Verificación entre dudas

La propuesta del Gobierno de Jaime Rodríguez de implementar la verificación vehicular no puede arrancar sin antes tener un reglamento para su operación, pues sería ilegal destinar dinero a algo que no está regulado.

El 26 de diciembre, el Congreso de Nuevo León autorizó el aumento a este cobro que será aplicado en vehículos con el rango de antigüedad 2009-2019. Pero lo recaudado no alcanzaría para verificar todos los coches que circulan en el área metropolitana, que se estima son dos millones 500 mil autos.

Este miércoles 15 de enero, el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, informó que de los 200 millones de pesos para medio ambiente que aprobó el Congreso local en el presupuesto, 10 se destinarán a estudios que hará el Instituto Mario Molina para diagnosticar la problemática.

Una de estas investigaciones consiste en un análisis tecnológico para conocer cómo deberá proceder la verificación pero no se tiene fecha para la obtención de resultados.

Los diputados del Congreso local tendrán que crear un reglamento para la operación, además de una Ley que contemple las verificaciones en autos particulares, pues en la Ley Ambiental estatal sólo están considerados los vehículos de transporte.

El biólogo y activista Antonio Hernández Ramírez considera que el Congreso tendrá que intervenir para que no se concrete la verificación vehicular, hasta que no se tenga un plan integral para operar

“La verificación no está regulada, no hay una Ley o un reglamento que diga que la verificación se tiene que hacer de un modo. Entonces, desde mi punto de vista se requiere la intervención del Congreso”, señala.

Entre 1991 y 1996, durante la administración de Sócrates Rizzo, se creó la verificación; sin embargo, fue revocada por actos de corrupción. En ese entonces había un parque vehicular menor al que se tiene ahora, por lo que será más costoso si se pretende que sea gratuita como avalaron los legisladores.

“Por los montos que se determinaron no alcanzaría verificar todo el universo de vehículos, sólo va a rendir para una parte, el Inegi habla de 2 millones y medio”, adelanta Hernández Ramírez, quien es asesor en temas ambientales del diputado morenista Luis Armando Torres Hernández.

Además del refrendo, el Congreso local aprobó aumentar el costo de la licencia 60 por ciento, la reposición de placas 90 por ciento y la tarjeta de circulación 50 por ciento.

Los regiomontanos, además, tendrán una nueva contribución por emisiones atmosféricas de más de 11 mil pesos, sin aclarar a quiénes y en qué situaciones se aplicará esta medida.

Impuesto ¿para qué?

Diputados del Congreso local no saben cómo gastarán 200 millones de pesos recaudados con el alza del refrendo de 40 por ciento, pues sólo se han limitado a informar que serán destinados a la verificación vehicular y a la inversión en hospitales.

Es decir, aprobaron un incremento sin tener algún plan para actualizar las cifras de las emisiones de los autos o contar con un estudio en profundidad sobre la contaminación en el área metropolitana.

La información más reciente del gobierno fue dada a conocer en 21017, cuando las autoridades revelaron que 45.4 por ciento de las emisiones contaminantes en Nuevo León provienen del parque vehicular pero abarcan a otras fuentes área, fijas y naturales.

Ecologistas de Nuevo León, como Antonio Hernández Ramírez, han manifestado que el problema de la contaminación no es exclusivo de los autos.

Este miércoles, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó sobre el monto destinado a estudios, luego de una reunión con el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo; el diputado federal, Víctor Pérez, y el legislador local, Jesús Nava.

El diputado del PAN consideró que antes de aplicar la verificación vehicular, primero se necesita un análisis completo de la contaminación. Señaló que no se tendría que empezar con los autos particulares.

“El tema de la verificación vehicular no se debe empezar con el automovilista, debemos de empezar con el transporte de carga y público”, dijo Nava.

En este sentido, el secretario Vital dijo que el Gobierno del Estado y los municipales tendrían que poner el ejemplo con tener unidades de transporte que no contaminen.

“Entonces empezaremos con los que tenemos atribuciones y los vehículos propios de Gobierno”, dijo el funcionario estatal.

Vital aprovechó para enlistar los estudios a realizarse para combatir la contaminación que existe en el área metropolitana. Con base en los resultados se determinará la forma de operar de la verificación vehicular.

Se trata de un estudio de Monitoreo Ambiental, el Plan Metropolitano, la Red de Monitoreo, el Monitoreo de Partículas PM 2.5 y su relación con los hidrocarburos y la ubicación de las Estaciones de Monitoreo.

Será el propio Instituto Mario Molina el que ponga la tecnología y trabaje de tiempo completo para publicar en la aplicación Aire NL y en la página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable los avances.