Una red de corrupción conformada por al menos dos exfuncionarios de la administración del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, dedicada a comprar bienes y servicios a familiares con recursos del erario, fue evidenciada luego de que un Tribunal de Control vinculó a proceso a uno de los implicados.
La exdirectora administrativa de la Coordinación de Comunicación Social de la administración de Corral, Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, fue vinculada por el delito de uso ilegal de atribuciones luego de presuntamente realizar contrataciones ilegales por un monto total superior a los nueve millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, la excoordinadora de Comunicación Social habría otorgado contratos a su pareja sentimental y padre de sus hijos, Efraín Alonso Maldonado Delgado, quien era socio de las empresas Extreme Sport S. de R.L. de C.V.; Malcomsat S.A. de C.V.; y Upcon S.A. de C.V.
La hermana de Araly Cristina, Abril Susana, fungía como representante legal de las empresas además de ser la pareja sentimental de Pinedo Cornejo.
Presuntamente los dos funcionarios y sus parejas fundaron empresas para después adjudicarse contratos sin licitar, de acuerdo con los datos aportados por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción en la audiencia donde fue vinculada a proceso penal Araly Cristina Paulina del Rocío.
“Los funcionarios públicos incurrieron en un conflicto de intereses y violaron la Ley de Adquisiciones entonces vigente en la entidad”
El modus operandi de los exfuncionarios de Corral
Al formular cargos legales, el fiscal señaló que a nombre del Gobierno del estado de Chihuahua, el 17 de enero del 2018 la hoy acusada y Antonio Pinedo Cornejo contrataron los servicios con Xtreme Sport por un monto de 800 mil 789 pesos; el 9 febrero 2018 hubo un segundo contrato con Xtreme Sport por una cantidad de 4 millones 175 mil 996.44 pesos; el 14 febrero con Upcon por 3 millones 967 mil 188.40 pesos; el 9 febrero con Malcomsat por 353 mil 943.80 pesos y el 18 de junio uno más por 73 mil 269 pesos para la compra de una cámara fotográfica.
“Se basó en la relación personal que tenían estas cuatro personas, pero también rebasan los topes presupuestales, no podían adjudicar de manera directa tenía que haber licitado y no se hizo, advertimos que la licitación pública fue controlada, fueron acotados los tiempos y al final del día se obtuvo un producto precario que requirió reparaciones posteriores de lo cual nos permite entender que ninguna de estas empresas Extreme o Upcon tenían la capacidad técnica para proveer un servicio al Gobierno del estado por lo tanto podemos entender que estas empresas fueron colocadas ex profeso para intermediar en las adquisiciones en las cuales tenían la facilidad de obtener los fallos adjudicatorios”, afirmó el fiscal en una parte de la audiencia.
El representante social dijo que el Comité de Adquisiciones era flexible con Pinedo Cornejo porque él era cercano al gobernador Javier Corral. Además, indicó que la Dirección de Comunicación Social tenía autonomía sobre el uso de los recursos públicos aprobados para esa área.
Entre los servicios contratados por Pinedo y Araly Cristina Paulina del Rocío están la elaboración y postproducción del primer informe de gobierno de la administración Corral y varios contenidos para redes sociales. El fiscal indicó al Tribunal de Control que en estos se obtuvo un producto precario.
“Las empresas no tenían capacidad técnica ni el giro necesario para ser proveedores con la finalidad que buscaba la Coordinación de Comunicación Social, las empresas eran controladas y operadas por Efraín Alonso Maldonado Delgado así como Abril Susana del Pilar Ruiz Licón y fueron incorporadas a la proveeduría del Gobierno del estado para tener ese beneficio de obtener contrataciones públicas en las que su contraparte se encontraba controlando y siempre expresando que eran las mejores empresas y que podían en su oportunidad ofrecer las mejores condiciones por su profesionalismo y su capacidad técnica, lo cual no es cierto”, enfatizó el fiscal durante la diligencia efectuada el pasado fin de semana.
Presuntamente los entonces servidores públicos y los dos particulares violaron la Ley de Adquisiciones del estado de Chihuahua porque existía un conflicto de intereses por los lazos de consanguinidad y de pareja que existían entre las cuatro personas.
La acusación
Araly Cristina Paulina del Rocío fue acusada de haber cometido el delito de uso ilegal de atribuciones por contrataciones ilegales contemplado en los artículos 261 y 262 del Código Penal del estado de Chihuahua.
El primero establece que comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades el servidor público que ilegalmente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
Y el Artículo 262 agrava las penas a imponer cuando se produzcan beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, entre otros.
El abogado defensor de la exdirectora administrativa de la Coordinación de Comunicación Social argumentó al Tribunal que su representada no tenía la decisión final sobre qué servicios se contrataban, solo era parte de un engranaje en el que participaron muchas autoridades.
Además, el defensor dijo que la relación sentimental con Efraín Alonso Maldonado Delgado, socio de las empresas Extreme Sport S.; Malcomsat y Upcon, y la acusada se acreditó con datos de fecha posterior a los contratos, con información obtenida en un cateo efectuado en 2020 e información del colegio de los hijos de ambas personas, así como un acta de matrimonio falsa presentada por Efraín Maldonado para el registro en un club deportivo.
En ese documento apócrifo Efraín y la hoy exservidora pública se ostentaban como esposos, pero el número de acta corresponde al matrimonio de Efraín con otra mujer, explicó el fiscal en otra etapa de la diligencia.
A la exservidora pública se le impusieron las medidas cautelares de firma quincenal, la prohibición de salir de la ciudad y el resguardo en su domicilio.
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