Ya está lista la denuncia penal federal en contra del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, la alcaldesa de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, y funcionarios estatales por haber negado el acto reclamado dentro de la suspensión de la obra que se ejecuta en el espacio que ocupaban los comerciantes de verduras del mercado de Ixmiquilpan, desalojados el pasado 18 de julio.
Entre los acusados se encuentran el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, José Ventura Meneses Arrieta, y el director de Desarrollo Urbano y Ecología de Ixmiquilpan, Erick Rebolledo Roque.
El Corporativo Jurídico Vera Martínez Lex y Asociados, que preside Stephanie Shaddai Vera Ángeles, explicó que en este hecho se genera un delito toda vez que han negado los actos reclamados a las autoridades en mención, pues dicha construcción existe, de forma que conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo constituye el delito de negar la verdad al rendir un informe.
Para desvirtuar sus negativas, los abogados de la parte defensora han explicado que se basan en dos pruebas: el desahogo de una pericial en materia de topografía y una inspección Ministerial Federal asistida por perito en materia de arquitectura.
Los asesores legales de los vendedores de verduras dieron a conocer que derivado de ello, Erick Rebolledo procedió a realizar la clausura, sin embargo, no fue respetada por los interesados en la obra y rompieron los sellos, lo que dio pie al inicio de la carpeta de investigación en contra de la alcaldesa y del propio funcionario municipal.
Con relación a esto también se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa de Ixmiquilpan, el director de Desarrollo Urbano y Ecología local y las policías municipales y estatales, porque no quisieron ejercer sus funciones contra las personas que estaban cometiendo un delito en flagrancia en ese momento.
Cabe recordar que estas demandas se originaron porque comerciantes de verduras fueron desalojados la madrugada del 18 de julio por integrantes de la Unión de Productores Agrícolas, conocidos también como “Los horticultores”, liderados por Federico Cazuela, cuando varios sujetos arribaron en camionetas al lugar, destruyeron puestos, se llevaron mercancía y la arrojaron al basurero municipal.
“Los horticultores” ordenaron a “Las Chantitas”, quienes ofrecen sus productos desde hace 50 años en un predio aledaño al mercado municipal, “abandonar el lugar, pues van a construir una plaza comercial, con departamentos en la planta alta”, pese a que el predio es un bien público.
Tras el desalojo y con el amparo ya autorizado, Erick Rebolledo Roque procedió el 25 de julio a realizar la clausura de la obra bajo el número de oficio DUE/230/2022.
Sin embargo, al día siguiente, Araceli Beltrán Contreras mandó a un grupo de choque a romper los sellos de clausura para continuar la edificación del proyecto, lo que originó que el corporativo jurídico realizara la denuncia correspondiente con el delito en flagrancia por el rompimiento de sellos, sin que las autoridades policiales municipales y estatales hicieran algo al respecto para mantener el orden.
Ante la falta del Estado de Derecho tanto a nivel municipal como estatal se dio pie al inicio de las denuncias penales a nivel federal por la negación a los actos reclamados y se anunció que también se iniciarán denuncias en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
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