La pugna entre la Asociación de Transporte Público de Pasajeros con el Gobierno del Estado por un aumento a la tarifa del transporte urbano podría tener como consecuencia una afectación en la movilidad de miles de ciudadanos en 11 municipios de Nuevo León.
Alrededor de 16 mil usuarios verían afectadas sus actividades cotidianas por la cancelación de las 14 rutas que son la vía para llegar al centro de trabajo o de estudios, pero la Asociación del Transporte Público de Pasajeros refiere que pudieran ser más. La productividad de Nuevo León también podría verse afectada.
No existe un plan oficial para solucionar el retiro de unidades. El director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Jorge Longoria, se ha limitado a decir que se retirarán las concesiones a los transportistas que amenazaron con suspender el servicio.
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Reporte Índigo solicitó a la Dirección de Comunicación Social de la AET información sobre qué unidades remplazarán a las que serán retiradas, pero al cierre de esta edición no tenían contemplado difundir el plan que implementarán.
Diputados del Congreso local ya han apresurado a la AET a que tenga la sensibilidad de difundir información, como un primer paso.
En este escenario, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, asegura que en la pugna entre transportistas y Gobierno, el más afectado siempre será el ciudadano.
“Definitivamente, siempre al final es el ciudadano el perjudicado en este tipo de decisiones”, lamenta el legislador albiazul.
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La AET podría entregar las concesiones de las 14 rutas a la recién creada Agrupación Consorciada de Sistema de Transporte S.A de C.V, conformada por 17 rutas de 14 empresas de transporte en Nuevo León.
Ésta podría convertirse en una contraparte de centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
Su presidente es Miguel Ángel Lozano Munguía, alcalde de Pesquería y también empresario de transporte, consentido del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Firme en suspender servicio
La Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León no cede. Defiende su postura de retirar el servicio en 14 rutas por la falta de respuesta del Gobierno del Estado para aumentar las tarifas y el precio del combustible.
En entrevista con Reporte Índigo, José Alberto Almaraz González, vocero de esta asociación, adelantó que la postura de no prestar el servicio es la misma y aplaudió que el Agencia Estatal del Transporte se encargue de resolver el problema que se avecina para los usuarios.
“La postura continúa debido a que estamos forzados económicamente. No podemos sostener esas rutas y nos impacta directamente en la economía de las empresas”, asegura.
Los municipios que se verán afectados son 11: Abasolo, Apodaca, El Carmen, García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria, San Pedro y San Nicolás.
“La situación como está desde el punto de vista económico nos obliga a renunciar a esas rutas, pero al menos aquí ya existe un plan. Habrá que hacer unos ajustes en otras rutas para que se pueda mantener el servicio”, señala Almaraz González
Sin servicio
Estas rutas dejarán de funcionar desde este viernes 1 de marzo
> Circuito Abasolo
> Circuito República Mexicana
> Circuito Salinas Victoria
> Ruta 10 Directo
> Ruta 47
> Ruta 65
> Ruta 92
> Ruta 105
> Ruta 129
> Ruta 310
> Ruta 326 (Churubusco)
> Ruta 326 (Peña Guerra)
> Ruta 408
> Ruta 505
Candado a concesionarios
Con una iniciativa, la bancada del PAN del Congreso local perfila robustecer la Ley de Transporte y Movilidad para establecer descuentos por trasbordos en el transporte urbano, que las concesiones se otorguen vía licitaciones públicas y que los prestadores del servicio puedan ser citados a comparecer.
Aplicar estos candados a los concesionarios en temas como la tarifa, la rendición de cuentas y la realización de licitaciones públicas podría beneficiar a los usuarios, según el líder Carlos de la Fuente.
“El transbordo a través de un convenio que sea con un descuento para el usuario. También se tiene un segundo tema, el de los permisionarios, que este Congreso los pueda llamar a comparecer y se pueda tener información de primera mano”, señaló
De la Fuente agrega que se intenta invitar a otras entidades federativas para evitar que las concesiones sean entregadas a allegados.
“Se busca que ya no sean concesiones de los amigos y compadres del gobernador, que se den las concesiones a través de licitaciones públicas, y que pueda participar cualquier mexicano que está en el país, para poder tener una mayor competencia”, explicó el legislador panista.
El grupo parlamentario del PAN buscará que las concesiones duren 10 años para que ya no haya permisos anuales.
