La diputada del grupo parlamentario de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, impulsa reformas a diversos artículos del Código Penal Federal para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación.
También plantea que se castigue con cárcel y multas económicas a quienes practiquen o hagan abortar a una mujer sin su consentimiento.
Señaló que, en la actualidad, los artículos 330 a 334 del Código Penal Federal criminalizan a las mujeres y personas gestantes que deciden ejercer su derecho al aborto y al personal de salud o cualquier persona que les auxilie, lo que resulta violatorio de los derechos humanos que les asisten, como la igualdad y no discriminación.
La iniciativa prevé sancionar penalmente a las mujeres que voluntariamente procuren su aborto pasadas las doce semanas de gestación.
“Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar después de las doce semanas de gestación”, se establece en la iniciativa.
La expriísta señaló que el aborto debe estar muy lejos de ser un problema penal y más bien atenderse como una problemática de salud pública que debe ser atendida y garantizada por el Estado.
“Hoy, la tipificación del aborto autoprocurado o consentido contraviene el principio de mínima intervención, porque las normas penales carecen de un beneficio concreto y, por el contrario, generan consecuencias desfavorables para el sistema de salud pública y en la vida e integridad de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
Manifestó que la criminalización de la interrupción del embarazo también vulnera el derecho a la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, ya que la imposición del mandato obligatorio de la maternidad atenta directa y frontalmente contra su derecho al disfrute de más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, conforme al cual se les reconoce el control absoluto de su salud y su cuerpo, lo que incluye su libertad sexual y reproductiva.
De igual manera, plantea castigar con tres a cinco años de prisión a quien hiciere abortar a una mujer, sea cual fuere el medio que emplee, y si mediara violencia física o moral se impondrán de seis a ocho años de cárcel.
“Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de tres a seis años en el ejercicio de su profesión”, se destaca en la reforma.
