Vacunación entre la seguridad y los derechos
La cuarta ola de COVID-19, así como el surgimiento de la variante Ómicron, provocó que muchos países implementaran medidas de seguridad más estrictas para sus habitantes, como el uso de certificados de vacunación para poder ingresar a la mayoría de los espacios públicos, poniendo en riesgo los derechos de algunos sectores de la población
Ernesto SantillánEl Comité Internacional de Bioética así como la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) de la UNESCO, hicieron un llamado a los gobiernos del mundo para que atiendan las problemáticas que han derivado del uso y exigencia de los certificados y pasaportes de vacunación.
De acuerdo con La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es crucial que dichos documentos no se diseñen, implementen y utilicen como un privilegio para aquellos que tienen acceso a vacunas, pruebas y tecnologías digitales. Tampoco deben infringir la libertad de elección.
“Se ha comprobado que la pandemia ha golpeado con más fuerza a quienes se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad, grupos desfavorecidos y marginados, por lo que su solución no debería relegarlos”, argumentan en su declaración.
En este mismo sentido, ambas organizaciones piden que la introducción de los certificados COVID-19 no conduzca a limitaciones injustas para viajar para aquellos que no tuvieron acceso a las vacunas o que recibieron una que no es aceptada en los países a los que desean viajar.
“Deben tomarse medidas para evitar que los certificados basados en la vacunación reduzcan la libertad de movimiento de las personas dentro y fuera de los países de ingresos bajos y medios debido a la desigual disponibilidad de las vacunas, lo que podría tener graves consecuencias para su desarrollo ya que, de lo contrario, sólo se tiene en cuenta la movilidad de los privilegiados, y no a nivel internacional”, dijo Gabriela Ramos, Subdirectora General de la UNESCO para las Ciencias Sociales y Humanas en noviembre pasado.
Pos su parte, la doctora María del Sol Alamilla, dice en entrevista que coincide con la postura de ambas organizaciones, sin embargo asegura que es importante diferenciar entre quienes no tienen acceso a la vacuna por motivos sociales, políticos o económicos, de aquellos que por ideologías personales no han decidido aplicársela, sino que han iniciado campañas de desinformación en contra de esta herramienta que se ha desarrollado para combatir al COVID-19.
“Desde mi punto de vista actualmente existen tres grupos: los antivacunas que van en contra de cualquier tipo de inoculación, los que por falta de información o noticias falsas no sienten confianza y por eso la rechazan y quienes no tienen acceso a ella aunque quisieran”, explica.