El Municipio de Monterrey promovió un juicio de lesividad en contra del proyecto de fraccionamiento residencial Solaria Brisas, porque ilegalmente rebasa pendientes naturales del 45 por ciento.
El Ayuntamiento regio presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León el recurso, el cual Reporte Indigo adelantó desde el pasado 23 de abril.
La demanda que promovió la administración de la alcaldesa Margarita Arellanes busca tumbar los permisos ilegales que los desarrolladores obtuvieron con dictámenes manipulados y estadísticas viales apócrifas.
El recurso administrativo fue turnado a la Primera Sala Ordinaria del órgano jurisdiccional, encabezada por la magistrada Juana María Treviño, quien acordará, según su criterio, desecharlo o admitirlo.
El número de expediente 261/2014 fue asignado al juicio de lesividad que el Ayuntamiento regio presentó en contra de la desarrolladora Operadora Torre Brisas, S.A. de C.V., y la constructora Promotora Abraham Lincoln, S.A., filial de Vidusa.
La autoridad municipal pretende anular con esta demanda los efectos jurídicos de tres permisos expedidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, a cargo de Brenda Sánchez.
Las licencias impugnadas son sobre la factibilidad de urbanización, lineamientos generales de diseño urbano y proyecto urbanístico, y el permiso de rasantes, con el cual los promotores desmontaron ilegalmente el Cerro de las Brisas.
El Municipio de Monterrey plantea en sus alegatos que los fraccionadores obtuvieron las autorizaciones al presentar un análisis elaborado por la UANL, el cual esconde las pendientes del terreno que superan el 45 por ciento.
El reporte, emitido el 23 de septiembre de 2013 por el Jefe del Departamento de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil de esa institución, Rodolfo Acosta, asegura que el predio no sobrepasa el porcentaje máximo permitido.
Sin embargo, a petición de los vecinos perjudicados por las obras, la administración de Arellanes encargó al despacho Juárez-Thompson Inc., S.A. de C.V., realizar otro levantamiento topográfico que determinó la existencia de pendientes mayores.
Reporte Indigo también reveló que los desarrolladores obtuvieron las licencias mediante un dictamen elaborado por la firma Vargas Torres y Asociados, S.A. de C.V., donde se asegura que en las vialidades impactadas por el proyecto no se habían presentado accidentes, afirmación que es falsa.
A pesar de las anomalías, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología expidió las autorizaciones con base en esos datos apócrifos.
Hace tres semanas, el fraccionamiento fue clausurado debido a que los fraccionadores violaron el permiso de rasantes.
La medida fue impuesta por el Ayuntamiento regio, gracias a que la autoridad judicial revocó una suspensión provisional que en un principio favorecía a los desarrolladores, porque les permitía continuar con los trabajos en el terreno localizado al sur de la ciudad.
Pero la semana antepasada, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa ordenó al Municipio de Monterrey retirar los sellos de suspensión que impuso a las obras de construcción.
Los magistrados declararon fundado un recurso de queja que presentó Operadora Torre Brisas, S.A. de C.V., en contra de la revocación que había dictado el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
La desarrolladora alegó que contaba con la autorización federal otorgada por Guillermo Cueva, delegado federal de la Semarnat, para realizar el cambio de uso de suelo en el predio.