Ante la polémica prórroga al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) otorgada a Olga Susana Méndez Arellano, quien dirigirá el instituto por cuatro años más, el abogado Hernán Genaro Theriot Gutiérrez, exaspirante al mismo cargo, interpuso un juicio de amparo para revertir la decisión ante un Juez de Distrito, mismo al que se le dio entrada el día de hoy.
De acuerdo con Theriot Gutiérrez, se promovieron dos recursos de queja: uno simple y el otro de incidencia, en los que se demanda que el Congreso local abra una convocatoria para designar a un responsable del puesto en lugar de renovar “en automático” a Méndez Arellano.
Al no considerar una convocatoria abierta, se afirma en los recursos, se deja en estado de indefensión a las personas interesadas en ocupar el cargo, por lo que ahora, en lugar de comenzar a ejercer funciones en el cargo, se fijó un citatorio para audiencia al respecto el próximo 23 de enero de 2025, por lo que Méndez Arellano no podrá iniciar su segundo término hasta que se resuelva el amparo.
Hoy en el Pleno del congreso hice público mi voto a favor de la ratificación de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Olga Susana Méndez Arellano, por un periodo de 4 años más, para evitar que desde el congreso se debilitara una institución más… pic.twitter.com/pkB0xQar9T
— Grecia Benavides (@greciabenavides) December 12, 2024
Con la aprobación del juez de Control, además, será responsabilidad de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso de Nuevo León elaborar un reporte en el que se detallen las razones por las que podrían oponerse al recurso.
“En dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o , en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados”, puede leerse en el documento.
En caso de no presentar el informe se tomarán por ciertos los alegatos presentados por Theriot Gutiérrez, además de imponerse una multa que podría ir de los 10 mil a los 108 mil pesos.
La audiencia constitucional se realizará hasta marzo de 2025.
