Del paquete de 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados destacan las reformas a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana y desaparición de órganos autónomos, con el propósito de que los recursos que se ahorren por ese concepto se destinen al rubro de pensiones.
En materia de austeridad republicana y remuneraciones, el Ejecutivo Federal pone límites a las remuneraciones de los servidores públicos, así como de los ministros de la Corte, jueces y magistrados para que no sean mayores a las del presidente de la República y los ahorros que se generen sean destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En otra iniciativa plantea la extinción de órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La otra reforma busca derogar los regímenes de pensiones de 1997 con Ernesto Zedillo y 2007 con Felipe Calderón, que constituyen un atropello a la seguridad social de las y los trabajadores al negarles el pago de una pensión justa.
Ahora se plantea la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que se integrará con aportaciones del Gobierno Federal provenientes del 75% de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualesquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el Sistema de Administración Tributaria.
Adicionalmente, se prevé que dicho Fondo se complemente con aportaciones derivadas de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que se utilizaban para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso.
SUPRIME INE
En cuanto a la reforma político electoral, el Ejecutivo plantea suprimir al Instituto Nacional Electoral y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); eliminar 200 diputaciones plurinominales y 64 senadurías.
Asimismo, contemplan la reducción a la mitad del financiamiento a partidos políticos, respecto a sus gastos ordinarios y para el gasto en campañas en temporada electoral.
Prevén ajustar el acceso a partidos políticos a espacios en radio y televisión con fines electorales, a través de un nuevo modelo de comunicación política.
Contemplan unificar las autoridades electorales, eliminar los organismos públicos locales (Oples), así como los tribunales electorales de los estados.