Vandalismo en el Congreso de Nuevo León ¿al olvido?

Después de los hechos del pasado 29 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia continúa con las investigaciones en torno a la irrupción de militantes emecistas en el Congreso local para evitar el nombramiento de Luis Enrique Orozco, como interino
Jesús Padilla Jesús Padilla Publicado el
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Tras los hechos suscitados durante la semana pasada en el Congreso local, cuando simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) irrumpieron en el recinto legislativo para evitar el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, la Fiscalía General de Justicia sigue investigando los hechos.

Ciudadanos y actores políticos por igual claman por justicia ante este episodio grave e inédito en la vida política de la entidad, pidiendo que no se deje de lado debido a un asunto político o a un posible acuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en el que el fondo para los municipios, incluido en el presupuesto de egresos para el próximo año, fue la moneda de cambio.

Los emecistas que acudieron al congreso para evitar la designación de un mandatario interino están plenamente identificados y existe suficiente evidencia para llevarlos ante un juez de control.

Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León, a cargo de Pedro Arce quien funge como encargado de despacho, no ha ofrecido detalles de los avances de la investigación.

Miguel Dávila, quien aspira a la candidatura a la alcaldía de MC en García y militantes como Jonathan Torres, Dulce Reyna Rodríguez, Roberto Pérez Gómez, Jorge Luis Hinojosa y Janeth Eli, Hiram Bernal, Gerardo Ruiz, pareja de la regidora de San Nicolás, Alejandra Morales y hasta el diputado federal Andrés Pintos, son algunos de los militantes que participaron en los disturbios.

Abogados consultados por Reporte Índigo mencionaron que los implicados en dichos eventos podrían ser acusados por delitos como asociación delictuosa y sedición.

La irrupción de simpatizantes de MC al Congreso fue comparada en redes sociales con el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021, realizado por partidarios del expresidente, Donald Trump.

El pasado 29 de noviembre, el grupo de emecistas entró al recinto buscando evitar que Luis Enrique Orozco fuera nombrado como interino, después de que el gobernador Samuel García, quien buscaba competir en la elección presidencial como abanderado de MC, pidiera una licencia por seis meses, la cual se haría efectiva a partir del 2 de diciembre.

Funcionarios, aspirantes a un cargo de elección popular por este partido, y otros militantes, rompieron el pasador de la puerta principal, para posteriormente ingresar al pleno. Al llegar ahí se subieron a la tribuna y a las curules, rompiendo un extinguidor en el camino.

Este asalto puso en riesgo la integridad de los diputados, periodistas y personal del Congreso que se encontraba en ese momento ahí.

Diputados se niegan a cambiar de sede

Después de que el legislador Mauro Guerra, presidente de la mesa directiva del Congreso, propusiera cambiar de sede en momentos como el sucedido el pasado 29 de noviembre, el diputado de Morena, Waldo Fernández, subió a tribuna para señalar la gravedad de estos actos.

Aunque finalmente la propuesta de Guerra no fue aprobada, Fernández se mostró en contra de abandonar el recinto ante un ataque similar.

“Si se tiene que utilizar la fuerza pública para poner orden en este recinto, se tiene que utilizar, pero yo no pienso irme de este recinto porque vienen unos inadaptados o unos locos y jamás en mi vida tomar una llamada de una hija mía diciéndome que me aventaron una bomba. Que se avergüencen los responsables esa pachanga, de venir a este Congreso a mancillarlo”, dijo el diputado de Morena, quien recibió insultos por parte de los emecistas.

Los otros disturbios

Durante los dos años de gobierno de Samuel García, el estado ha vivido episodios violentos tanto en el Palacio de Gobierno, como en la sede del Congreso, lo que pone en evidencia que las protestas, tanto las ciudadanas, como políticas, han subido de tono.

La protesta en el Congreso que se salió de control, se debía a la inconformidad de la designación de un gobernador interino por parte de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El pasado 8 de marzo, la marcha de grupos feministas por el Día Internacional de la Mujer acabó en una serie de agresiones a negocios de la zona de la Macroplaza y en la quema de la puerta de Palacio de Gobierno.

En abril, en la protesta por la muerte de Debanhi Escobar, los asistentes volvieron a incendiar el Palacio de Gobierno, además de que realizaron diversas pintas en el edificio de la Fiscalía General de Justicia.

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