La lucha de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez por obtener agua sin residuos peligrosos podría tener un ‘final feliz’, un juez federal dictó que las autoridades de la Ciudad de México deben entregar toda la información relacionada con la calidad del agua.
De acuerdo con lo expuesto por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, quien llevó parte de la defensa de los vecinos, al ser considerado como un servicio básico y vital, los habitantes deben conocer qué sustancias fueron encontradas en el suministro del agua.
Juez respondió al amparo de los vecinos de Benito Juárez
Esta decisión surge tras una solicitud de amparo presentada por vecinos. El fallo judicial, que otorga una suspensión provisional, fue motivado por la reserva de información por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), específicamente sobre los resultados de pruebas de laboratorio relacionadas con la calidad del agua.
Según el juez federal, la naturaleza de este servicio esencial descarta cualquier justificación para mantener en secreto los datos que afectan directamente la salud y el bienestar de la población.
Al respecto, el Consejo Nacional de Litigio destacó que la decisión del juez enfatiza la importancia de la transparencia en los servicios básicos y esenciales. Para los vecinos afectados, esta orden judicial representa un paso crucial en su búsqueda de respuestas con respecto a la seguridad del agua que consumen diariamente.
Gobierno de CDMX se justifica
Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México afirmó haber restaurado la calidad del agua mediante acciones de limpieza, contradiciendo las afirmaciones de los residentes de Benito Juárez, quienes aseguran que el problema persiste.
Por su parte, Sacmex aseguró haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por presunto sabotaje, señalando al Pozo Alfonso XIII como el origen del problema.
Hasta el momento, solo se sabe que los estudios realizados por las autoridades revelaron la presencia de un compuesto de aceites degradados en el agua extraída del mencionado pozo, lo que sugiere una posible actividad delictiva dirigida contra el suministro de agua potable.
Sin embargo, el Comité de Transparencia del Sacmex decidió reservar los documentos con los resultados de las pruebas de laboratorio durante tres años, argumentando el riesgo de interpretaciones erróneas al hacerlos públicos.
