Después de varios años de intentos, decretos y amparos, el Gobierno federal arreció la campaña contra cigarros electrónicos y vapeadores al calificarlos de “fraudulentos” y de afectar severamente la salud de sus usuarios, por lo que buscan su prohibición definitiva.
Del otro lado de la moneda, especialistas, activistas y miembros de organizaciones sociales insisten en que la prohibición solamente incentivará el crecimiento del mercado negro y que los estudios presentados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) carecen de rigor y metodología científica.
Como alternativa, proponen una regulación integral e inteligente como ocurre en varias partes del mundo.
Su propuesta cobra fuerza luego de que se publicara el Índice Global de Políticas Anti-Tabaco, el cual reveló que México se encuentra en la lista de los cinco países con peor desempeño en políticas efectivas antitabaco de 59 naciones analizadas conforme la regulación que manejan para los Productos de Nicotina Sin Combustión (PNSC)
El estudio realizado por la Red Somos Innovación concluye que el prohibicionismo limita la innovación con productos que pueden mejorar a los existentes y que, en casos como México, se desperdician recursos y oportunidades para avanzar en un tema de salud pública.
“No es que estos productos no hagan daño; lo importante es regularlos inteligentemente bajo una política de riesgos, para que el individuo elija qué producto consumir y tenga alternativas para dejar el cigarro tradicional que sí tiene combustión, y que sí mata y afecta a millones de personas”
“¿Por qué a un producto que no tiene tabaco se le compara y regula de igual manera que al cigarrillo tradicional? ¿Porqué el vapeo es recetado en Reino Unido por médicos para dejar de fumar y en otros países se prohíbe?”, cuestiona el estudio.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 8 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco en el mundo, mientras los PNSC logran tener una efectividad de hasta el 18 por ciento para ayudar a las personas que buscan dejar el cigarrillo tradicional.
Estudios del Royal College of Physicians en el Reino Unido aseguran que el vapeo es 95 por ciento menos dañino que el cigarrillo, al ser a través de mecanismos que contienen, si se desea, dosis controladas de nicotina sin quemar el resto de los químicos tóxicos del tabaco.
Ofensiva federal contra los vapeadores
Durante la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se lanzó frontalmente contra los vapeadores al argumentar que son un “fraude a la salud” y “veneno”.
“Es dañino para la salud, muy dañino y, como no hay información suficiente, se piensa que es algo que sí afecta pero no tanto y resulta que es más dañino el vapeador que el tabaco, que los cigarros”, dijo.
En sintonía, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez, anunció que luego de que la dependencia que está a su cargo realizara la primera cromatografía de un vapeador, se concluyó que tienen “sustancias ocultas dañinas”.
“Me llena de satisfacción, de orgullo que se diga aquí, (…) que en el país se hace un estudio de los vapeadores porque son muchos los intereses, pero realmente es un engaño que se ponga que tiene tres sustancias que no hacen daño y resulta que son 33 ocultas; es un fraude y tiene que ver con la salud”.
El martes 31 de mayo de este año, AMLO firmó un decreto para prohibir la distribución y venta de vaporizadores y cigarros electrónicos con el argumento de que son dañinos para la salud y acercan a los niños y jóvenes desde temprana edad al tabaco.
Dos semanas antes, la Cofepris y la Secretaría de Gobernación, emitieron una alerta sanitaria máxima para los vaporizadores por contener acetato de vitamina E, una sustancia tóxica que causa enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte.
En febrero del 2020, el Gobierno federal inició la ofensiva contra los vaporizadores al firmar un primer decreto presidencial para prohibir su importación y comercialización, pero en junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió dicha medida por atentar contra el derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad.
Tras esta ofensiva legal contra los decretos presidenciales, varias empresas y particulares se han amparado, por lo que los vaporizadores siguen entrando y vendiéndose libremente en el país.
A pesar de esto, del 31 de mayo a la fecha, la Cofepris ha decomisado más de 72 mil vapeadores y cigarros electrónicos.
El contraataque
Después de la cromatografía realizada por la Cofepris, activistas y especialistas criticaron el estudio, ya que la comisión solamente analizó un modelo de vapeador desechable del que no declaró cuál era el tipo de producto, marca, lugar de obtención, ni cantidades encontradas por cada sustancia.
Los defensores además argumentaron que varios de los componentes mencionadas en la campaña de Cofepris como el acetato de Isoamilo, linalol, mentol, alcohol bencílico y propionato de etilo están presentes en la industria alimentaria y son clasificados como seguros por agencias sanitarias como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).
Sobre la presencia de sustancias que sí son nocivas en los vapeadores como el acetato de vitamina E, las organizaciones recordaron que se encuentran en vaporizadores que ingresan al país de forma ilegal y se comercializan a través del mercado negro, por lo que pidieron a las autoridades regularlas.
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