Validan elección

Tal y como estaba previsto, sucedió. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el juicio de invalidez de la elección presidencial y ratificó el triunfo del priista Enrique Peña Nieto.

Y lo hizo con el argumento de que Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista no lograron acreditar la compra de votos, la violación de preceptos constitucionales ni las demás irregularidades impugnadas. 

En una maratónica sesión, el pleno del TEPJF fue enfático al asegurar que se realizó una investigación exhaustiva de los agravios presentados por el bloque de izquierda, pero no se encontraron pruebas de peso.

En consecuencia, los magistrados declararon infundadas las acusaciones acumuladas en el juicio SUP-JIN 359/2012 y ratificaron el triunfo del PRI.

Pero ninguno de los siete magistrados electorales dejó pasar la oportunidad de aclarar el sentido de su voto. Incluso Salvador Olimpo Nava Gomar pidió que no se juzgara al tribunal por cuestiones políticas, sino por el cumplimiento del debido proceso.

Nava Gomar insistió en la falta de elementos probatorios para anular la elección presidencial del primero de julio, y en el cierre de su intervención, fue el primero en legitimar el triunfo de Peña Nieto.

“De aprobarse el proyecto de resolución, se demostrará que fueron unas elecciones libres y auténticas, y México tendrá un presidente electo por el pueblo”, sentenció.

Para su análisis y discusión, el proyecto de resolución se dividió en cuatro apartados: 

1. La presunta propaganda encubierta y un sesgo informativo. 

2. El financiamiento paralelo y la compra de 5 millones de votos.

3. La presunta publicidad electoral de Enrique Peña Nieto desde 2006. 

4. El uso indebido de encuestas que llevó a la inducción del voto, además de sondeos simulados que no cumplieron con la aplicación de una metodología rigurosa.

Los magistrados aseguraron que las acusaciones no estaban sustentadas en cuanto a tiempo y lugar.

Nava Gomar afirmó que el fallo tiene sustento en el análisis de 34 cajas de pruebas y 56 cajas de pruebas supervenientes, más de 10 mil elementos probatorios y 43 acuerdos de la Comisión Calificadora.

“Verificamos si en verdad se habían comprado 5 millones de votos; no se acreditaron esas pruebas, y así está propuesto. Respecto al derecho del resto de los mexicanos, debe prevalecer el respeto al voto de 50 millones de mexicanos”, agregó.

Sobre los señalamientos del presunto sesgo informativo, los magistrados coincidieron en que los tiempos de radio y televisión estuvieron pactados y verificados por el IFE. Además, siempre hubo derecho de réplica en los medios.

En lo concerniente a las casas encuestadoras, explicaron que los sondeos de opinión de GEA-ISA cumplieron con la normatividad, al igual que los realizados por las demás encuestadoras.

Sobre el Monexgate y las tarjetas de Soriana, así como el desvío de recursos de gobiernos priistas para financiar la campaña tricolor, consideraron que no fue posible acreditar que las tarjetas de prepago tenían como finalidad la compra de votos, ya que todo mundo tiene acceso a ellas. En ese supuesto, no hay claridad de qué grupo fue el que las repartió.

El magistrado Flavio Galván dijo que lo único que se observó es que algunos adherentes tuvieron acceso a las tarjetas, pero que esto puede ser parte del sistema de pago a los simpatizantes por su participación en los comicios.

Por lo que respecta a los sondeos de opinión, precisó: “No basta la mera afirmación de que las encuestas están manipuladas porque no se acercaron a los resultados de la elección”.

Pedro Esteban Penagos aclaró que la Constitución tiene carácter de ley fundamental, por lo que su incumplimiento puede constituir causa de nulidad de los comicios.

“Pero para que proceda la nulidad de una elección, es necesario probar plenamente la actualización de las causales de nulidad, ya bien previstas en la ley, o por violación a los principios constitucionales que la rigen, siempre y cuando tengan la magnitud de importancia para invalidar el conjunto de actos que integran los procesos electorales.

“Los argumentos deben estar acompañados por medios de pruebas idóneos, eficaces y suficientes para acreditar la verdad de los hechos que se aducen en una demanda. Máxime cuando se pretende anular la voluntad democrática de los ciudadanos”, dijo.

Luego tomó la palabra la magistrada María del Carmen Alanís, quien se sumó al proyecto elaborado por la comisión.

“ Al tribunal le corresponde garantizar que los comicios se ajusten no solo a la ley, sino también a la Carta Magna. El TEPJF tiene la obligación de verificar el control de la constitucionalidad y garantizar que una elección apegada a derecho sea validada”, señaló.

Ella también insistió en que realizaron un estudio exhaustivo.

Argumentó que después de hacer un análisis puntual de todas las pruebas aportadas, concluyeron que se registró un acceso regulado a los medios: “El IFE es el único facultado para distribuir estos tiempos”.

“El IFE hizo monitoreo e incluso firmó un convenio con la UNAM para monitorear las notas”, agregó.

Manuel González Oropeza puntualizó que ésta había sido la elección más revisada y analizada en la historia reciente del país, cinco veces más que el proceso de 2006.

“No hay acreditamiento de irregularidades argumentadas por el Movimiento Progresista. Los jueces deben ser independientes e imparciales para cumplir con su función de protección del derecho. El proceso jurisdiccional debe ser ajeno a la política; no debe politizarse.

“Las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar manipulación ciudadana o compra del votos”, aseguró González Oropeza.

¿Cómo los votantes del PRI y del PVEM fueron manipulados, mientras los demás no lo fueron, aparentemente?, cuestionó.

“Cuando un candidato gana la elección sin vicios comprobados, es válida la elección”, concluyó.

El Zafarrancho

A medida que avanzaba la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el reducido grupo de manifestantes fue aumentando.

Cerca de las 20:00 horas, los inconformes con el fallo de los magistrados endurecieron sus consignas y comenzaron a agredir a los granaderos que resguardaban el edificio.

Al grito de “¡Fraude!”, empujaron a los uniformados y lanzaron todo tipo de proyectiles, como botellas, palos y piedras. Los granaderos se replegaron mientras los anti-Peña trataban de ingresar a la sesión.

El personal de seguridad fue reforzado con decenas de uniformados que entraron a la sede del tribunal y bloquearon los accesos. 

Pero los manifestantes les exigían que regresaran a la calle para impedir que se consumara el “fraude electoral”.

‘NADIE GANARÁ EN LA MESA’
El presidente del Tribunal Electoral, José Alejandro Luna Ramos, declaró desde el 2 de julio pasado que no se cambiaría la decisión de la ciudadanía
Por Adriana Amezcua

Por unanimidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recurso de invalidez de la elección presidencial presentado por la coalición Movimiento Progresista y Andrés Manuel López Obrador. Los agravios expuestos por las izquierdas son infundados, concluyó el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos.

La coalición conformada por los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano había solicitado la anulación de los comicios del 1 de julio argumentando que la coalición PRI y PVEM adquirió indebidamente tiempos en noticieros en radio y televisión; que utilizó encuestas como propaganda a favor de su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto; que recibió financiamiento ilegal por parte de varias empresas; que hizo una presunta compra de votos con tarjetas departamentales y monederos electrónicos; que se rebasaron los topes de campaña; que hubo una intervención ilegal de los gobiernos federal y locales a favor del priista.

Los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomara fueron los responsables de elaborar el proyecto de sentencia que este jueves desestimó invalidar la elección.

Para sustentar este proyecto la comisión calificadora de la elección presidencial dictó más de 40 acuerdos, donde se adoptaron más de 100 determinaciones relacionadas al juicio de inconformidad.

Presentamos la crónica de los sucesos que conformaron el juicio de impugnación de la elección presidencial de las izquierdas, mismo que el día de ayer fue desechado por el Supremo Tribunal Electoral.

Se prevé que la mañana de este viernes los magistrados de la Sala Superior sesionen para emitir su fallo en torno a la validez de la elección presidencial. Luego de eso, Enrique Peña Nieto acudiría a las instalaciones del TEPJF a recibir su constancia de presidente electo y, por la tarde, el priista daría a conocer su gabinete de transición.

El mensaje del TEPJF

“Nadie ganará en la mesa lo que no ha ganado en las urnas. Una vez que la ciudadanía ha tomado su decisión sufragando, nosotros la protegeremos”. 

Las palabras del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corrieron como pólvora. Las elecciones del 1 de julio acababan de celebrarse cuando, un día después, José Alejandro Luna Ramos aseguró que “el Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”. 

El magistrado aseguró ese lunes que al calificar las elecciones, el órgano que preside actuaría apegado a la razón y con la Constitución en la mano para garantizar el Estado de derecho.

Apenas unas horas antes de su declaración se había anunciado que, con base en los resultados del conteo rápido del IFE, el virtual ganador de la contienda presidencial era el priista Enrique Peña Nieto.

Presto, Felipe Calderón Hinojosa saludó el retorno del PRI al poder. La candidata perdedora de su partido, Josefina Vázquez Mota, aceptó sin cortapisas el triunfo del mexiquense. El segundo en las preferencias de voto, Andrés Manuel López Obrador, fue el único que hizo un llamado a esperar el resultado oficial del proceso electoral.

No obstante, el 2 de julio, Luna Ramos consideró conveniente pronunciarse en torno a los comicios recién celebrados.

Con un sutil juego de palabras afirmó: “nosotros como tribunal tenemos la obligación de cuidar este derecho, ninguna institución puede decir quién ganó la elección, son los ciudadanos los que lo deciden”.

Lo hizo cuando aún no habían sido presentados los recursos de impugnación de los candidatos y los partidos políticos que, conforme a los tiempos legales, cuentan con el derecho a presentar juicios de inconformidad si consideran que la elección no estuvo apegada a la legalidad.

Aunque “son los ciudadanos los que lo deciden” ese lunes el magistrado Luna Ramos hizo un recordatorio: que al resolver las impugnaciones, las sentencias que emite el máximo órgano jurisdiccional del país tienen carácter de inapelables. 

Izquierdas impugnan elección 

El 3 de julio López Obrador y la coalición de las izquierdas confirmaron impugnarían las elecciones.

En su primer conferencia pública luego de la jornada electoral, informó que la coalición de las izquierdas solicitaría la revisión de actas y los conteos de boletas electorales al darse a conocer los cómputos distritales.

El candidato presidencial del Movimiento Progresista indicó que la elección federal, en lo general, había sido inequitativa y estaba “plagada de irregularidades”.

Dirigió sus lanzas contra el abanderado tricolor, acusándolo de haber usado “dinero a raudales, miles de millones de pesos de procedencia ilícita” que con mucho habían rebasado los topes de campaña permitidos por la ley.

Once días antes, los coordinadores parlamentarios del PRD -Carlos Navarrete y Agustín Guerrero- y el dirigente de ese partido -Jesús Zambrano- acudieron a presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La misma se gestó tras hacerse público que, a través del Banco Monex, se había realizado una presunta operación financiera vinculada a la cuenta bancaria de la empresa Frontera Television Networks, propiedad de José Luis Ponce de Aquino.

El senador Navarrete aseguró que por medio del Grupo Financiero Monex, el PRI había operado la elección del 1 de julio. Luego se especificaría que las tarjetas Monex habrían servido para pagar a representantes generales y promotores del voto tricolor.

A la PGR pidieron abrir una averiguación previa para que, en paralelo con la Comisión Bancaria y de Valores, citara a los responsables de Monex para explicar de dónde provenían los fondos que, antes del día de la elección, detectaron se estaban distribuyendo mediante dichos monederos electrónicos. Solicitaron, además, investigar los “montos, conductos y orígenes” de los presunto recursos ilícitos.

La justa presidencial fue calificada como una “vergüenza nacional” por AMLO.

Tras encontrar errores en más de 113 mil mesas directivas de casilla, el Movimiento Progresista solicitó al IFE el conteo voto por voto. Los detractores de la causa lopezobradorista se hicieron escuchar urbi et orbi. Adujeron que los fantasmas de la lucha postelectoral promovida por el tabasqueño en 2006 venían de regreso.

Las izquierdas justificaron la solicitud al IFE de realizar un nuevo escrutinio, con base en el artículo 295 del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales (Cofipe).

Casos Soriana y Monex

Los días subsecuentes, más irregularidades salieron a flote. 

El 6 de julio, el equipo de AMLO presentó 3 mil 500 tarjetas de la tienda Soriana que se sumaron a otras 3 mil entregadas a las autoridades. Se dijo que con esas tarjetas se coaccionó el voto de la población y que se contaba con testimonios para sostener tal argumento. 

El candidato perredista señaló a los gobernadores como los principales artífices de conducir la operación para inclinar la balanza a favor de Peña Nieto.

Casi dos semanas después, el señalamiento en torno a una supuesta triangulación millonaria para financiar la campaña presidencial priista cobró auge.

“Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, lo que comúnmente se llama lavado de dinero”, afirmó López Obrador. 

Y como pruebas para ser investigadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se dieron a conocer los nombres de diversas empresas y de una persona física que, al parecer, “transfirieron y/o depositaron durante los meses de la campaña electoral de 2012 recursos millonarios en Monex”.

Las empresas aludidas fueron Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan. El ciudadano en cuestión fue identificado como Rodrigo Fernández Noriega.

Se destacó que lo recursos transferidos y depositados a Monex por dichos actores formaron parte de otras operaciones establecidas entre Monex y otro grupo de empresas: Grupo Comercial Inizzio, SA de CV e Importadora y Comercializadora, Efra, SA de CV.

De acuerdo con la información provista, Monex facturaba a dichas empresas la entrega de diversas tarjetas de prepago y de otra índole.

En los totales de las presuntas facturas de estas empresas que se dieron a conocer a la opinión pública destacaba uno del Grupo Inizzio. Éste habría comprado 9 mil 924 tarjetas que, a su vez, habrían sido cargadas con “saldos prepago” de poco más de 46 millones de pesos.

En el caso de la Importadora y Comercializadora Efra se mencionó habrían sido adquiridas 750 tarjetas, cargadas con más de 60 millones de pesos.

El total de los cargos que habrían sido facturados a estas empresas ascendería a más de 108 millones de pesos y se habrían realizado en los meses de la campaña electoral: en abril, mayo y junio.

Se informó que las comisiones que Monex habría cobrado a Inizzio y Efra, del 16 de abril al 22 de junio, rondarían el millón de pesos. Y también que Atama, Koleos, Tiguan y Rodrigo Fernández Noriega habrían realizado depósitos mediante transferencias electrónicas, operaciones manuales y depósitos salvo buen cobro por cerca de 30 millones de pesos.

Estas empresas habrían concretado así una triangulación millonaria en la campaña de Peña Nieto misma que, según el diputado petista Jaime Cárdenas, rebasó los topes de campaña por más de cuatro mil 500 millones de pesos.

Los representantes del Movimiento Progresista fundamentaron sus sospechas sobre el posible lavado dinero dado que “las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar la procedencia de los recursos y debido a que los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatro violaciones a la ley electoral federal”.

Para avalar su hipótesis refirieron que los domicilios fiscales de las empresas involucradas con la triangulación de recursos eran falsos. Y que Comercializadora Atama, en sus ejercicios fiscales de 2007 a 2010, “declaró utilidades por un total de más de mil 081 millones de pesos, con deducciones por mil 081 millones de pesos” siendo que los principales accionistas de esta empresa eran un obrero y un empleado: Juan Óscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales, respectivamente.

Los Fraga: Nexo EPN-EFRA 

El caso Monex dio un salto cualitativo cuando Noticias MVS primera emisión, confirmó que “Operadora y Comercializadora Efra, SA de CV -una de las empresas para las que banca Monex emitió facturas por 91 millones de pesos para compra de miles de tarjetas SI VALE- es una fachada detrás de la cual una familia priista de viejo cuño y de apellido Fraga, movilizó al menos 90 millones de pesos para pagar  a la estructura priista a nivel nacional durante la campaña de Enrique Peña Nieto utilizando miles de tarjetas emitidas por banca Monex, conocidas como ‘Recompensas Sí Vale’ ”.

El noticiero radiofónico conducido por la periodista Carmen Aristegui reveló el 19 de julio que el domicilio de la importadora de vinos Efra era el mismo que hace décadas encabezaba Gabino Fraga Mouret, a través su Grupo de Abogacía Profesional (GAP).

Ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología con Miguel de la Madrid, ex director jurídico de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo, Fraga Mouret dejó la administración pública por un escándalo de corrupción. Pero su hijo, Gabino Fraga Peña, que también forma parte del despacho GAP, fungió como coordinador rerritorial de los Compromisos de Campaña del candidato Enrique Peña Nieto.

Esta información la confirmó realizando varias llamadas telefónicas a las oficinas de GAP, los periodistas Daniel Lizárraga y Olga Carranco de Noticias MVS confirmaron el vínculo de la empresa con los Fraga, y la participación desde hace años de Fraga Peña en las actividades de la Fundación Colosio del PRI.

Con las informaciones reveladas el equipo periodístico de Aristegui sostuvo que era “factible la conexión entre los llamados Casos Monex 2 (uso de tarjetas Monex por operadores del PRI durante la campaña) y 3 (facturas de compras millonarias de tarjetas Monex adquiridas por las empresas Efra e Inizzio)”.

En el contexto de esta información, el PAN unió su voz a la de las izquierdas. 

En una aparición pública sui generis los presidentes del PRD y el PAN, Jesús Zambrano y Gustavo Madero, unieron voces para insistir en la conveniencia de que la Unidad de Fiscalización proporcionara la información sobre el dinero ilícito utilizado en la campaña tricolor.

Rebase de tope de campaña; PAN y PRD unen voces

Para el 26 julio, tres meses habían pasado desde que las izquierdas presentaron la primera queja por violación al tope de gastos de campaña de Peña Nieto. 

El abogado Camerino Márquez Madrid, representante del Movimiento Progresista, dijo a Reporte Indigo que no entendía por qué la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE no tenía aún un avance cualitativo respecto al origen de los recursos empleados en la campaña del mexiquense.

Demanda al órgano jurisdiccional que el juicio de inconformidad 359/2012 presentara “todas las pruebas y todo lo que pueda derivar de las diferentes líneas de investigación que en 90 días, y en los recientes días, la Unidad de Fiscalización ha llevado a cabo”.

Las izquierdas cuantificaron en cerca de 4 mil 500 millones de pesos el rebase del tope de gastos de campaña de Peña Nieto.

Al día siguiente, el IFE contestó que el veredicto en torno a la fiscalización podría conocerse hasta enero próximo.

Leonardo Valdés Zurita se limitó a puntualizar que el IFE que preside concluiría “con profesionalismo, exhaustividad e imparcialidad, la revisión de las erogaciones de la pasada campaña presidencial”.

El revés a la impugnación 

Hacia fines de julio, los rumores en torno al revés que tendría el juicio de inconformidad promovido por las izquierdas comenzaron a concretarse en hechos.

Los seis primeros medios de impugnación fueron desechados. 

Por falta de legitimidad, la Sala Superior desechó cuatro impugnaciones ciudadanas que solicitaban invalidar la justa presidencial. Por falta de formalidad otros dos juicios de inconformidad del PRD contra dos cómputos distritales de la elección presidencial se desestimaron. Los magistrados sustentaron por unanimidad la falta de procedencia por razones procesales.

A inicios de agosto, el Tribunal negó poder ordenar celeridad en la fiscalización que realizaba el IFE. Así, rechazó la solicitud de “excitativa de justicia” presentada por el Movimiento Progresista. 

El jueves 16 el IFE resolvió por mayoría de votos que la queja promovida por el PRD contra Peña Nieto, el PRI, el gobierno del Estado de México y Televisa, entre otros, por promover la imagen del priista no estaba acreditada.

Para el 24 el Tribunal informó que sólo decidió anular el 0.37% de las casillas instaladas de la elección presidencial.

Por unanimidad los magistrados invalidaron únicamente 524 de las más de 143 mil casillas, considerando no se comprobó causal alguna de nulidad.

Con tal decisión, el magistrado Esteban Penagos adelantó que las resoluciones de ese viernes servían para depurar la votación y seguir avanzando en la calificación de la elección.

De las 349 inconformidades presentadas contra los cómputos distritales, 78 fueron desechadas. De las 271 restantes se derivó la anulación de 524 casillas y cambios “moderados”. En total fueron recibidas por el Tribunal Electoral 378 impugnaciones a las elecciones presidenciales. 27 recurso habían sido resueltos y uno había quedado sobreseído.

Al resolver los nuevos 349 recursos pendientes, sólo quedo pendiente el juicio de inconformidad del Movimiento Progresista para invalidar el proceso electoral.

Para el 28 de agosto la Sala Superior desestimó las firmas presentadas por más de 200 mil ciudadanos en apoyo a la solicitud de invalidez de las izquierdas.

Esto tuvo lugar luego de que se dio a conocer que el Scotiabank pidió al Banco de México cambiar el nombre del beneficiario de una transferencia electrónica de $50 millones hecha por el Gobierno de Edomex. Una denuncia presentada por el ex coordinador de AMLO. Ricardo Monreal acusó que ese dinero fue a parar a la campaña de Peña Nieto. 

El miércoles 29 de agosto, Alfredo Figueroa Fernández, expuso en el diario Reforma el artículo “Siete afirmaciones insostenibles y un Secretario Ejecutivo”. Con su demoledor artículo el consejero general cuestionó la investigación del IFE sobre la propaganda encubierta de Peña Nieto. “No pienso que los argumentos que nos plantea permitan concluir que se trató de un trabajo exhaustivo”, dijo sobre la a la calidad de la investigación a cargo de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del IFE.

JÓVENES RECHAZAN ACEPTAR EL FALLO 
Grupos inconformes, en su mayoría jóvenes, se reunieron afuera del tribunal electoral para expresar su inconformidad contra la decisión de los magistrados 
Por Paulina Villegas

El día llegó. Mientras los siete magistrados encargados de emitir la calificación final de la elección presidencial sesionaban dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cientos de manifestantes afuera gritaban “Fuera Peña!”.

Mujeres, niños y una gran cantidad de jóvenes, estudiantes del Politécnico, algunos del movimiento YoSoy132, integrantes del SME, de la Convención Nacional Contra la Imposición y de la Brigada Uno, gritaban con rabia, una vez más, contra de lo que consideran un proceso electoral plagado de irregularidades, y por tanto ilegítimo.

Eran en su mayoría integrantes de grupos inconformes contra lo que consideran “la imposición” del virtual presidente, Enrique Peña Nieto. Las consignas, muchas de ellas altisonantes, insultaban al PRI, a EPN, y al Tribunal Electoral “por no hacer su trabajo”.

“Queremos progreso, no un retroceso!”, gritaba Juila Clug, madre de 59 años vestida con túnica negra, emulando a un magistrado y con billetes falsos pegados al cuerpo. “Los magistrados se vendieron para hacer pasar como ganador a Enrique Peña Nieto cuando legalmente no lo fue”.

Llamaba “infelices” a los magistrados pero desconocía sus nombres. Como ella, la mayoría desconocía de los manifestantes desconocía los perfiles de quienes decidirían el destino electoral de nuestro país.

“¡La lucha sigue!”, coreaba un grupo cerca.

González Rico, estudiante del Politécnico, aseguró que no quiere a un  gobierno “que solo nos roba y nos da atole con el dedo y eso ya no es justo, México ya esta más preparado para poder exigir más, ya no estamos en los años 60.” 

“Desconozco quienes sean los magistrados, porque con mierda yo no me meto”, sentenció el joven.

A las seis de la tarde de ayer, Adeloida Vázquez de Nezahualcoyotl ya pronosticaba la decisión del tribunal.

“Seguramente van a dar el veredicto seguramente a favor de EPN, porque no toman en cuenta la voluntad de la ciudadanía”, aseveró la mujer de 60 años, quien además calificó de “corruptos” a los magistrados pero admitió desconocer quienes son o cómo se llaman.

“Yo solo sé que es un grupo que estamos en sus manos, pero no se quienes son”.

Un grupo de unos 50 integrantes del Frente Nacional en Contra de la Imposición, “Acampada Trife”, quienes están instalados afuera del tribunal desde el pasado dos de julio, se unieron a los protestantes anoche.

Raymundo Zamora, uno de los líderes de la acampada, agentes judiciales del Estado de México corretearon a uno de los manifestantes la noche del martes, después de una protesta, “Luz por la Democracia”.

Esa misma noche, las autoridades cercaron los alrededores del tribunal, incluyendo la puerta de acceso frente a la cual se encontraba el campamento,  lo cual impedía la salida o entrada de personas.