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En medio del escándalo por los tres exfuncionarios detenidos por el caso Línea 12, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera aclaró ayer que aún no existe orden de aprehensión en contra de su antecesor Marcelo Ebrard.
“No tenemos absolutamente nada”, dijo. “Habrá que seguir todos y cada uno de los cauces correspondientes, en el entendido de que la autoridad estará muy pendiente de que se cumpla con la legalidad” explicó.
Por la mañana, luego de la reunión de gabinete, el jefe de Gobierno y sus colaboradores más cercanos involucrados con el tema de Línea 12, abordaron el tema de los efectos de dar a conocer las primeras tres detenciones de exfuncionarios y de los que están en calidad de prófugos.
Ahí se habría comentado que de Enrique Horcasitas Manjarrez, el exdirector de Proyecto Metro en el sexenio de Ebrard, se encuentra fuera de la República Mexicana y que lo último que se supo de él es que salió desde Cancún a Miami, aunque también se habló de Alemania, como otro de los países en los que podría estar el exfuncionario.
Mientras, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se desahogan 13 averiguaciones previas que involucran a más de treinta exservidores públicos que participaron en la Línea Dorada, quienes también están sujetos a investigación en el ámbito federal de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde finales de 2012, comunicación interna de Proyecto Metro, clasificada como “Urgente”, solicitó a Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles, presentar soportes documentales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) de los recursos federales que se aplicaron en la Línea 12 del Metro.
Hoy, tanto Guerrero Ponce, como su jefe, Horcasitas Manjarrarez, tienen ficha roja para que la Interpol ayude a localizarlo por los presuntos malos manejos de contratos y recursos en torno a la obra más grande del sexenio de Ebrard.
Aquellos oficios internos -de los que Reporte Indigo tiene copia- exhiben que a escasos días de la administración de Ebrard, los directamente involucrados en la mega obra tenían problemas para justificar gastos y aclarar en qué se destinaron los recursos federales.
La documentación deja ver la urgencia con la que Servando Delgado Gamboa le pedía a Guerrero Ponce entregar papeles para documentar el destino de los recursos federales entregados para Línea 12.
“Solicito su intervención inmediata y eficaz para superar de inmediato las siguientes situaciones que se presentan en la entrega de soportes documentales a la SCT con relación a los Recursos Federales que se aplicaron para continuación de la Línea 12 del Metro”, detalla el documento.
Advertía que hasta ese fecha no se habían entregado documentos de las al menos cuatro documentaciones: N° 12.07 CD 03.M.3.009 Supervisión permanencias SEAT, N° 12.07 CD 03.M.3.010 Supervisión permanencias, N° 12.07 CD 03.M.3.011 Supervisión Policlínica y N° 12.07 CD 03.M.3.012 Supervisión Vehículos Auxiliares.
Además, detallaba que en el contrato número 11.07CD 03.M.3.012, referente a la construcción de plazoletas, no se lograban validar más de 11 millones de pesos.
En 2011, un año antes de estos comunicados, el funcionario que urgía a Guerrero Ponce tener las cuentas claras ante la SCT había sido denunciado, en su calidad de director general de Obras, de favorecer al Consorcio Constructor ICA, Carso y Alstom, en la adjudicación del contrato 30001140-001-08 para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión había denunciado ante la Contraloría General del Distrito Federal, diversos actos, omisiones y posibles responsabilidades administrativas en la auditoría 554 efectuada a la Línea 12 del STC, Metro.
A partir de esa denuncia se presumía que Delgado Gamboa habría incurrido en presuntas responsabilidades administrativas cuando en el 2008 entregó la licitación del Proyecto Integral a Precio Alzado y tiempo Determinado para la Construcción Tláhuac-Mixcoac.
Sin embargo, hubo dos compañías -FCC Construcción SA y su socia, La Peninsular Compañía Constructora- que al perder el contrato se inconformaron y denunciaron que en el procedimiento hubo diversas irregularidades.
En 2014, la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General resolvió que Servando Delgado Gamboa no era responsable.
Investigan en la PGR
En junio de 2014, el diputado federal panista Jorge Sotomayor Chávez, como secretario de la Comisión Especial para la Línea 12 de la Cámara de Diputados, solicitó la intervención de la PGR en el caso de construcción de la Línea 12 y compra de los trenes.
De manera oficial, el entonces panista – renunció al partido argumentando que nunca recibió apoyo para denunciar las irregularidades por la Línea 12- pidió investigar el proceso mediante el cual el equipo de Ebrard llevó a cabo la licitación, la adjudicación y luego la construcción de esa línea del Metro.
Sotomayor Chávez pidió que se investigara a través de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros el posible sobrecosto.
El legislador también solicitó al entonces procurador General, Jesús Murillo Karam, que se investigara al fideicomiso Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, por haber efectuado una licitación “irregular” para la construcción de la Línea 12 del Metro, la cual, posteriormente, se cambió a adjudicación directa.
El exdiputado panista exigió que se indagara la legal importación de los trenes a fin de que, a través del SAT, se reportara el precio de entrada a los puertos mexicanos y los impuesto federales que se pudieron haber pagado al respecto.
Sotomayor Chávez sostuvo que las irregularidades en torno a la Línea 12 fueron denunciadas desde 2009 ante la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría del DF y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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