inmobiliario.
En dichas administraciones fue cuando el ayuntamiento de San Nicolás habría reconocido al predio sobre el que hoy se construye Vía Norte como propiedad privada, abriendo la posibilidad de una construcción como la que comenzó a edificarse en 2017 a pesar de que en el Plan Metropolitano del año 2000 esa zona estaba contemplada como área municipal.
La controversia
Fue en febrero de 2017 cuando el ayuntamiento de San Nicolás, encabezado por el panista Víctor Fuentes autorizó la construcción de Vía Norte, una decisión que desde el primer momento generó una gran inconformidad entre los vecinos de los alrededores y un enfrentamiento del municipio con el gobierno estatal.
La principal razón en contra de la obra ha sido principalmente por el predio en donde se proyectó el complejo: el Fraccionamiento Barragán Rieles, a un costado del trazo para la continuación del Anillo Vial Metropolitano que conectará a San Nicolás con la zona poniente de Monterrey, que además ha sido identificada como de riesgo hidrológico alto.
A las protestas de los vecinos de San Nicolás por la problemática que les genera el desarrollo tanto en temas de movilidad como de su propia seguridad se sumó también el rechazo del gobierno estatal para avalar la obra porque atentaría contra el proyecto del Anillo Vial trazado desde el año 2000 en el Plan Metropolitano.
En agosto, la administración estatal a través del titular de Secretaría de Desarrollo Sustentable encabezada por Roberto Russildi argumentó que la obra no tenía aval por parte del estado debido a que el Anillo Vial Metropolitano requería un derecho de vía de al menos 45 metros y la inmobiliaria ZdC solo contemplaba ceder 10.8 metros para vialidad y banquetas.
Finalmente el ayuntamiento de San Nicolás cedería a la presión, y a principios de octubre promovió un juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa que días después determinaría la suspensión de las obras.
Sin embargo, por medio de amparos y ante la impasibilidad de las autoridades municipales, la inmobiliaria continúo con la construcción del complejo hasta el pasado lunes cuando la autoridad judicial emplazó nuevamente al ayuntamiento a detener la obra bajo advertencia de incurrir en desacato en caso de ignorar el mandato.
El juicio aún podría alargarse algunos meses e incluso podría llegar a resolverse hasta después del cambio de ayuntamiento.
Precisamente uno de los candidatos a la alcaldía de San Nicolás es el propio Zeferino Salgado, quien va por su segundo periodo de alcalde y que parece estar envuelto en la controversia por la construcción del complejo.
