Usuarios de drogas, solos contra las adicciones
La administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender esta problemática con un enfoque de salud y no de seguridad pública, sin embargo, aún no cuenta con un sistema capaz de brindar ayuda integral a quienes consumen drogas, por lo que se les sigue criminalizando y discriminando
Rubén ZermeñoMéxico no atiende a los usuarios de drogas más problemáticos hasta que están a punto de ir a prisión. Antes de llegar a este momento, el único camino que tienen es la estigmatización, discriminación y criminalización.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Gobierno federal renunció a combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se comprometió a atender a quienes las padecen con seguimiento clínico para después ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica.
“La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas -masivos pero personalizados- de reinserción y desintoxicación” señala el PND, sin embargo la realidad es muy diferente.
El pasado 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó que la estrategia que han utilizado en contra del consumo de drogas ‘no pegó’, lo cual según especialistas, se debe a que las campañas estigmatizan a los consumidores y a las sustancias.
“La estigmatización nos parece muy preocupante porque de principio lo que hace es desinformar, hay que distinguir entre los usos de las drogas. No es lo mismo el consumo lúdico que el uso problemático o fumar mariguana que cristal (…)
La estigmatización de drogas y delincuentes es gravísima ya que no abona a la salud pública ni al paradigma de la seguridad, porque nos está dando un diagnóstico equivocado de quien delinque
La mañana del 2 de agosto del 2019 durante un diálogo llevado a cabo en el Hospital Rural de Metepec, Hidalgo, López Obrador dijo que su política en contra de las drogas está basada en la estigmatización.
“Lo que estamos haciendo es estigmatizando todo lo que tiene que ver con las drogas (…) Así como estamos estigmatizando, viendo mal, no dándole entrada a la corrupción, lo mismo en el caso de la drogadicción”.
Si las políticas públicas de prevención son fallidas también lo son las de atención y rehabilitación para usuarios problemáticos de drogas.
En el país no existe un sistema de salud público que otorgue los servicios necesarios a las personas que sufren de una adicción.
Los únicos centros disponibles con participación mixta, es decir pública y privada, son los anexos, lugares donde EQUIS Justicia para las Mujeres ha documentado violaciones a los derechos humanos e incluso violencia sexual.
Por lo tanto, como única alternativa están los Tribunales de Tratamientos de Adicciones o Cortes de Drogas, recurso legal que puede utilizar una persona que ya delinquió y que tiene un consumo problemático para suspender condicionalmente su proceso judicial y recibir un tratamiento.
“No deberías de llegar al sistema de justicia penal para poder tener acceso a un servicio de salud digno, a un servicio de salud multidisciplinario. Lo ideal sería acceder a estos servicios antes de delinquir.
“Cuando terminan los programas, las personas están agradecidas porque nunca nadie en el país les había brindado servicios de atención médica, psicológica, de nutrición, etcétera, pero estos servicios deberían de estar disponibles para todas las personas para que no tengan que topar con el sistema penal.
“Eso implicaría un sistema de salud más integral donde quitemos los estigmas que ha propiciado el Estado desde hace muchos años por la guerra contra el narcotráfico”, concluye la especialista Isabel Erreguerena.
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Entender el presente
La llegada del sistema penal acusatorio en 2008 trajo consigo salidas alternas a los procesos judiciales para quitarles presión de encima, una de estas vías es la suspensión condicional del proceso mediante los Tribunales de Tratamientos de Adicciones (TTA), los cuales operan en 6 entidades: Nuevo León, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Durango y Chiapas, pero pronto se podrían extender por toda la República.
En 2016 se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual introduce por primera vez el concepto de justicia terapéutica y establece la sustitución o suspensión temporal de la pena cuando el infractor participe en un programa de tratamiento de adicciones.
Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece algunas de las reglas del juego para la suspensión condicional del proceso.
En el país no existe un sistema de salud público que otorgue los servicios y tratamientos necesarios a las personas que sufren de una adicción
Entre ellas se encuentran residir en un lugar determinado, dejar de frecuentar ciertos lugares, abstenerse de consumir drogas, participar en programas de tratamientos de adicciones, aprender un oficio, prestar servicio social, someterse a la vigilancia de un juez y no conducir vehículos, entre otros.
La historia de las cortes de drogas en el país se remonta al 2009, cuando en el estado de Nuevo León comenzó el Programa de Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA), el cual en el 2013 el Gobierno federal decidió implementar a nivel nacional.
Aunque ha avanzado a paso lento, se espera que pronto llegue a todas las entidades luego de que el Gobierno federal presentara el Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas en 2016 y que en abril del año pasado la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) anunciara la capacitación sobre el Programa de Justicia Terapéutica a jueces de Ejecución.
Una acción que ha sido duramente criticada por especialistas, quienes señalan su poca efectividad, pues el infractor nunca pierde el contacto con el sistema penal y ante la menor falla puede caer en prisión.
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Modelo fallido de combate a las drogas y adicciones
La mayoría de las personas que han entrado al reducido grupo de usuarios de tribunales de drogas lo han hecho luego de ser sometidos a proceso por posesión simple de droga -acción que bastaría con despenalizarla para no considerarla un delito- y son consumidores de cannabis, una sustancia que científicamente se ha comprobado que no ocasiona adicción física.
“En el caso de la posesión simple que es lo más común que vamos a encontrar en las cortes de drogas, es muy difícil y poco probable que una persona adquiera una dependencia física por la cannabis.
Es muy sencillo que una persona deje de consumir por 6 meses mariguana, lo que comúnmente duran estos tribunales, por eso los eligen, porque es muy fácil que se conviertan en casos exitosos
A pesar de esto la tasa de éxito de los programas es bastante baja, el problema es la falsa relación causal que hacen entre droga y delito, además de que es muy problemático que un juzgador decida sobre cuestiones de salud, porque ellos únicamente son especialistas en derecho, agrega la jurista.
Tanto la poca efectividad de los TTA como los tipos de delitos que atienden están documentados en el informe Tribunales de Tratamientos de Drogas en las Américas, elaborado por el Programa Drogas, Seguridad y Democracia del Social Science Research Council (SSRC).
Según el documento y de acuerdo con información del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al 15 de febrero del 2018 solamente se habían graduado del programa de Tratamiento de Adicciones 113 personas en los últimos 7 años.
En el Estado de México, el 100 por ciento de los atendidos en Tribunales de Tratamiento de Adicciones fueron por posesión simple, en Chihuahua el 73 por ciento y en Morelos el 31 por ciento.
Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, encabezó un trabajo de campo en el que acudieron a las audiencias de los TTA para conocer los casos, las fallas en el programa y las áreas de oportunidad.
“No hemos podido hacer una evaluación porque es muy pequeño el número de personas que pasan por este programa, lo que sí puedo asegurar es que estamos tropicalizando e importando un modelo que viene de Estados Unidos que se crítica mucho y se le ve como sumamente problemático.
Los Tribunales de Tratamientos de Adicciones en el país son una herramienta para tratar el problema de las drogas que se importó de Estados Unidos, sin embargo han resultado ser muy poco efectivos
“Aquí en México se ha hecho la adaptación, pero aún así es un modelo muy rígido y son muchas las restricciones que tiene que cumplir una persona para poder ingresar, mismas que discriminan porque te piden que sea la primera vez que tienes contacto con el sistema de justicia, tienes que contar con un domicilio fijo y con un empleo. Si realmente tienes un problema de adicción, pocas personas son las que podrían tener un trabajo fijo”, argumenta la especialista.
Otro de los requisitos para poder acceder al tribunal es contar con una red de apoyo, es decir, una persona que se haga responsable del infractor.
En ese punto se discrimina y se pone en desventaja a las mujeres, pues muchas de las que buscan acceder a dicha opción son trabajadoras sexuales que por su historia personal se han alejado de sus familias.
En Nuevo León, narra Pecova, 1 de cada 10 hombres son rechazados por no contar con una red de apoyo, mientras que a 2 de cada 3 mujeres se les niega la opción a la rehabilitación por esa misma condición.
La especialista además señala que en la entidad del noreste del país, el 68 por ciento de las personas que pasan por cortes de drogas son por casos de violencia doméstica y muchas veces el familiar violentado se convierte en la red de apoyo del infractor.
Para poder acceder a un TTA la persona debe acreditar que cuenta con un domicilio fijo, con un empleo y con una red de apoyo, requisitos con los que difícilmente un adicto puede cumplir
“Es una situación sumamente perversa porque la mujer que está siendo víctima de esta persona es la que debe de responsabilizarse del cumplimiento del programa de su agresor. El programa es muy demandante, por eso te piden la red de apoyo, tienes que cumplir con todos los requisitos.
“Diario debes de reportarte con una firma, ir a audiencias, ir con un nutriólogo, ir a terapia, a reuniones de grupo. Cada semana te hacen inspecciones en la casa en las que tienes a policías que entran al hogar y revisan tu basura. Si encuentran una lata de cerveza vas para la cárcel, si has tomado una medicina y no fue aprobada por el juez vas a prisión”, dice la especialista.
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Una mirada internacional
Cleia Noia, directora asociada del Programa de Drogas, Seguridad y Democracia del SSRC, señala que es complicado medir la efectividad del programa en México por la falta de datos, pero de acuerdo a su experiencia en Estados Unidos, los tribunales de tratamiento de droga “constituyen una intervención costosa y engorrosa que tiene un impacto limitado”.
Fuera de México los tribunales enfocados en tratar los casos de las personas que consumen drogas tampoco han aportado mucha ayuda para atender el problema de las adiciones
El informe Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas concluye que estas cortes no son una solución, pero podrían implementarse medidas para minimizar los impactos negativos como garantizar los derechos fundamentales de quienes se tratan, monitorearlas y evaluarlos constantemente.
Incluso, Noia alerta sobre los jueces que presiden los tribunales de drogas y toman decisiones que deberían de ser competencia de profesionales de la salud.
Estos jueces tienen a su disposición opciones limitadas o contraproducentes que pueden amenazar la salud y la vida de los participantes, así como exponer información confidencial sobre su salud y consumo de drogas
Además comenta que cualquier intento serio de ofrecer una alternativa efectiva al encarcelamiento debe empezar por eliminar la criminalización del consumo de drogas y de la posesión de estas sustancias para uso personal.
“Al eliminar el temor al arresto, se facilitará el acceso al tratamiento voluntario. Hasta que esto ocurra, los gobiernos deben tomar medidas para asegurar que las adicciones sean tratadas como un tema de salud pública y no como un asunto penal”, concluye la especialista.