El Gobierno de Guadalajara autorizó un nuevo desarrollo inmobiliario en el poniente de la ciudad a pesar de que contraviene sus propios instrumentos de planeación vigentes, una práctica que caracterizó a las administraciones pasadas del PAN y el PRI, la cual ahora persiste con el MC.
El proyecto había sido rechazado originalmente por el propio Gobierno municipal, a través de su Dirección de Ordenamiento del Territorio, precisamente porque no resultaba compatible con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano 06 Providencia Norte, del Distrito Urbano 2 Minerva, que está vigente y tiene carácter de ley.
Esa dirección emitió el 19 de diciembre de 2018 el dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específico 039/D2/E-2018/7162 en el que se le negaba el uso de suelo al proyecto, en particular porque el Plan Parcial prohíbe la edificación de vivienda vertical en el predio donde la pretende el desarrollo. Ante el rechazo los inversionistas presentaron el recurso de revisión CDRRMDU/119/2018 en contra del dictamen.
Esa misma dirección argumentó durante el desahogo del recurso que dicho dictamen “fue emitido conforme al marco normativo vigente, es decir, de acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano 06 Providencia Norte (…) al ser el instrumento de planeación vigente y de observancia obligatoria para esta Dirección conforme a lo establecido en el art. 127 del Código Urbano”.
“Lo procedente es declarar la nulidad del acto recurrido al encontrarse indebidamente fundado y motivado”, se lee en la resolución del recurso.
Letra muerta
La argumentación que utilizó el Comité Dictaminador que preside el alcalde, Ismael del Toro, para autorizar ese complejo inmobiliario que viola el Plan Parcial Providencia Norte, es que esta norma no ha sido actualizada por el municipio desde 2004, y que presenta incongruencias con respecto a otros instrumentos.
“Resulta evidente que (el Plan Parcial) se encuentra desfasado de la realidad urbana actual (…) es un instrumento de planeación urbana con más de 14 años de antigüedad, por lo que resulta incongruente en comparativa con las políticas públicas de planeación urbana y ordenamiento territorial emanadas de la Federación, la Entidad Federativa y del propio Municipio”, señaló el comité.
Sin embargo, esta resolución pasa por alto distintos artículos del Código Urbano de Jalisco que obligan a las autoridades a acatar sus planes parciales vigentes, pues lo contrario amerita sanciones inclusive penales, como el 127.
Mientras que el 131 refuerza la prohibición para los Ayuntamientos de violar sus planes parciales. La fracción I dice: “a partir de la fecha de publicación y vigencia de un programa o plan de desarrollo urbano, las autoridades municipales o estatales sólo deberán expedir los dictámenes y certificaciones de uso del suelo y las autorizaciones, licencias o permisos de obras de urbanización y edificación, si las solicitudes están de acuerdo con el mismo”.
Y la fracción III complementa: “los dictámenes, certificaciones, autorizaciones, licencias o permisos que se expidan contraviniendo esta disposición, serán nulos de pleno derecho, independientemente de las responsabilidades y sanciones administrativas que les resulten a los servidores públicos que las expidan”.
Pese a ello, la resolución del comité favorable al complejo que se ubicará en Avenida Américas 1619, esquina con avenida Providencia en un predio de 5 mil 778 m2, fue validada por el Ayuntamiento en su sesión del 12 de abril pasado, con la anuencia del MC, PRI y PAN, y la negativa de Morena.
Constructor polémico
El desarrollador detrás del complejo inmobiliario autorizado por el alcalde del MC es Ricardo Covarrubias Valenzuela, quien ha edificado otros centros comerciales en la metrópoli tapatía que suscitaron en su momento movimientos sociales en su contra, ya sea por daños ambientales o incumplimientos normativos.
“La decisión irresponsable de los servidores públicos involucrados, integrantes del Cabildo de Guadalajara en la administración de César Coll Carabias fue favorecer los intereses de los promotores, por lo que actuaron con parcialidad”.
También edificó la plaza Ciudadela en Zapopan que despertó un intenso conflicto social en 2007.
En aquel año los vecinos de la colonia Jardines del Sol, donde se erigió el inmueble, se movilizaron contra el desarrollo debido a que tenían indicios de que su predio alojaba residuos tóxicos, ya que en él había operado por años una fábrica de semiconductores de Motorola.