Plantean que durante los primeros tres años de vigencia del Plan General de Desarrollo Urbano de la CDMX no se permitan cambios de uso de suelo
Ellos, los llamados vecinos contra megaproyectos, quienes han confrontado algunas decisiones de las autoridades capitalinas, tirado por la borda planes de negocio y exigido se les consulte, ingresaron a la Asamblea Constituyente su propuesta con la intención de frenar los cambios de uso de suelo y los desarrollos inmobiliarios.
“Que seamos los ciudadanos los que decidamos y no las inmobiliarias quienes impongan el destino de quienes habitamos este territorio”, expusieron en su propuesta dirigida a Alejandro Encinas Rodríguez en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente.
Detrás de ese documento están las firmas de los vecinos que pararon el Corredor Cultural Chapultepec (CCC) a través de una consulta ciudadana en la que ganó el no a la obra.
También los que mantienen una batalla contra la proliferación de plazas comerciales o “malls” en la capital; los que se oponen a la torre de más de 40 pisos junto al Cetram Chapultepec, y aquellos que no quieren ver desaparecer sus mercados, parques y áreas verdes.
El documento es extenso pues plantea modificaciones a diversos artículos que contiene la propuesta de Constitución de la Ciudad de México que envió Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente.
Una fundamental que resalta en la propuesta ingresada por estos grupos es la urgente necesidad de que las autoridades establezcan, como obligatorios, los mecanismos de participación y consulta ciudadana vinculatorio para cuando se busque intervenir el uso de suelo, el medio ambiente y edificios protegidos.
Esta propuesta es avalada por la hoy diputada constituyente por Morena, Mayela Delgadillo Bárcenas, una vecina de la Roma que participó activamente en el movimiento que terminó por echar abajo el llamado CCC, Corredor Cultural Chapultepec, que se pretendía construir en la avenida del mismo nombre por la paraestatal ProCDMX.
Compromiso por el agua y el patrimonio
La propuesta de Mancera ya estipula que las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos privilegiarán el interés público, aún así los vecinos proponen modificaciones:
“Serán consultados a la ciudadanía y su resultado será vinculatorio. Un megaproyecto es un desarrollo excepcional porque tiene una o varias de las siguientes características: largo plazo de ejecución, riesgos mayores a la construcción común, implicaciones sociales, ambientales, jurídicas, tecnológicas, presupuesto relevante en términos de la economía local, involucramiento de varios entes y actores públicos o privados, impacto territorial y tensión institucional”.
Del Artículo 23, Patrimonio de la Ciudad, propone por ejemplo que en la protección y conservación del patrimonio, tangible e intangible, se agregue el concepto de patrimonio “natural”, aquel que está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas que fueron creadas a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor excepcional desde el punto de vista estético y científico.
Asimismo, en el apartado de Patrimonio mundial de la ciudad se propone la conformación de un Consejo Ciudadano del Patrimonio, mismo que creará una Junta de Protección del Patrimonio Cultural y natural tangible e intangible que estará integrada por representantes de todos los sectores de la sociedad.
En el rubro de Gestión Sostenible del Agua, los vecinos agregaron de manera puntual la siguiente frase: “El agua no será privatizable ni se dará en concesión en ninguna fase”.
En este mismo se agregó respecto a las tarifas de agua que además de ser progresivas de acuerdo a su consumo, se harán diferenciaciones por el tipo de industria.
La propuesta de Mancera establece que “El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes”.
Mientras que los activistas proponen que además de los castigos, el gobierno se comprometa a promover e implementar las tecnologías ahorradoras de agua y la investigación de las mismas.
No a privatizar la vía pública
Édgar Avilés, del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, señaló que este paquete de iniciativas fue un proceso que se gestó por más de siete meses.
Y que cuenta con la participación de más de cien vecinos, activistas, capitalinos que de forma intermitente mantienen una batalla contra las violaciones de la Ley en materia de desarrollo urbano.
De la colonia Juárez, Óscar Calzada explicó que en el apartado de Regulación del Suelo se incorporó un párrafo que propone que durante los primeros tres años de vigencia del Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México no se permitan cambios de uso de suelo.
En ese punto, la regulación del uso de suelo contemplará, “los mecanismos para evitar prácticas especulativas en los cambios de uso de suelo y el suelo ocioso”.
Mientras que Denise Reyes, vecina de la delegación Venustiano Carranza, refirió como otra de las iniciativas relevantes que se prohiba la privatización del equipamiento y la vía pública de la Ciudad de México.
“Que esté prohibida su privatización, concesión o cualquier otro instrumento que implique su entrega a particulares con un carácter oneroso”, expuso.
Las organizaciones que avalan dichas propuestas se concentraron en temas de desarrollo urbano y democracia participativa pues, según dijeron, es urgente poner límites a las políticas públicas
contrarias al bien común.
