“Yo no sé qué más puede hacer un periodista veracruzano para proteger su vida. Hay una autocensura hasta el tope y los matan de todas maneras”.
En pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa dos periodistas más aparecieron muertos en el estado de Veracruz.
Los cuerpos sin vida de los reporteros gráficos Gabriel Huge y Guillermo Luna, del diario Notiver, fueron hallados este jueves desmembrados y con señales evidentes de tortura, según versiones preliminares de la policía.
Versiones extraoficiales señalan que en el mismo sitio fueron hallados los cadáveres de otro comunicador y de una mujer cuya identidad aún está por confirmarse.
La noticia enlutó, de nueva cuenta, al gremio periodístico así como a diversos sectores de la sociedad mexicana. Y fue inevitable que se convirtiera en un tema central del Foro Libertad de Prensa 2012, convocado por la organización Freedom House.
La mesa principal del evento que tuvo lugar ayer en el Colegio de México estuvo presidida por Mariclaire Acosta (Freedom House México), Karin Deutsch Karlekar (Freedom House Nueva York), Javier Hernández Valencia (OACNUDH), Sergio Aguayo (Colmex), Javier Sepúlveda (CNDH) y los periodistas Mike O’Connor, Darío Ramírez, Roberto Rock, Leonardo Curzio, entre otros.
Y también en la mesa estuvo presente la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR).
Fue a la fiscal Laura Angélica Borbolla a quien el periodista Rogelio Hernández López le inquirió, ante todos los presentes, si esta vez el gobierno federal “sí va a hacer algo”.
El cofundador de la Casa de los Derechos de Periodistas afirma que ya es evidente que hay “un patrón de comportamiento en Veracruz y un patrón de los periodistas a los que vienen matando”.
En entrevista con Reporte Indigo Hernández recuerda que tras la muerte de la familia López, acontecida en junio pasado, representantes de CENCOS , Amarc, Reporteros sin Fronteras y la propia Casa de los Derechos de Periodistas, le hicieron una petición a la Secretaría de Gobernación, a través del fiscal Gustavo Salas. Ésta se refería a que enviaran una misión disuasiva a Veracruz con el fin específico de proteger a unos 16 ó 18 periodistas que estaban amenazados y en zona de alto riesgo.
Pero el “mecanismo de protección” gubernamental no sirvió de nada. En esa lista figuraba Regina Martínez, la corresponsal del semanario Proceso, y otros colegas también asesinados recientemente.
Esta vez, la petición del actual coordinador de Protección a Periodistas de la Casa de los Derechos de Periodistas le volvió a plantear a la autoridad:
“Hagan una misión especial, pero ahora de investigación, porque son ocho periodistas asesinados y vinculados todos con la fuente de justicia política. Esos que han matado tienen esa fuente común; la mayoría ha pasado por Notiver; ése es un patrón”.
El otro patrón en los crímenes acontecidos, narra Hernández, es la forma cómo los han estado matando. Es el caso de Miguel Ángel López Velasco, su hijo menor, el fotógrafo Misael López Solana, y la esposa del periodista. Ellos tres, al igual que Regina Martínez, fueron ejecutados en sus domicilios.
A los reporteros gráficos cuyos cuerpos fueron encontrados este jueves, los “levantaron” juntos. “Son modos de operación de quienes acechan, de quienes calculan, de quienes hacen estas cosas”, dice Rogelio Hernández.
La fiscal Laura Angélica Borbolla respondió que, de inmediato, se trasladaría a Veracruz. Que “para ella era una obligación y que había abierto una averiguación previa en coadyuvancia con la procuraduría del estado”, cuenta el periodista. Pero, agrega, su petición esta vez va en otro sentido:
“El problema es que tenemos la sospecha de que sectores del gobierno del estado están involucrados con la delincuencia organizada. Ellos no solamente no investigan sino que pudieran estar proveyendo de información a quienes están cometiendo estos crímenes”.
Luego de que, desde mediados del año pasado, se advirtiera al gobierno federal que entre 16 y 18 periodistas formaban parte de un “círculo de riesgo”, la vida de los comunicadores se modificó de forma radical.
“Algunos de ellos se cambiaron de zona geográfica; algunos de ellos los tuvimos que sacar no sólo del estado sino del país. Pero de todos modos quedan ahí algunos que siguen amenazados. Que corren el riesgo de ser asesinados”.
Justo en el momento en que se realizan las investigaciones para esclarecer el homicidio de Regina Martínez, es que aparecen los cadáveres de otros periodistas.
“Parece una burla”, se le comenta al entrevistado. A lo que responde:
“En el argot policiaco, ellos mismos saben que, cuando hacen investigaciones de verdad, y con cautela, lo menos que tienen que hacer es andar provocando.
Tengo la impresión de que es la infiltración que tienen en la Procuraduría la que hace que los colegas sean susceptibles de ser atacados”.
Y agrega: “la señal que nos mandan a todo el país es que la incapacidad demostrada, por lo menos en los últimos cuatro años del gobierno federal, es monumental”.
Prueba de ello es que el mecanismo de protección que debió permanecer en Veracruz, la propia fiscal especial de la PGR confirmó ayer estaba inactivo. Borbolla, dijo, que ella fue quien solicitó se reactivara con el caso de Regina.
“Esa es la actitud del gobierno federal. Y en el caso de las procuradurías solamente dicen los primeros días que están investigando y después no lo hacen”.
Es por ello, afirma Hernández que van a tener que armar comités de pares con la revista Proceso, “para que seamos los propios periodistas los que investiguemos los casos porque, así como van, van a seguir cayendo y nos preocupa que, si caen en Veracruz, puedan hacerlo en otro lado y la autoridad realmente no está haciendo nada”.
Los siguen matando
“Yo no sé qué más puede hacer un periodista veracruzano para proteger su vida. Hay una autocensura hasta el tope y los matan de todas maneras”.
Mike O’Connor, Representante en México de CPJ (Committee to Protect Journalist, por sus siglas en inglés), dice a Reporte Indigo que no entiende “el pobre periodismo que se viene desarrollando estos últimos meses y años en Veracruz si no hay protección”.
En su opinión, tras los asesinatos de Miguel Ángel López y su familia el año pasado, y luego de Yolanda Ordaz, pocas semanas despúes, los periodistas en esa entidad no tuvieron más remedio que practicar la autocensura.
“Vivían bajo el yugo de los Zetas y un gobierno que no los protegía y empresas que no los protegían, entonces tenían que practicar la autocensura”.
Esto tuvo lugar cuando abundaban los temas sensibles como la corrupción, la penetración de los cuerpos policiacos y de las instituciones públicas por el crimen organizado. Fue entonces que la cadena de asesinatos se recrudeció.
O’Connor comenta que algunos periodistas le dicen no han tocado ningún tema crítico ni esencial para la sociedad veracruzana “por el terror, por el miedo de que les va a ir muy mal. Y aún así los matan”.
El co-autor del informe especial del CPJ 2010, Silencio o muerte en la prensa mexicana, dice que es vital hacer que la opinión pública entienda que “cuando matan a periodistas dejan al pueblo sordo y ciego. Es el punto de matar al periodista, para negar al pueblo la información que necesita. Para dejarlo ignorante de los hechos, de la información que necesita para ejercer sus derechos democráticos. Por eso los matan”.
Y piensa que el hecho de que no se permita informar sobre lo que está haciendo un determinado cártel del narco, por ejemplo, para corromper a la policía municipal o a un gobernador, es lamentable porque “es la información más importante que necesita la gente para poder hacer los cambios necesarios.
“Al matar al periodista, al obligarlo sobre grilletes a practicar la autocensura niegan al pueblo la información necesaria para ejercer sus derechos como ciudadanos de una democracia”.
Mike O’Connor dice que lo nodal ahora es dar fin a la impunidad. Antes “que repartir chalecos antibalas a mi familia, es más importante que al tipo que me está tirando balas lo agarren y lo metan a la cárcel. Ésa es la protección que necesito.
“Hay que tomar en cuenta que todos los asesinatos del año pasado y del que va en curso, todos, han quedado impunes. Y eso es lo que advierten los asesinatos de hoy respecto a los de mañana”, remata.
