Vecinos de la Condesa acusan que regulación para scooters y bicicletas responde a intereses empresariales

Así lo ratificó el líder vecinal Rafael Guarneros, quien notificó las observaciones para que las autoridades las tomen en cuenta para los lineamentos definitivos que saldrán en marzo
Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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Los lineamientos temporales para la regulación de bicicletas y scooters sin anclaje, emitidos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, sólo responden a intereses de las empresas que prestan este servicio, acusaron vecinos de la Asociación de Residentes de la colonia Hipódromo Condesa.

De acuerdo con los integrantes de la Asociación, la regulación temporal que emitió la Secretaría de Movilidad no responde a las necesidades de los peatones y usuarios, por lo que demandaron al titular de la institución, Adrián Lajous, tener participación en la elaboración de los lineamentos definitivos.

Aunado a ello, los vecinos de la Condesa propusieron realizar una consulta ciudadana, en la que se pregunte a las colonias afectadas “si queremos o no queremos” este tipo de servicio en la ciudad, el cual no sólo ha cobrado una vida y dejado heridos y accidentados, sino más de 15 millones de pesos de ganancia a las empresas de bicicletas.

Así lo ratificó el líder vecinal Rafael Guarneros, quien notificó las observaciones a los lineamentos temporales para que las autoridades de la Ciudad de México las tomen en cuenta para los lineamentos definitivos que saldrán en marzo.

El líder vecinal comentó que el subsecretario de Planeación, Rodrigo Díaz, les dijo que esa reunión no era necesaria, por lo que indicó que de no ser escuchados, los vecinos saldrán a las calles para manifestarse y exigir que las bicicletas o patinetas no estorben puntos de tránsito de la población. 

Guarneros explicó que no es posible que se permita poner una bicicleta en una rampa, donde pone en riesgo la salud de alguien que esté en silla de ruedas o requiera un bastón para caminar. 

Finalmente, A su juicio, la autoridad arriesga a los ciudadanos e, incluso, viola el Artículo 1 de la Constitución, “porque está dando un trato exclusivo y preferencial a un segmento de la población en detrimento de todos los que no pueden usar bicicleta ni caminar por sus medios propios”. 

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