A pesar de ser señaladas por coludirse para escalonar precios, un grupo de empresas entregó proposiciones para concursar por un contrato que superará los 300 millones de pesos para realizar labores de limpieza en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Asbiin, Aseo Privado Institucional, Jaber Limpieza en General, Joad Limpieza y Servicios, además de Limpieza Jored, se anotaron como interesadas del proceso IA-011B00001-E32-2022, no obstante, dichas compañías fueron señaladas por operar para el “rey de la limpieza”, José Juan Reyes Domínguez, mediante esquemas que implican simulación de competencia, evasión de cuotas obrero patronales, así como daños a las arcas públicas.
Tal como se detalla en un escrito enviado desde hace un año a la Secretaría de Hacienda, las firmas han incurrido en la figura de cohecho y tráfico de influencias, además que se coordinan para que sus costos presenten pequeñas diferencias que terminen por favorecer a alguna de las implicadas.
De acuerdo con documentación oficial, las cinco compañías buscan quedarse con la limpia de las 105 localizaciones que el IPN tiene en la Ciudad de México.
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La oferta de Asbiin ascendió a 33.2 millones de pesos, la de Aseo Privado Institucional a 33.3 millones de pesos, la de Jaber Limpieza en General a 37.2 millones de pesos, la de Joad Limpieza y Servicios a 31.5 millones de pesos, y la de Jored a 35.2 millones de pesos.
Por su parte, la misiva redactada por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios, Similares y Conexos de la República Mexicana, dejaba ver desde el año pasado las irregularidades, por lo que solicitó que éste y otros grupos quedaran fuera de las proveedoras autorizadas por el Contrato Marco que integra Hacienda para adquirir el servicio.
Ninguna de las denunciadas tuvo alguna repercusión, no obstante, entre las pruebas se apuntó a la entrega de documentos falsos por parte de Jaber Limpieza, Limpieza Jored y Asbiin, que tenían como fin validar su experiencia.
De acuerdo con la verificación de fedatarios públicos, los datos de los particulares a los que supuestamente le brindaron sus servicios, no coinciden con las empresas de referencia.
