La edificación de los polémicos desarrollos El Alear y Del Ángel Residencias fue motivo de una disputa legal durante dos administraciones panistas del Municipio de San Pedro.
Alberto Edmundo Manzotti Magaña y Elsa Marina Rodríguez García interpusieron a finales de 2009, y principios de 2010, dos amparos para suspender provisionalmente las obras porque los vecinos reclamaron que nunca fueron consultados por las autoridades si estaban de acuerdo con los proyectos.
Los esposos de la colonia Carrizalejo, una de las más afectadas por la construcción de las torres, reclamaron al Ayuntamiento las autorizaciones de los cambios de uso de suelo multifamiliar para los departamentos.
Los usos de los predios en los que se construyeron los desarrollos residenciales se cambiaron dos ocasiones en cinco años: primero en 2004, cuando pasó de habitacional a la función de comercio y servicios. Luego en 2009, momento en el que se autorizó la licencia para multifamiliar.
Los colonos demandaron en el juicio de amparo 230/2010, las licencias de uso de suelo para los complejos que expidió el entonces secretario de Control Urbano, Aldo Decanini, uno de los funcionarios más cercanos al ex munícipe Mauricio Fernández.
En el mismo recurso impugnaron el Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro 2024 y el reglamento municipal de Zonificación y Usos de Suelo, con el que las autoridades se basaron para la expedición de las licencias irregulares.
El amparo fue turnado el 29 de marzo de 2010 al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, a cargo del juez Héctor Pérez Pérez, y los quejosos fueron representados por la firma jurídica Ius Orbis, dirigida por Federico Fernández García.
Estos trámites se hicieron sin una consulta previa con los residentes, para conocer si estaban de acuerdo con la edificación de las torres, como consagra el derecho de audiencia del Artículo 14 constitucional.
“Los dos quejosos tenemos el derecho de que se nos consulte previamente a la autorización de cambio de uso de suelo, en virtud de ser residentes del área inmediata”, se lee en el recurso.
Las autoridades tampoco respetaron el derecho a la consulta pública, estipulado en el artículo 177 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado.
“Los actos de autoridad aquí reclamados son violatorios de las garantías individuales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica”, demandaron, “toda vez que a los suscritos quejosos no se les consultó, ni se me dio oportunidad alguna de defendernos”.
Las licencias se expidieron para una densidad habitacional de 40 viviendas por hectárea, que no respetaron el máximo de 20, permitido por el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010.
El juez sobreseyó este recurso el 19 de enero de 2011, porque los quejosos carecían de interés jurídico al no haber presentado previamente una denuncia por la ilegalidad de las licencias, según la resolución del juez.
Este fue el segundo intento de los particulares de suspender las obras colindantes.
Otra demanda fue promovida el 21 de septiembre de 2009 contra el Ayuntamiento, el ex alcalde Fernando Margáin, la entonces directora de Administración y Control Urbano Patricia Chapa, y el ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Javier Maiz Martínez.
Los dos últimos estuvieron involucrados en la polémica expedición de la licencia de uso de suelo que necesitaba Wal-Mart para instalarse en la avenida Manuel Gómez Morín.
El amparo iba encaminado a que no se materializaran los cambios de uso de suelo para El Alear y Del Ángel Residencias.
Sin embargo, el recurso fue desechado por el juez.
